A más de dos meses del cambio de gestión, el Gobierno provincial le notificó a todo el personal adscripto que deberá volver a sus puestos originales de trabajo. Esta normativa incluye a casi un centenar de empleados que ingresó a la planta del Estado como "agentes penitenciarios", pese a que nunca cumplieron esa función.
A principios del 2015 MDZ reveló que mientras el servicio penitenciario hace malabares para suplir la faltante de agentes, existen cientos de “penitenciarios” que actualmente están adscriptos a otras dependencias del Estado.
Teniendo en cuenta la delicada situación financiera que atraviesa la provincia, esta situación quedó bajo la lupa del gobernador electo, Alfredo Cornejo, quien durante su campaña prometió terminar con los “gastos superfluos” de la actual gestión.
Los empleados penitenciarios gozan de una serie de beneficios jubilatorios e ítems salariales relacionados a la situación de riesgo que implican sus funciones. Al irse a adscriptos a otras dependencias, continúan percibiendo el mismo salario pese a que dejan de desempeñarse en esas condiciones. Incluso, tienen la posibilidad de jubilarse prematuramente y lo hacen con el 82% móvil.
Durante la campaña electoral, Cornejo aseguró que pondría fin a esta situación, obligando a que los penitenciarios se desempeñen en el lugar que les corresponde: la penitenciaría. Esta semana se dio el primer paso para que esto ocurra y se envió una notificación a todo el personal adscripto para que se presente en la Dirección General del Servicio Penitenciario.
Allí, fueron recibidos por el encargado del área de Recursos Humanos, quien les informaba cuáles serán sus tareas a partir de ahora. Según señalaron desde el Ministerio de Gobierno, la mayoría de los empleados adscriptos que recibieron la notificación se hicieron en los últimos dos días. “Los que no se presentaron serán sancionados como si no hubieran ido a trabajar”, manifestaron desde la cartera que comanda Rodolfo Lafalla.
Muchos de los trabajadores jamás habían trabajado en el servicio penitenciario, por lo que se les explicó a groso modo de qué manera desempeñarse en sus nuevos puestos.
Si bien las notificaciones ya comenzaron a repartirse, aún no le han llegado a todos los penitenciarios que se encuentran adscriptos, muchos de los cuales cumplen funciones administrativas en el mismo Ministerio de Gobierno.
Entre los trabajadores que serán repatriados por el Servicio Penitenciario se encuentran hombres cercanos al gobernador como Gaspar Contreras y Nicolás Andrés García, ambos asesores de la Gobernación con cargo reservado como agentes de tropa.
Incluso la senadora del FpV, María José Ubaldini, cuenta con un cargo reservado en el Servicio Penitenciario en el que deberá desempeñarse cuando deje la Casa de las Leyes.