Los organismos del Estado encargados de la seguridad pública muestran un alto grado de debilidad, tanto por la escasa capacitación como por la ausencia de conducción política, o la falta de planificación. Es cada vez más urgente entender el fenómeno en su complejidad, para avanzar en su resolución.
La pregunta que nos debemos contestar es precisamente lo contrario al título sugerido más arriba, esto es, si nos encontramos con un Estado fuerte y preparado para enfrentar, tratar, y disminuir los actuales problemas de inseguridad. Seguramente, la respuesta no será fácil si advertimos algunas cuestiones que son indispensables resolver previamente. Con las limitaciones lógicas en su extensión, el objeto de este artículo pasa por plantear (por lo menos) algunas de las particularidades que demuestran, a mi modesto entender, la debilidad del Estado en el tratamiento de la seguridad.
* En primer lugar, resalto una clara debilidad acerca del conocimiento sobre la temática de seguridad y a su vez, estrechamente ligado a ello, una clara falencia en la gestión gubernamental en general. En relación con lo primero, es oportuno manifestar que la profundización y discusión sobre los problemas de inseguridad no tienen en nuestro país más de veinte años, lo cual aclara acerca de la escasa capacitación y real comprensión del fenómeno. Así entonces, debatimos la cuestión cuando ocurre un hecho trágico que amerita el reclamo, fuerte e impredecible, y la respuesta, débil y esperable, tal como viene sucediendo en una cantidad considerable de casos.
En esta ausencia de conocimiento, mucho tiene que ver, por un lado, el eludir su tratamiento apelando a fórmulas fáciles, y por otro, la ausencia de verdadero conocimiento científico que pueda incorporar el ciudadano como herramienta de discusión y/o definición acerca del tema. Afortunadamente en los últimos años muchas de las universidades de nuestro país han desarrollado cursos y carreras diseñadas por especialistas que ayudarán a la formación del saber básico y, principalmente, a la formación de dirigentes capaces de intervenir en el desarrollo de políticas adecuadas. Igualmente, y quizás a modo de reproche, es escaso el conocimiento que el académico traslada, sea personalmente en una función o a través de su asesoramiento, a la función pública, privando a la ciudadanía del conocimiento serio que la investigación universitaria supone.
En cuanto al segundo cuestionamiento en relación con las falencias en la gestión, debo advertir que el dirigente político, en cualquier cargo, amén de desconocer teórica y muchas veces prácticamente el tratamiento de la seguridad, comete el error común e histórico de seguir los consejos del funcionario policial amigo o de turno; es consabido que para muchos el problema de la inseguridad se resuelve desde la órbita de mejoramiento de la policía, dándole preponderancia en la solución al sector que muchas veces es parte del problema. Limitar la cuestión de la inseguridad a un problema policial es de una ignorancia preocupante que nos debe alarmar cuando la observamos en el dirigente político que la esgrime a modo de escudo y escondiendo su propia responsabilidad en la cuestión.
Ello derivará seguramente en una gestión gubernamental donde se deje conducir autónomamente a la policía, que se redacten leyes en apariencia “duras” y de escasa trascendencia práctica, que no se estudien las causas que originan la criminalidad, que se entienda que es un problema separado de lo social, se busquen soluciones exclusivamente penales, y que no se produzcan planes a mediano y largo plazo. En síntesis, escaso conocimiento y gestión superflua llevan inevitablemente a un débil dirigente, quizá gobernante, que seguramente no dará respuesta estatal al tema de la seguridad. Si a su vez le agregamos el factor de conveniencia partidista, el miedo personal, el poco rédito político que brinda el cargo en el área, y la falta de una visión de diálogo permanente que desemboque en una política de Estado, es fácil sostener un pesimismo en avizorar un cambio en las políticas de seguridad.
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