En medio de profundos debates internacionales sobre diferentes sucesos que marcan el rumbo de la Humanidad, como el cambio climático, la situación económico-social de los países y las relaciones multilaterales entre los Estados, también se dan discusiones referentes a otras problemáticas que, si bien no son tan palpables o mediáticas, representan aspectos importantes que repercuten en las sociedades. Una de ellas es la incidencia de las corporaciones empresarias, sobre todo las de mayor influencia económica, en los territorios dónde actúan y la necesidad de aplicar marcos normativos que regulen sus actividades en beneficio de las comunidades afectadas y su entorno medioambiental.
Eduardo Toledo es un jurista y académico mendocino, especializado en Derecho Penal Internacional, que participó en el Foro Anual de la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, también conocido como el Foro de Núremberg, que se desarrolla todos los años en esa ciudad alemana. Allí, Toledo disertó sobre la responsabilidad penal empresarial a nivel internacional y las posibles consecuencias penales de la acción corporativa. Su amplio conocimiento en estos campos le permite ser asesor legal en materia de derecho penal internacional, siendo su participación más conocida en las denuncias ante la Corte Penal Internacional por el desastre de Texaco-Chevron en Ecuador.
El Foro de Núremberg es el evento más importante en materia del Derecho Penal Internacional, con importantes disertaciones y ponencias que, este año, abordaron aspectos específicos relacionados con cada uno de los Siete Principios de Núremberg. "La importancia del Foro reside en los conferencistas que son invitados y en el público que asiste. Este año, por ejemplo fue abierto con una conferencia de uno de los profesores más importantes de la rama que es William Schabas", comentó Toledo a MDZ.
"Podemos decir que es uno de los centros donde se discuten los temas de actualidad y que permite reencontrarse con aquellos que están haciendo algún aporte desde su esfera de influencia", añadió.
Sobre su participación, realizada el 4 de noviembre, Toledo explicó que "expuse sobre la responsabilidad penal internacional que puede caberle a un miembro de una empresa al momento de realizar actividades económicas, sumado a la necesidad de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar lo delitos asociados a crímenes ambientales, y analicé la política criminal de la Fiscalía de la CPI (a cargo de la gambiana Fatou Bensouda) que fuera expuesta en su 'Documento público' del 15 de septiembre de 2016".
Para el jurista mendocino, que estudió en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Limoges (Francia), su experiencia en el Foro fue sumamente especial: "Tuve el honor de exponer mi trabajo en la Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde se realizaron los juicios a los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Puedo decir que el espacio conserva hasta hoy una energía muy fuerte por su extrema mística y me dio la oportunidad de conocer ese lugar que tantas veces imaginé mientras me formaba".
Consultado sobre la situación global respecto a la responsabilidad social empresaria y sus consecuencias penales, Toledo manifestó que "en este momento vivimos un proceso muy interesante en materia de creación normativa", aunque lamentó que "a nivel internacional existe un vacío que permite a los actores privados, principalmente a la corporaciones trasnacionales y a la empresas nacionales, evitar cualquier tipo control vinculante de parte los Estados donde operan y, sobre todo, de organizaciones internacionales".
"En este momento, las empresas solo tienen que respetar las leyes nacionales (las cuales son permisivas para cualquier tipo de actividad económica) y soportar un intento cada vez mayor de las instituciones internacionales para sancionarlas en caso de violaciones a los Derechos Humanos", añadió.
De todos modos, aseguró que "atento a esta situación de impunidad de ciertas actividades económicas, existen en el ámbito de la ONU dos proyectos en relación a las empresas y los derechos humanos que son, a mi entender, complementarios: los Principios Rectores (PR) por un lado, y el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, por otro", siendo el segundo proyecto donde mantiene una activa participación.
"Ambos intentan avanzar en un marco internacional para lograr que haya un control de las actividades económicas que atentan gravemente a los Derechos Humanos de las comunidades donde operan, y si bien existen diferencias entre los objetivos que persiguen, podemos también valorar que se intenta materializar un cuerpo normativo internacional en la materia, un objetivo que no es menor", aclaró.
En cuanto si nuestro país cuenta con las herramientas normativas y la voluntad política para crear condiciones medianamente óptimas en materia de responsabilidad empresarial, Toledo aseveró que "sí cuenta con herramientas, pero dudo que exista voluntad política", y explicó que "creo que no se trata de un problema partidario o coyuntural, sino que es una cuestión ideológica que puede ser definida de la siguiente manera: ¿Queremos regular y controlar las actividades económicas? A partir de la respuesta a la pregunta anterior, tenemos otra cuestión importante: ¿Queremos un Estado fuerte o uno débil?"
