La provincia se enfrenta a la posibilidad de nuevos desafíos en materia de seguridad. Esto es así no solo por el cambio de gobierno, situación que se produjo precisamente porque una de las fallas del anterior fue el abordaje del área, sino porque el Poder Ejecutivo nacional avanza con su "emergencia" para el área con darles nuevas atribuciones a las provincias que las quieran asumir, y todo indica que la gestión de Alfredo Cornejo quiere.
Sin embargo, se produjo a un mes de asumido el nuevo equipo una especie de boom de la inseguridad: asesinatos, baleados y hechos de violencia que conmueven. ¿Casualidad, consecuencia, coincidencia, azar? En una provincia que se desacostumbró a los diagnósticos científicos y atendió cada área de gestión en función de sensaciones, prejuicios, demandas, lo que ocurre en Seguridad merece varios puntos de abordaje.
Uno de ellos es descubrir si está funcionando el sistema policial o no, determinar claramente y de cara a la sociedad qué está pasando puertas adentro de las dependencias policiales, con su cadena de mando y las decisiones que se toman, no solo con los uniformados sino en las instancias administrativas, tecnológicas y subsidiarias de la política que han quedado enquistadas.
No se trata de tomar lista de adeptos o leales, sino de romper con un mecanismo de funcionamiento marcado por un pacto entre civiles políticos y civiles armados de no molestarse mutuamente, para poner en marcha la maquinaria profesional de prevención, investigación, represión e inteligencia frente al delito en todas sus dimensiones.
Una vez que el nuevo gobierno pueda "hacer pie" (en una tarea que no debería demandar toda la gestión y que merece apuro, responsabilidad, inteligencia y capacidad) deberán dar la cara los organismos del Estado que tienen que ver en forma directa con la situación de seguridad.
Aquí es donde entra a calar uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, que paradójicamente persiste en la antigua costumbre de tomarse 30 días de vacaciones en enero y otros 15 en julio, lo que no sería tan grave si no se insistiera en numerosos recesos, viajes de "capacitación" o camaradería, y diversos recreos que se registran a lo largo del resto del año. No están hoy para discutir nada, a días del cambio de gestión y en medio de una explosión de la inseguridad.
Cuando vuelvan, nos encontraremos, sin embargo, con una Corte de Justicia "balcanizada", en donde hay una disputa entre sus miembros y peleas por el control de nombramientos y toma de decisiones que es digna de un thriller al que los mendocinos no fuimos invitados como protagonistas, aunque ni siquiera quisiéramos ver como espectadores.
En la Corte, cada cual atiende su juego, que no es el del factor común de los mendocinos: que haya justicia y que se garantice la seguridad, la tranquilidad de los habitantes para vivir la vida sin el sobresalto de la presencia de delincuentes a nuestro alrededor.
Cuando vuelvan, los jueces retomarán su ritmo y sus disputas que no sintonizan con la realidad de "la calle". Alegarán mil argumentos en favor de mantener sus prerrogativas y excusas para no igualarse al resto de la humanidad; seguirán lentos, trabajando en un solo turno y delegando desde los altos cargos la tarea en segundos y terceros.
Cuando vuelvan, la Procuraduría tendrá fiscalías que no están en condiciones básicas humanas de funcionamiento y con fiscales y equipos a los que les cuesta salir a la calle. Es hoy una anécdota tragicómica aquello que se planteó de tenerlos como "detectives" en acción. No pasa. No pasará a menos de que se aborde con seriedad y en toda su dimensión el funcionamiento del área.
La gente detesta ir a hacer las denuncias cuando le pasa algo y se guarda para sí la frustración de un Estado bobo, impotente, amorfo, a veces anárquico, desinteresado y para peor, que se muestra en ambientes sucios, que se vienen abajo, incómodos, sin elementos de trabajo y con personal tan apesadumbrado que cuando vamos a pedir justicia con la actitud nos están diciendo que "eso no existe". Un simulacro de Estado en el área en donde gente es herida, despojada de sus bienes o directamente, pierde la vida.
Pero es en este marco que el cambio debe alcanzarlos: la justicia lenta no es justicia. Si no la hay, es injusticia lo que emerge del Poder que debe garantizar exactamente lo contrario a lo que está entregando como servicio a la sociedad.
¿Basta con tomar un puñado de medidas para que esto constituya un "plan"? Sin dudas que no y es lo que se ha venido haciendo al responder a un modelo impuesto desde adentro hacia afuera de la Policía, en donde los funcionarios, en los últimos años, se han mostrado inhábiles, rendidos ante el mandato de supuestos expertos surgidos desde las mañosas entrañas del sistema.
Cuando la vida de las personas está en riesgo si hay algo que sobra es el marketing; si algo se requiere es diagnósticos, profesionalismo para interpretarlos y el poder que solo la capacidad otorga para implementar las múltiples medidas que se requieren para cambiar una realidad que a todas luces debe ser cambiada, maquillada, encubierta y mucho menos negada.
Estamos mal y queremos estar bien, no solamente "mejor". Zapatero, a tus zapatos.