La Casa Rosada intenta no repetir la historia del año pasado que terminó con la Policía acuartelada y una ola de saqueos en varias provincias del país. Esta vez, reaccionó y mandó a la Gendarmería a Santa Cruz.
Así lo confirmó Gustavo Martínez, ministro de Gobierno de Santa Cruz. El funcionario contó que el personal de Prefectura y Gendarmería arribó a las ciudades y ya están cumpliendo tareas de patrullaje.
"Estamos preocupados por la seguridad de la comunidad de Caleta Olivia, de Río Gallegos y de toda la provincia", señaló.
En diálogo con Radio La Red, el funcionario informó que el gobernador Daniel Peralta instruyó a que se convoque al Consejo de Seguridad Interior para que colaboren en la seguridad, efectivos policiales de otras localidades, de Gendarmería y Prefectura.
Además, el gobierno provincial realizó una denuncia ante la Justicia por sedición contra los policías que se convocaron al paro en reclamo de un aumento salarial del 25 por ciento.
"El fiscal de Estado de la provincia inició las acciones legales bajo el posible delito de sedición y se entregó la nómina del personal autoacuartelado", contó Martínez.
"No hay lugar para este tipo de medidas, vamos a ser inflexibles", enfatizó el funcionario santacruceño y aseguró que detrás de la protesta hay un "reclamo político interno".
Explicó que el acuartelamiento es de "un sector y no de la totalidad" de los efectivos. "La Policía en Santa Cruz cuenta con 5.000 agentes, en 20 localidades. De ese total, unos 250 efectúan la protesta. El 90% no se ha plegado al reclamo", calculó.
"Los aumentos que han recibido son suficientes y no estamos en condiciones de dar más aumentos", anticipó. En este sentido, reveló que "el salario de la fuerza es uno de los mejores en el ámbito de la provincia. Un agente que recién entra está cobrando unos $12.000 y un sargento casi 21.000 pesos".
El plan de lucha por una recomposición salarial comenzó con un quite de colaboración tras asambleas de los uniformados de todas las dependencias policiales de Caleta Olivia, por lo que los efectivos de menor rango cumplieron sus turnos laborales y sólo actuaron en casos considerados graves.
Jorge Carrizo, cabo de la Policía de Santa Cruz acuartelado en Caleta Olivia, anticipó que mantendrán la medida de fuerza hasta que sean recibidos por el gobernador Peralta. "Necesitamos una respuesta para sentarnos a dialogar", señaló.
En declaraciones a radio Vorterix, el efectivo recordó que el último aumento lo recibieron en dos etapas. "Una parte a principio del año pasado y otro en julio/agosto de este", comentó.
A fines del año pasado, un reclamo similar de uniformados se replicó en otras provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires y Tucumán, donde hubo muertos y saqueos, y en algunos casos las autoridades provinciales cuestionaron la falta de colaboración de las fuerzas federales ante la situación de conflicto.