Para que exista un funcionario corrupto que cobra coimas tienen que existir empresarios que las paguen. Sobre esa premisa giró el foro Valos 2017, el cual se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton. "Se necesitan dos para bailar un tango", apuntó en su disertación el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien en el diario La Nación ha revelado algunas de las primeras ramificaciones del escándalo Odebrecht en Argentina.
Justamente, Marcelo Odebrecht sirve como ejemplo de la participación empresarial en el espiral de corrupción. "El Lava Jato es la puerta para entender como funciona un sistema con metodologías corruptas", advirtió el periodista en un salón colmado de empresarios.
El foco de cada módulo de disertaciones estuvo puesto en la transparencia como conducta organizacional y en la importancia del acceso a la información pública. Entre los expositores se destacaron el ex juez brasileño Marlon Reis, el ministro de Gobierno Dalmiro Garay, el fiscal de Estado Fernando Simón, la senadora Daniela García, la abogada Marta Oyhanarte y la titular de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Laura Alonso.
Esta última aprovechó la oportunidad para pedir por la sanción de la ley de Responsabilidad Empresarial que el presidente Mauricio Macri presentó en el Congreso. "Los empresarios son los que saben dónde están los problemas. Te pueden contar y guiarte para conocer historias de corrupción", manifestó Alonso a MDZ.
La norma apunta a que aquellos empresarios que pagaron coimas cuenten con un sistema que les permita sacar a la luz su experiencia, a cambio de algunos beneficios en la sanción. "Es un estándar internacional que tienen muchos países y Argentina lo necesita para incentivar la transparencia y la ética desde el sector privado. Así como hay en el lado del Estado alguien que pide o acepta un soborno, del otro lado hay alguien que lo ofrece y lo paga", señaló Alonso. En el Ejecutivo apuestan a bajar multas y penas a aquellos que colaboren para revelar quiénes y de qué modo cobraron y cobran sobornos.
Para Alconada Mon, es imposible que se termine con la corrupción sin empresarios y políticos tras las rejas y la única manera de lograrlo es ejerciendo presión social para que la Justicia actúe. En este sentido, explicó que del 100% de las empresas se estima que el 10% siempre utiliza mecanismos corruptos, el 80% lo hace cuando forma parte de las reglas del juego establecidas por la política y únicamente el 10% restante mantiene una conducta intachable. "Los grandes empresarios se oponen a las leyes de transparencia por miedo o porque prefieren no romper el estatus quo", adhirió el periodista.
Por su parte, el ex juez brasileño Marlon Rius se dedicó a narrar los pasos que se dieron en su país para terminar con la sociedad oscura entre empresarios y políticos para la realización de campañas electorales. Primero, terminando con la compra de votos, luego obligando a revelar el nombre de los aportantes antes de los comicios y por último, en 2015, prohibiendo que empresarios donen dinero a los partidos. Según señaló, todo eso se logró gracias a iniciativas populares que terminaron convirtiéndose en leyes.
En sintonía con esa experiencia, Alconada Mon argumentó que la única manera de que se ponga fin a la corrupción es con un reclamo popular que obligue a la Justicia a no hacerse la distraida. "Temo que Lava Jato sea en América Latina como los fuegos de artificio que iluminan y hacen ruido durante un rato, para luego desaparecer. Dependerá de aprovechar esto como una oportunidad para impulsar reformas", esgrimió. "Si el pueblo brasileño no salía a las calles a apoyar al juez Sergio Moro, no seguiría siendo magistrado y no existiría el Lava Jato", adhirió.
Todo esto se expuso en un foro destinado a representantes Empresas, Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil y del Estado. En uno de sus módulos, representantes de tres empresas disertaron sobre la Falta de Transparencia, las Empresas y la Responsabilidad Social Empresaria.
Acceso a la información
Mientras tanto, la abogada Marta Oyhanarte puso en relieve la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a información pública y aclaró que se trata de un derecho humano que hace al nivel de vida de cada persona. "Sólo el 1,5% de la población lo sabe y aún menos entienden como ejercer ese derecho", adhirió Oyhanarte. En un panel que completaban Fernando Simón, Daniela García y Dalmiro Garay se discutió sobre la transparencia de los actos de gobierno y la situación que se vive en Mendoza.
Si bien desde 2015 rige el decreto que obliga a funcionarios empleados públicos que manejan fondos a presentar sus declaraciones juradas, todos coincidieron en que aún falta camino por recorrer. En este sentido, la senadora provincial Daniela García adelantó que estiman que este año se sancionará la ley de acceso a la información pública, que vendría a superar el decreto que fue elaborado por el propio Simón.
Esta normativa alcanzaría tanto a miembros del Ejecutivo como a legisladores y funcionarios del Poder Judicial. Además, contempla sanciones para quienes incumplan sus obligaciones garantizando la plena vigencia de un Estado abierto.
Aunque todos coincidieron en que debe ser aprobada a la brevedad, Fernando Simón mostró algunos reparos. Sobre todo, porque el articulado que se discute en la Legislatura estipula la creación de un nuevo órgano de control cuyos miembros deberán auto controlarse a ellos mismos y sus colegas.