Repsol desmiente al Gobierno

Autoridades de Repsol negaron que haya una negociación en ciernes con la Argentina tras la expropiación de YPF en abril del año pasado. Sin embargo, manifestó "su mejor disposición para facilitar una solución acordada".

Autoridades de la petrolera española Repsol negaron que la compañía esté negociando con la Argentina una compensación monetaria tras la expropiación de YPF en abril del año pasado, aunque dijeron que la empresa está "abierta" a sentarse a discutir cifras, según se informó hoy en esta ciudad.

El Consejo de Administración de la firma ibérica se expresó en estos términos en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, después de que trascendidos indicaran esta semana que las acciones de YPF habían subido en la Bolsa porteña por un supuesto acuerdo con Repsol.

La petrolera española negó "la existencia de una negociación, así como de oferta alguna", pero manifiesta "su mejor disposición para facilitar una solución acordada" tras la expropiación de YPF por parte del Estado nacional.

También desmintió versiones periodísticas que mencionaban un supuesto acuerdo entre Repsol y el gobierno de Cristina Kirchner para la explotación del yacimiento Vaca Muerta de hidrocarburos no convencionales, descubierto por YPF cuando estaba bajo el control de la española.

En su comunicado, el Consejo de Administración de Repsol sostuvo que "niega la existencia de una negociación, así como de oferta alguna", más allá de los "meros contactos que hayan podido tener lugar, oficiosos, exploratorios o a algún otro nivel", tendientes a gestionar una compensación monetaria.

La petrolera, de todos modos, expresó "su mejor disposición para facilitar una solución acordada" a la disputa. 

Según publicó el diario La Nación, la Casa Rosada indemnizaría a Repsol por la expropiación con unos 6.000 millones de dólares y la compañía española invertiría ese monto en la explotación junto a YPF en Vaca Muerta.

El año pasado, la compañía ibérica había valuado en 10.500 millones de dólares el 51 por ciento del paquete accionario que expropió el Estado nacional.