Cuando el Gobierno decidió aceptar el juego propuesto por los gremios de trabajadores estatales liderados por Raquel Blas y Isabel Del Pópolo, se le advirtió desde diversos sectores, que se estaba metiendo en un gran problema.
Siguiendo una trama de "hermandad" inaugurada con anterioridad por el vicegobernador Carlos Ciurca al conceder graciosamente todos los deseos del sindicalismo sin evaluar sus consecuencias en las cuentas provinciales, se les creyó el reclamo de "50% de aumento" y se nos quiso hacer creer que concederles el 35% era un éxito en la negociación paritaria.
Ese porcentaje es el mayor que se haya otorgado en todo el país en una negociación de ese tipo: un gran triunfo de un grupo de dirigentes sindicales que creó una élite de trabajadores del Estado con sueldos desopilantes o una gran derrota de los negociadores que reportaban al gobernador Francisco Pérez y que jugaron con fondos de todos los mendocinos.
No hubo concesiones a lo harto declamado para la tribuna: que ese pedido venía con el del llamado a concurso para cubrir vacantes en el empleo público, etc., etc., etc. Todo sigue igual.
El paso siguiente fue llenar los huecos restantes de la Administración con gente propia: la que pasó por los filtros de los sindicatos y por los de los funcionarios. La Izquierda "rebelde" miró para el costado justo cuando abrían las ventanas para que más funcionarios, hijos, nueras, amantes y concubinas, algunos de ellos además militantes, entraran a la Casa de Gobierno y empezaran a echar rápidamente raíces.
MDZ dijo en esa oportunidad que se estaba comprometiendo la estabilidad financiera de la provincia, y la respuesta fue contundente: ni a la dirigencia del oficialismo, ni a las cúpulas gremiales ni a sus aliados de los partidos de izquierda supuestamente antisistema (pero que gozan de todos los privilegios del mismo) les importó la situación de Mendoza. Celebraron el descalabro. Pero lo peor no fue su festejo, sino el de quienes administran la provincia: bailaron sobre la cubierta del Titanic, pensando, probablemente, que la repartija de dinero que ni existe en sus arcas y que tienen que mendigar a tasas altísimas afuera, les garantizaría la continuidad en el poder.
No fue así.
La ciudadanía les pidió que se retiren de la gestión pública, al menos, por cuatro años.
Pero la tarea subsiguiente era la de tratar de sanear las cuentas. El futuro oficialismo, los opositores alineados con Alfredo Cornejo, reclamaron austeridad. Les respondieron con el fantasma del ajuste.
Pero resultó que ese cuco asusta mucho menos que los zombies que han quedado girando por los despachos oficiales.
Los críticos no somos profetas: simplemente apelamos al buen criterio y la responsabilidad y, por ello, superada la espuma electoral provincial, la sustancia que queda es pútrida: no hay plata, no hay partidas siquiera que permitan hacer rebotar de una columna a otra dinero virtual que algún pagadiós cubrirá; la única salida es pedir descubiertos a bancos amigos que después habrá que cubrir.
Pero junto con ello, tampoco hay dignidad.
Todos recibieron el aumento por igual. Lo recibió el empleado de menor categoría que se desloma tratando de que no lo insultemos tanto por ser tan "empleado público" como los que ostentan su condición de ñoquis impunemente, como el médico, farmacéutico, juez o político que cobra más de 100 mil pesos. Al trabajador le tocó una sidra y un pan dulce para Navidad.
El que cobraba 100 mil embolsó 35 mil más, para ejemplificar la injusticia del otorgamiento de un aumento al boleo como el que se dio.
¿Por qué señalar a los cargos de representación política? Porque todos tienen posibilidad de seguir en otra tarea, la que realizaban con anterioridad a ocupar un cargo y a la que probablemente deban volver, si no quedan enganchados en la planta.
La cuestión final es que quienes tienen mayor responsabilidad no tienen ninguna obligación de recibir un aumento. Menos, cuando forman parte del espacio político que cuestionó el funcionamiento del tándem Pérez/Ciurca/Blas/Del Pópolo. Pero lo aceptaron, mansamente. Y callados. Bastó que se diera a conocer que uno de los sectores de la corporación legislativa estaba celebrando un festival de cobro de viáticos para hacer política para que se rompiera el código de silencio y todo pareció estallar por los aires. No hubo solidaridad ni gesto.
De inmediato, algunos pusieron freno de mano bruscamente en el camino, dos meses después de haber empezado a cobrar el 35% más de dietas y la primera cuota del retroactivo. La maniobra dejó varios latigazos, heridos, asustados, desacomodados. No lo esperaban.
Unos anunciaron que donarían el aumento, pero desde agosto en adelante y sin resignar el retroactivo. Otros sintieron y hasta pretendieron dar a entender que eran víctima de una especie de golpe institucional. Todo porque prendimos desde la prensa la luz justo cuando se estaban repartiendo los pocos billetes que llegan a Mendoza a costa de altísimas tasas y compromisos a futuro que quién sabe cómo se afrontarán. En eso están ahora. Desencajados, desconcertados. Se muestran victimizados.
Pero la verdad es que a la hora de poner las cosas en negro sobre blanco hay que señalar que nadie pretende que alguna persona, sea funcionario de alto rango o no, pierda plata por prestarse a la siempre crucial tarea de conducir el Estado desde cualquiera de sus costados y poderes. Sólo se reclamó criterio. Solo se les pidió que lo pensaran bien, que fueran coherentes, que si hay crisis la hay para todos y que no pueden ser la excepción por el solo hecho de tener en sus manos la posibilidad de decidir sobre sus salarios.
Pudieron aumentar sus salarios de acuerdo con la inflación y dejar que los montos que los completaban hasta llegar al 35% quedaran en rentas generales, como un gesto de austeridad para sostener la debacle financiera. Decidieron no hacerlo.
A manotazos, ahora se celebra un concurso de donaciones. Lo mismo que dijo que iba a hacer el FIT, que se autodona lo que dicen que les "sobra" tras apartar para cada uno de las dietas el salario equiparable al de un trabajador metalúrgico. (De maestras ya no hablan).
"La plata llama a la plata" y no hay gestos a la altura de las circunstancias. Todos van a por el retroactivo, en los tres poderes del Estado. No hay delito, por cierto. Lo pueden hacer, si quieren. Pero déjennos decir todo lo que pensamos de esta falta de criterio sin acusarnos de ingenuidades o de "atentar contra los órganos de la República", porque muestran la hilacha.