Pese a que a principios de octubre el Ministerio de Gobierno solicitó el regreso de todos los agentes penitenciarios que estaban cumpliendo funciones como adscriptos en otras dependencias. El director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, confirmó que aún hay muchos que siguen sin presentarse. Por otro lado, confirmó que aún sigue esperando que el Ejecutivo autorice la incorporación de 70 agentes que ya han concluido el curso de ingreso y se encuentran listos para cumplir servicios.
Los mismos, finalizaron el entrenamiento en noviembre del 2014 y desde entonces aguardan que el gobernador Francisco Pérez asigne la partida para que se pueda efectivizar su incorporación al Estado. Sin embargo, y a pesar de los reclamos que han llevado adelante durante todo el año, aún no hay respuestas concretas.
"Nos han dicho que en noviembre se va a normalizar nuestra situación. Pero si eso no ocurre, el 13 de noviembre vencerá el plazo estipulado por la ley y podremos iniciar medidas legales contra la provincia", advirtieron los aspirantes.
Por su parte, Orellana aclaró que desde hace tiempo que necesita reforzar el número de empleados y aclaró que las tareas que desempeñarán estos agentes no pueden ser llevadas adelante por los adscriptos que han comenzado a regresar.
"Todos han vuelto a trabajar en penales, pero no solucionan el problema de falta de recurso humano. Si aportan mejor calidad al trabajo", señaló Orellana respecto a estas personas, muchas de ellas con estudios universitarios.
"Hay muchos otros que siguen sin venir, y nosotros ya se lo hemos informado al ministro Rodolfo Lafalla", agregó.
Trabajar en el servicio penitenciario no es sencillo y por ello los empleados gozan de distintos beneficios laborales, como jubilación de privilegio, ítems de riesgo, etc.
Por último, dentro del servicio penitenciario existe malestar por los ascensos y nombramientos que se han registrado en los últimos meses. "Nosotros tardamos años en conseguir ascensos, y hay gente que entra con jerarquías que no corresponden", admitió un trabajador de la unidad de traslados.
Un caso que ha tomado trascendencia pública en el último mes es el de la ex funcionaria del Ministerio de Turismo, Julieta Garay. Hija de la ex mujer del ministro Javier Espina, hace poco tiempo armó las valijas y dejó el ministerio ubicado en la calle San Martín. Según pudo constatar MDZ, a través de la Resolución 251 se la nombró como personal de tropa y la destinaron al Organismo Técnico Criminológico (OTC).