Ayer, a puertas cerradas y con el fin de salvaguardar información crítica de expedientes que aún están bajo el secreto de sumario por casos de violencia en las escuelas, se reunieron legisladores mendocinos con la titular de la Dirección General de Escuelas en la Legislatura, en el marco de la reforma del Código Faltas y de la elaboración de la futura Ley de Protección al Docente.
Congregados durante dos horas y media, al diputado por la UCR, Luis Petri, le llamó la atención el hecho de que la reunión haya sido a puertas cerradas.
“Me sorprendió, pero el motivo que se adujo era que se iba a tratar de niños y casos judiciales y era para preservarlos, lo que no quita que el resto de la reunión debió ser pública”, consideró este miércoles en MDZ Radio el legislador que acompaña a Julio Cobos en la lista para diputados nacionales.
Con respecto a los factores que convocaron a la reunión congregada en el día de ayer, Petri manifestó: “Esta problemática ha desbordado a la DGE y su posibilidad de anticiparse. Ante un problema complejo, las respuestas tienen que ser complejas. Acá hay docentes golpeados y problemas de bullying entre alumnos”, dijo, entrevistado por Te digo lo que pienso, y agregó: “Acá lo más importantes es respaldar la autoridad del docentes”.
Este martes se analizó el protocolo sobre violencia en las escuelas, que se trabajó la semana pasada en los colegios y los proyectos pendientes sobre Educación con la idea de reformar el Código de Faltas. Sin embargo, Petri aseguró que esto perjudica a los docentes, ya que baja las penas.
“No estoy de acuerdo”, indicó el legislador radical. “Si transformás un delito penal en falta contravencional estás bajando el delito. Amenazas, lesiones, calumnias e injurias ya están tipificadas en el código penal y civil
Lo que acá falta es el ejercicio de las normas, no su tipificación. No es un problema de sanciones porque ya están establecidas”.
Petri contó que en el día de ayer propuso medidas que están ausentes. “Acá falta un observatorio para contabilizar los casos y falta la figura de la defensoría del docente. Muchas veces el docente no tiene ni tiempo ni dinero para contratar un abogado. Allí es donde debe entrar la DGE”, manifestó el radical.