El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en toda la provincia durante seis meses por el fenómeno del “Súper Niño”. A partir de esta iniciativa pretenden habilitar medidas extraordinarias, temporales y proporcionales destinadas a prevenir y reducir los riesgos y consecuencias de este fenómeno meteorológico inusual.
El fenómeno natural de El Niño alcanzaría en los próximos meses una gran intensidad con posibilidades de convertirse en uno de los más fuertes en los últimos 75 años y tendrá consecuencias en régimen de lluvias en Argentina.
Los modelos considerados por el Servicio Meteorológico Nacional indican una probabilidad del 100% de persistencia de EI Niño durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, con intensidad fuerte o muy fuerte.
Frente a esta situación, el Gobierno de Mendoza desplegó una serie de estrategias previendo el impacto que podría tener en la provincia este fenómeno meteorológico.
Luego de mantener reuniones con todos los intendentes para coordinar medidas, el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en toda la provincia durante seis meses por el fenómeno del “Súper Niño”.
En el Ejecutivo provincial entienden que existe un contexto climático objetivamente riesgoso que aconseja anticipar medidas de vigilancia, coordinación, mantenimiento, preparación y respuesta, sujetando las intervenciones extraordinarias a informes técnicos actualizados y territorialmente determinados.
Emergencia en Mendoza por el Súper Niño
El proyecto de ley del Gobierno pretende declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en toda la provincia por un plazo de 180 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma.
Asimismo, la iniciativa prevé que el Ejecutivo provincial podrá prorrogar por un plazo máximo de 180 días más la emergencia mediante un decreto, comunicándole a la Legislatura esta decisión.
Entre los objetivos de la emergencia se destacan en la norma los siguientes:
Orientar las medidas de prevención y respuesta hacia la protección de las personas, con prioridad para las poblaciones y zonas de mayor vulnerabilidad.
Fortalecer el intercambio de información hidrometeorológica, los mecanismos de alerta temprana y la comunicación pública del riesgo.
Coordinar, en el marco de las competencias de cada organismo, la identificación de puntos críticos y la priorización de las intervenciones necesarias para reducir riesgos en la prestación de los servicios esenciales.
Coordinar las actuaciones del Poder Ejecutivo, el Departamento General de Irrigación, los municipios, los prestadores de servicios públicos y los demás organismos competentes, con respeto de sus respectivas atribuciones constitucionales y legales.
Contrataciones de urgencia y obras urgentes
La declaración de la emergencia autoriza al Gobierno provincial y a los entes descentralizados a realizar todas las contrataciones necesarias sin sujeción al régimen general de contrataciones de la Administración Pública Provincial ni a sus regímenes específicos.
Aclara que las contrataciones deberán ajustarse a los principios de razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control. En tanto, advierten que queda prohibida la utilización del régimen excepcional para atender necesidades ordinarias, periódicas, previsibles o ajenas a la emergencia.
También se podrán autorizar y ejecutar con carácter urgente obras hidráulicas y de drenaje pluvial y demás trabajos sobre cursos de agua, canales, sistemas de drenaje pluviales y cloacales y mantenimiento de caminos, así como a ampliar la red provincial de monitoreo preventivo.
Sin embargo, la norma aclara que la urgencia no exime del cumplimiento de la legislación ambiental y territorial. La autoridad ambiental competente determinará, de acuerdo con las características, localización y riesgos de cada intervención, el procedimiento de evaluación y control que corresponda. Las medidas adoptadas deberán prevenir impactos adicionales y contemplar acciones de mitigación y recomposición.