La revuelta policial en gran parte del país constituye un precedente negativo tanto por su disrupción del entramado social como por su efecto propagador sobre el resto de los trabajadores del sector público y su consecuencia fiscal.
Es difícil determinar quiénes fueron los responsables y, si como dice el Gobierno, hubo agitadores. Pero está claro que la rebelión genera consecuencias políticas, sociales y económicas.
Por lo pronto, la sucesión de acuartelamientos asociados a los saqueos, con blanco en miles de comercios y casas de familia, obligó al Gobierno a correrse del eje en el que se había deslizado cómodamente con sus nuevas caras.
Jorge Capitanich ya no lució tan solvente en las conferencias de prensa diarias, sobre todo porque optó por descargar culpas y buscar responsabilidades en otros ámbitos.
La propia Presidenta reapareció en la celebración por el trigésimo aniversario de la democracia recuperada y habló de agitadores. Sin hacer nombres de la política, apuntó a las fuerzas policiales. El tono de festejo en medio de la crisis y la falta de autocrítica fueron sus deudas ese día.
Pocas horas antes, Daniel Scioli, había decidido bajarse de una conferencia organizada por Bill Clinton en Río de Janeiro para debatir políticas públicas, precisamente por la magnitud de la protesta que aterrizaba en Buenos Aires.
En la medianoche del domingo, el gobernador bonaerense fue anoticiado de que una manifestación de la Infantería en La Plata se ramificaba a Mar del Plata y Bahía Blanca. Horas más tarde reconocería que fue su día más complicado en seis años al frente de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, el Gobierno prepara incrementos salariales similares para la Policía Federal y las otras fuerzas de seguridad nacionales: la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Los militares entrarán en el dominó?
Raíces y ramificaciones
El jueves, cuando la etapa más violenta de la protesta ya había pasado, Cristina Kirchner le transmitió en trazo grueso esahipótesis conspirativa a la cúpula de la Iglesia Católica argentina que fue a visitarla a la Quinta de Olivos el jueves.
En ese encuentro también hubo someras menciones cruzadas al proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial que tratará la Cámara de Diputados en marzo.
Pero la coyuntura era otra y Arancedo hizo suyo parte del diagnóstico presidencial, ya que apenas salió de la reunión amonestó a la policía por abandonar las calles.
Como la crisis todavía está latente, el análisis se hace en crudo. Por lo pronto, se puede decir que otra consecuencia de estos días de agitación es que la Policía se alejó un poco más de sus comunidades. No solo dejó de cuidar, sino que en algunos casos, promovió el vandalismo.
En Tucumán, muchos vecinos y comerciantes hicieron sentir su malestar a los agentes que habían dejado a miles de vecinos librados a su suerte. En esa provincia, una decena de policías fueron detenidos.
Habrá que ver si esas reacciones son suficientes para evitar que la escalada de terror se repita ante próximos reclamos de hombres de uniforme. Por ahora la percepción es que la metodología fue exitosa y configura un grave antecedente.
El problema surgió en Córdoba. Allí el gobernador José Manuel de la Sota dio a las apuradas un suculento aumento para los agentes. La Nación dijo que no pidió a la Gendarmería a tiempo y el cordobés retrucó que no se la querían mandar.
Entre ambos gobiernos armaron este embrollo. El éxito del reclamo cordobés gatilló sublevaciones en prácticamente todo el país con distintas consecuencias.
Más allá de eso, detrás de esa rebelión policial pudo haber hablado como un ventrílocuo el narcotráfico. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, se comprobó que había connivencia entre jefes policiales y vendedores de droga y se actuó en consecuencia.
Esa sensación también sobrevoló a la reunión entre Cristina Kirchner y los prelados. El arzobispo de Salta, Mario Cargnello, mencionó ante la jefa de Estado la infatigable penetración de células narco desde el norte del país.
Déficit y paritarias
La crisis golpea las cuentas de las provincias y la Nación. Delas 24 jurisdicciones, solo cinco tenían sus cuentas medianamente en orden antes de tener que otorgar este aumento. Ahora pasantodas al rojo, según el Instituto de Análisis Fiscal (IARAF).
Los problemas surgirán por dos carriles. Por un lado, las cuentas a pagar -que aumentarán sustancialmente con aumento de un 40% de piso- y por el otro el adelantamiento de la discusión salarial con otros trabajadores del sector público.
Justo cuando el Gobierno buscaba moderar las pretensiones gremiales para 2014, el reclamo policial desató pedidos masivos de bonos de fin de año y de reapertura de paritarias.
"Este es un gasto permanente que se está comprometiendo a futuro. Modifica el trayecto de ingresos. Teniendo en cuenta el efecto acople que tendrá esto en las paritarias estamos pensando que el gasto aumentará entre 20 y 25 mil millones de pesos el año próximo", estimó Ariel Barraud, analista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Como se sabe, detrás de este círculo vicioso se encuentra la inflación.