No es usual acompañar una investigación periodística con una “nota de la redacción”. En este caso lo creímos necesario porque hemos sido objeto de la noticia y sujetos de un delito cometido –de acuerdo a la imputación fiscal- por el intendente de la ciudad Víctor Fayad, algo que nos sorprende y nos preocupa. Nunca hubiésemos imaginado, cuando comenzaron las amenazas, que éstas podían venir de uno de los intendentes más importantes de la política, dos veces electo, ex diputado nacional, ex candidato a gobernador en dos oportunidades y aspirante a serlo nuevamente. No hace falta decir aquí quién es Víctor Fayad.
No es un asunto menor utilizar los bienes que el Estado le da a un funcionario para amenazar incluso de muerte al director periodístico de un diario independiente y a dos ex concejales que fueron opositores a Fayad. Pensamos que justamente esa independencia del medio y el carácter crítico de los concejales motivaron las amenazas. No hay otra explicación.
No hemos tenido con el intendente Fayad actitudes persecutorias (no es nuestra práctica con ninguna persona), ni hemos hecho “operaciones” como las que denunció el jefe comunal, que nos mide con una vara a la que está acostumbrado, pero que no es la nuestra. Tampoco “corroemos” su gestión, tal como dijo el viernes 3 de setiembre en un reportaje en el diario Uno. Ese día ya había funcionarios de la Municipalidad, algunos de ellos importantes, citados a declarar en el marco de esta causa.
Producto de su personalidad autoritaria y haciendo uso de lo que supone es la impunidad del poder, Fayad ha actuado en numerosas oportunidades contra MDZ Online, cuya propiedad es de los mismos accionistas que Publicidad Sarmiento. Así, el jefe comunal discriminó informativamente al diario y le retiró la publicidad oficial. También revocó ilegalmente contratos de Publicidad Sarmiento y recibió fallos judiciales en contra por ello. Luego, Fayad coronó sus andanadas con una larga serie de expresiones desproporcionadas y falsas contra el diario y sus propietarios, en las que destiló todo su enojo.
Hemos sido prudentes. Hemos hecho la denuncia por las amenazas en la Justicia y esperado con paciencia el avance de la investigación, aun cuando como querellantes no hemos obtenido del fiscal todas las medidas procesales que habíamos planteado. El fiscal Garay siguió su propio camino jurídico.
Por ser querellantes, desde hace seis semanas hemos ido conociendo el origen de las amenazas. Es decir, teníamos la información periodística holgadamente a disposición. Pero nos privamos de utilizarla o hacer publicación alguna aguardando el curso de la tarea del fiscal. Y lo que quedó tras estos cinco meses en los que el fiscal recabó datos, investigó, solicitó informes a empresas de telefonía, cruzó llamadas, pidió intervenir líneas y citó testigos, son los hechos: Entre el 8 y el 26 de abril de este año, desde un teléfono oficial de Fayad, que el intendente ha utilizado con frecuencia antes y después de esas fechas, se emitieron amenazas concretas a la vida y la seguridad de tres personas y agravios e insultos a varias más, en esos mismos mensajes. Se trató de amenazas destinadas a provocar miedo y que destilaron el odio profundo y la personalidad intolerante y delictiva del amenazador. Fueron decenas de mensajes que delataban logística y organización y la decisión de provocar temor, de atenazar las voces disonantes, de ahogar al que piensa diferente y además lo dice.
Porque es nuestra obligación nos presentaremos en distintos foros y organismos. Lo que ha sucedido es grave y daremos cuenta de ello en gremios y asociaciones periodísticas mendocinos y nacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión, en las comisiones de Derechos y Garantías del Senado y la Cámara de Diputados de Mendoza y en la Cámara de Diputados de la Nación, por ser Fayad un ex legislador nacional. También solicitaremos al Concejo Deliberante de Capital que inicie una investigación propia, por el uso de bienes municipales para cometer un delito grave y por el delito en sí.
En el curso de esta investigación hemos detectado además la posible comisión de otros ilícitos cuyas pruebas hemos aportado a la justicia: corrupción y discriminación son dos de ellos.
Todo esto ocurrió en democracia, en Mendoza, en el mes de abril del año 2010. Por estos hechos bien concretos es que ahora el intendente tendrá que enfrentar una imputación de la justicia penal mendocina.
Ricardo Montacuto - Director periodístico de MDZ Online.