"Existe una falsa expectativa en el doble estándar que se aplica al empresariado en materia de responsabilidad y, sin los debidos controles a las actividades comerciales, se obtienen los resultados nefastos que ya conocemos", señaló. Por ello, resaltó, "necesitamos fortalecer el control estatal y, a la vez, fomentar la participación social en los procesos de control del Estado. Ese ha sido el único ejemplo exitoso que ha evitado nuevos desastres ecológicos y nuevas masacres consecuencia de esas desgracias".
El caso Chevron de Ecuador
Uno de los conflictos judiciales por contaminación más largos e importantes del mundo es el que mantienen miles de aborígenes y colonos de la Amazonia ecuatoriana contra la empresa petrolera Chevron por el desastre ambiental causado en los yacimientos de Lago Agrio, ubicados al norte del país. La "guerra" desatada en múltiples tribunales nacionales e internacionales, incluyendo en la Argentina, ya cumple más de 23 años y parece, lamentablemente, no tener fin.
En medio de esa disputa, Toledo participó en la redacción de la denuncia que la Unión de Afectados por la Operaciones de Texaco-Chevron en Ecuador presentó ante la Corte Penal Internacional en 2014, por delitos de lesa humanidad, y que hoy todavía sigue tramitándose en ese organismo de la ONU que tiene sede en la ciudad holandesa de La Haya. Actualmente trabaja junto al abogado de la asociación, Pablo Fajardo, y por la cual ha tenido participación en todas las intervenciones públicas en relación al Derecho Penal Internacional.
Para el jurista, enfrentarse judicialmente a una de las corporaciones petroleras más poderosas del mundo ha sido "muy duro", ya que "no he tenido litigio directo que ya tiene 23 años desde la primera demanda civil en las Cortes de Nueva York", cuando los residentes de Lago Agrio demandaron a la entonces Texaco (que se fusionó con Chevron en 2001) por los derrames petroleros.
"De todas maneras, y para darle entidad a nuestra denuncia, los abogados de la compañía enviaron una contra-comunicación que generó bastante revuelo y que usaron para darnos batalla a nivel mediático. Es muy complicado cuando los recursos económicos no son los mismos y se llevan causas que tienen detrás a una estructura de 2000 abogados pagados por Chevron", justificó.
Casi sin apoyo estatal o institucional, ya que el gobierno ecuatoriano sigue sin participar en el proceso judicial, la causa ante la CPI está hoy un poco ralentizada, aunque sigue su curso. "Desde la Corte hemos recibido una carta de respuesta que solicita mayor información sobre los delitos que hemos denunciado. Es así que estamos trabajando en la organización y sistematización de toda la evidencia para que el trabajo de la Fiscalía sea más fácil en esta segunda oportunidad", explicó Toledo.
Más allá de la respuesta oficial, el jurista mendocino destacó la mención que realizó Bensouda en el último documento de política criminal hizo público en septiembre: "Allí se hizo eco de nuestra denuncia para incluir una forma nueva de comisión de delitos de lesa humanidad a través del ambiente, creando condiciones de vida imposibles o aquellas conductas que tengan consecuencias sobre la naturaleza. Este ha sido un gran cambio en la forma de entender el derecho penal internacional y de encaminar las estructuras clásicas en una nueva perspectiva".
Sobre el jurista
Eduardo Toledo estudió una parte de su carrera en Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, y luego, a través del sistema de validación europeo, continuó sus estudios en Francia, más precisamente en la Universidad de Limoges, donde obtuve el título en Derecho Privado Europeo y la especialización en Derecho Penal Internacional y Europeo.
Actualmente está realizando un doctorado en cotutela entre la Universidad de Paris 1 Pantéon - Sorbona y la Universidad Nacional de Cuyo.
Jurista, investigador y académico, Toledo se desempeña como Asesor Legal en Derecho Penal Internacional. Además de sus trabajos con la Unión de Afectados por la Operaciones de Texaco-Chevron en Ecuador, también es secretario de Relaciones Institucionales de la organización mendocina Xumek y entre 2014 y 2016, participó como miembro del Grupo legal del Proyecto Iniciativa por el Tratado de la Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Federación Internacional por los Derechos Humanos.