El secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Sebastián Henríquez, opinó que el proyecto de ley presentado por el Gobierno para otorgarles protección a los docentes en casos de violencia escolar o denuncias por abusos a alumnos, es "insuficiente" y reclamó mayores medidas e inversiones para garantizar la integridad de los profesionales y los alumnos.
La propuesta presentada hoy por el Ejecutivo en la Cámara de Senadores establece que el docente es "sujeto de protección", e incluye el asesoramiento jurídico gratuito, la figura del asesor de menores incapaces para realizar denuncias y el endurecimiento de sanciones para los agresores de docentes.
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Mediante una iniciativa presentada en la Legislatura, el Ejecutivo busca que los profesores y directivos de las escuelas sean asesorados por un defensor que se encargará de tramitar denuncias de violencia en el ámbito educativo.
Henríquez manifestó a MDZ que el gremio no fue consultado por el Gobierno para la confección del proyecto y que se enteraron mediante las declaraciones del ministro de Gobierno Dalmiro Garay y el titular de la DGE Jaime Correas en los medios de comunicación, aunque el sindicalista ya posee el texto y aún debe leerlo en detalle.
De todos modos, en base a lo expuesto públicamente por los funcionarios, Henríquez señaló el principal problema del proyecto: "Está todo centrado en el día después, es decir, la prevención está enfocada en el esquema de sanciones. Si fuera así, con la existencia del código penal ya habrían desaparecido los delitos".
"Lo que proponen ya existía, porque un docente que hace una denuncia en la Justicia ya tiene un abogado, que al final se le termina renombrando como 'asesor'", consideró el gremialista.
Por el contrario, según Henríquez, "si se quieren evitar estas situaciones de violencia y riesgo, deberían invertir en equipos de orientación en las escuelas; que las instituciones del Estado, como las OAL, tengan más personal capacitado en asistencia social; y que hayan herramientas de contención para los chicos y los docentes", entre otras. "Eso implicaría más inversiones, pero es más fácil modificar un artículo en el Código de Faltas que destinar recursos", sentenció.
Sin embargo, en titular del SUTE ponderó la iniciativa para que los docentes y directivos acudan a un asesor de menores incapaces para denunciar situaciones de maltrato a los niños y no queden expuestas en el expediente para ser blancos de amenazas. Pero, al igual que expresó anteriormente, aseveró que "hay que generar mecanismos de protección en serio para los niños y, por ende, a los docentes".