Lo que estuvimos preanunciando y poniendo en debate durante varios años ha explotado y va a ser uno de los temas cruciales para atender tanto por el gobierno nacional como por el provincial. Se trata de los elefeantiásicos tamaños de los Estados, su carga pesada sobre los recursos públicos y su gran gasto improductivo.
Vamos a poner foco en nuestro Estado mendocino con el que nos relacionamos diariamente en forma directa e indirecta.
El que tenemos hoy no tiene respuesta eficiente, porque por varios motivos le es imposible.
Su inmenso tamaño, su déficit corriente, sus deudas, las carencias de instrumentos tecnológicos tanto en hard como en software, la ausencia de procesos y la endeblez de equipamientos en salud, educación e infraestructura vuelven casi imposible sus funciones. Es un inmenso aparato cuasi paralizado y de muy difícil gestión.
Alfredo Cornejo y su equipo, con voluntad, inteligencia, decisiones justas y necesarias son depositarios de la impostergable y difícil tarea de recrear un Estado que contenga un gasto público posible y brinde servicios útiles satisfactorios.
El primer gran obstáculo que ya ha encontrado y que debe resolver con éxito para comenzar el camino virtuoso, es el del numeroso plantel de empleados y su consecuente baja productividad en la prestación de sus tareas. El gasto en salarios y aportes representa alrededor del 60% del presupuesto.
El crecimiento desmedido de la planta de agentes estatales comenzó en el fin de la gestión de Julio Cobos con el pase a planta permanente de miles de empleados, incluyendo en la misma bolsa a quienes tenían justos y legítimos derechos con aquellos que eran fruto del clientelismo y el acomodo. Jaque y Pérez agravaron el problema, tanto en la inmensa cantidad de recursos humanos sin destino ni función específica por cumplir, como con los acuerdos paritarios acordados fundamentalmente por Pérez, Ciurca, Lafalla y sus funcionarios,con los dirigentes gremiales de Ate y Ampros, Blas, Macho y Del Pópolo.
Los correctos empleados públicos que existen, conviven con los clientelares, amigos, parientes y demás de los funcionarios y con cláusulas agregadas en los acuerdos paritarios de imposible cumplimiento con los recursos corrientes.
Los "aparentes" beneficios en salarios y condiciones especiales para sus labores obtenidos en las paritarias, se convirtieron en un boomerang para los mismos supuestos beneficiados. El no pago de salarios en tiempo, tanto por parte de la provincia como de varios municipios, como aquellos que carecen de tareas determinadas e incluso no tienen puesto de trabajo físico determinado ni tarea específica, completan un cuadro inentendible e imposible de soportar con sus impuestos por la mayoría de los ciudadanos. A esto debemos agregar la obra social OSEP prácticamente fundida, los cuatro últimos años de alta inflación alimentada por el inmenso gasto y el consiguiente déficit y la carencia de insumos, infraestructura y materiales para cumplir su tarea específica por parte de los agentes públicos.
La actitud combativa y confrontativa que vienen ejerciendo y promoviendo los dirigentes de Ate y Ampros, incluso defendiendo y reclamando por ñoquis y clientes, no es el mejor camino para defender los intereses de los trabajadores a quienes alegan representar. Muchos de ellos no acuerdan con la metodología habitual utilizada, ni con la discrecionalidad que no diferencia entre justos y entenados.
Las prácticas violentas y extremas en reclamos, aún en los justos, son rechazadas por la mayoría de una sociedad cansada de tanta confrontación.
El gobierno debe encarar la negociación paritaria con firmeza, inteligencia, espíritu de justicia y equidad para con los empleados que prestan servicios públicos de calidad e impositivamente soportables.
Los dirigentes gremiales deben modificar su conducta negociadora agresiva y tensa, sin que esto signifique ceder en sus legítimas aspiraciones. Su natural tarea es defender los derechos de sus representados con convicción, solidez y responsabilidad para con ellos y también para con todos los ciudadanos. Los excesos, las complicidades con los funcionarios, que en esta ocasión creemos y deseamos no ocurran, solo terminarían perjudicando a los mismos trabajadores, como sucede actualmente, y a la provincia entera.
Mendoza necesita un Estado útil , eficaz, que sea impositivamente sostenible por los ciudadanos, de tamaño lógico y con empleados en cantidad exacta, bien remunerados, capacitados, dignificados y con elementos y procesos laborales precisos y de alta tecnología.
Esto va a ser imposible de conseguir si no cambian las ideas, los conceptos y la actitud negociadora de funcionarios y de Blas, Macho y Del Pópolo fundamentalmente.
Si esto no sucede, la provincia continuará, lamentablemente, su camino ya iniciado hacia una patria chica feudal, con futuro limitado y con crisis varias recurrentes. Esta posibilidad futura está lejos de la provincia que soñó San Martín, entre otros, y que deseamos y merecemos los mendocinos.