Mientras efectivos de la Policía de Córdoba persisten hoy con su acuartelamiento en distintas localidades de la provincia en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo —lo que derivó por la tarde en saqueos de supermercados—, el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota contó que aún nadie le atendió el teléfono desde la Casa Rosada.
“Esperamos que nos atienda Capitanich o Berni”, aseguro a canal TN, al tiempo que reveló que le mandó un tuit a Cristina Kirchner.
A su vez, en declaraciones a Canal 8 de Córdoba, De la Sota sostuvo esta madrugada que "no hay ninguna posibilidad de aumento salarial para los policías".
Apenas arribó a la provincia, procedente de Colombia, el mandatario explicó que recién a comienzos de 2014 se retomarán las negociaciones salariales, según lo establecido por las paritarias de la provincia. "Las negociaciones se reabrirán en enero. Hay que respetar los plazos establecidos, no podemos romper un acuerdo firmado en desmedro de otros trabajadores públicos", consideró De la Sota.
El gobernador se mostró a favor de los "reclamos salariales" pero cuestionó con dureza la medida de fuerza y responsabilizó a los efectivos por los saqueos. "Hay algunos que trabajan de policías y otros que son policías", dijo y se explayó: " El que es policía no deja de cumplir su obligación y hace oír sus reclamos dentro de lo que son los carriles institucionales, mientras el que trabaja de policía deja de cumplir su obligación cuando hay un reclamo salarial".
"Está muy bien que la gente exija una remuneración correcta, lo que no se puede hacer es interrumpir los servicios básicos, como la salud, la educación, la seguridad porque el perjudicado es el pueblo que paga con los impuestos", afirmó.
Y a la hora de analizar los motivos de la protesta, acusó a Nación de no poder contener el acelerado encarecimiento del costo de vida. "Todos estos reclamos provienen de una inflación descontrolada que el gobierno nacional no supo ponerle fin", opinó y añadió: "Pero nosotros tenemos que hacer una relación entre los ingresos del Estado (cordobés) y lo que podemos pagar".
En ese sentido, explicó que la oferta que le plantearon a los policías, quienes anoche la rechazaron, consiste en un 52 por ciento de aumento del pago de los adicionales, que hará elevar el salario básico a los 6 mil pesos.
"El 75 por ciento de la Policía ya está acuartelada. En el interior es casi total. En Río Tercero, los jefes amenazan con sanciones", sostuvo a su vez un policía en declaraciones a la radio cordobesa Cadena 3.
Ante la medida de fuerza de los policías, se registraron saqueos en al menos cinco supermercados, dos de ellos en locales Cordiez en los barrios SEP e Ituzaingó, en el sur de la capital provincial.
En el primero, medio centenar de personas irrumpió, mediante amenazas a empleados, al local comercial y arrasaron con todo lo que hallaron en su camino, indicó Cadena 3.
Sucursales de Mariano Max en Los Gigantes, un supermercado chino en barrio Jardín -donde ingresaron personas armas incluso, según dijeron testigos- y otra de la firma Vea, sobre la avenida Santa Ana, también fueron atacados.
"Estoy muy asustada. Si no abríamos el local, nos linchaban. No nos podíamos poner en contra de cien personas. Nosotras cumplimos, no vamos a exponer nuestras vidas por mercadería", sostuvo una empleada de un comercio saqueado.
La protesta había comenzado este lunes, cuando las mujeres de los efectivos se concentraron en la puerta de la Jefatura de Policía y de la Guardia de Infantería, impidiendo la salida de los móviles de la fuerza cordobesa.
Sin embargo, el malestar de los miembros de la Policía de Córdoba comenzó hace algunas semanas, cuando difundieron videos en YouTube en los que denunciaban malas condiciones de trabajo.
Los acuartelados entregaron este martes por la tarde un petitorio a las autoridades provinciales en la que detallaron los reclamos, entre los que se encuentran un sueldo básico de 13.000 pesos, comida digna, créditos para viviendas y el control de las sanciones aplicadas, entre otros.
Durante la tarde de ayer, las mujeres y el abogado que auspicia a los miembros de la fuerza provincial, Miguel Ortiz Pellegrini, mantuvieron una reunión con el jefe de la Policía de Córdoba, César Almada, quien aseguró que "van a seguir las tratativas para descomprimir la situación" y que elevará los planteos al jefe de Gabinete, Oscar González, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
"De este modo el Gobierno de la Provincia de Córdoba busca, a través del diálogo, una solución que permita superar el diferendo, garantizando el bien común", informó la Gobernación a través de un comunicado.
Presuntos vínculos con el narcotráfico
Almada y Monteoliva asumieron sus cargos en septiembre de este año, ya que, como consecuencia del escándalo que involucraba a altos mandos de la Policía con narcotraficantes, presentaron su renuncia Ramón Frías y Alejo Paredes.
A pesar de que lograron el aumento del 52 por ciento en los adicionales y que no se apliquen sanciones a los involucrados, los efectivos informaron que continuarán con la medida de fuerza hasta no avanzar en los otros reclamos que elevaron.
"Nos vamos muy contentos porque hemos tenido respuestas. Igualmente, seguimos de asamblea", explicó la esposa de un policía.
"Veremos qué nos dicen ahora. Mientras tanto, la medida continúa", afirmó Ortiz Pellegrini luego de la reunión con el jefe de Policía.
Almada, por su parte, se mostró confiada en arribar a una resolución y dijo: "Pido que estén todos tranquilos que vamos a salir de esta situación".
Fuentes de la Gobernación dijeron a Noticias Argentinas que el reclamo de los acuartelados fue inicialmente de un básico que pase de 6.500 a 10 mil pesos mensuales y que automáticamente pasaron a pedir 13 mil pesos.
Aclararon que el acuartelamiento alcanzaba a solo un pequeño sector de las fuerzas policiales, aunque los manifestantes dijeron que la medida se estaba extendiendo en horas de la tarde a lo largo y ancho del territorio provincial, donde incluso guardias de cárceles se plegaron al reclamo.
Familiares de policías también dijeron que los agentes en algunos casos cobran salarios de apenas 2.500 pesos y están obligados a realizar numerosas horas extras para poder "llevar un sueldo digno al hogar".
En tanto, el gobernador, José Manuel de la Sota, tenía previsto retornar a la provincia por la noche para abocarse al conflicto, por lo que se estima que el grueso de los reclamos será tratado este miércoles.
El mandatario cordobés, quien ya lidió con una protesta policial en 2005, se encontraba en Panamá, donde había hecho escala en su viaje rumbo a Colombia para participar de una reunión de gobernadores de la región, pero decidió pegar la vuelta anticipadamente.