Nadie duda que Víctor Manuel Federico Fayad (57) debió tener un mejor fin de su carrera política, aunque sea en honor a la confianza que miles y miles de personas han depositado en él en cada elección y en los diversos cargos que ha ocupado a lo largo de los años. Pero el intendente de capital ingresa al ocaso de su carrera política acusado de amenazas agravadas cometidas bajo la presunción del anonimato, contra un periodista que además fue y es director de un medio.
Ni bien la investigación lo señaló como culpable y las pericias y cruces de llamadas indicaron que era el mismísimo Fayad el autor de las amenazas, supimos que teníamos razón en cuanto a la naturaleza profundamente autoritaria del intendente: la larga campaña de hostigamiento contra el diario MDZ, sus periodistas, sus accionistas, y la empresa Publicidad Sarmiento, eran parte del mismo accionar del jefe comunal. Y lo ejecutó con el apoyo de ciertos medios que le son afines y el acompañamiento silente de otros, más la conveniente miopía de su propio partido, del Concejo Deliberante y de miembros de la oposición. Parte de la aventura furiosa del intendente ha tenido consecuencias judiciales, con fallos adversos contra la Municipalidad y a la espera de otros casos que siguen en trámite. Ello es la consecuencia directa del comportamiento autocrático del intendente, un sintoma que se ha agravado de manera exponencial en los últimos años. Su caracter maltratador y despectivo de las normas de convivencia democrática y de respeto ya son un clásico en la Municipalidad, soportado sólo por quienes aun le son fieles. Varios de los que se hartaron, o que él descartó como si las personas fuesen desechables, dan testimonio de ello en su permanente desfile en otros municipios radicales buscando trabajo o refugio político.
En numerosas oportunidades el intendente y su abogado Marcelo Biglieri intentaron en este caso desviar el trayecto de la justicia con argumentos inverosímiles. No fue lo único: en su declaración indagatoria Fayad mintió con descaro, falseó hechos y circunstancias y agravió a varias personas, entre ellos los accionistas del diario y sus familias. Fue de tal tenor la mentira, que la querella planteó en un recurso el pedido de pericias psiquiátricas, una rinoscopía y exámenes rectales para verificar por medio de la ciencia la veracidad de las palabras de Fayad. Este pericia no fue admitida.
El delito del intendente no se agota en las amenazas agravadas. Es un funcionario que está sujeto al cumplimiento de la ley, de la Constitución y de la Ley Orgánica de Municipalidades de Mendoza, que en su artículo 66 regula el comportamiento que deben observar jefes comunales y ediles. “El intendente y los concejales podrán ser denunciados ante el Concejo Deliberante, ya sea por uno de sus miembros o por un elector del municipio respectivo, por desorden de conducta, abuso en el manejo de los fondos municipales, transgresiones u omisiones en el desempeño de sus cargos o por actos de indignidad o desacato contra el cuerpo” dice la norma. Como se ve, cualquier concejal de la oposición o aun del oficialismo podría iniciar el proceso de destitución del intendente. Pero el Concejo capitalino ha sido degradado y transformado en el remedo de una institución de la democracia.
Está claro que en el Concejo Deliberante de Capital a Fayad le sobran los dos tercios que necesita para salvarse de un juicio político. Pero el cuerpo ha tenido, salvo alguna que otra excepción, una actitud de encubrimiento con este caso. Valga decir que el presidente del CD –antes el abogado Marcelo Rubio y ahora Rodolfo Suárez- nunca contestó una nota del periodista amenazado en la que pedía utilizar la banca del vecino para denunciar el accionar delictivo del intendente. Esta solicitud fue hecha hace más de un año y medio. En una sociedad más seria o de una democracia más avanzada, un jefe comunal con semejante acusación se apartaría de su cargo mientras se realiza el proceso. Baste decir que en Brasil, Dilma relevó a siete ministros apoyada en pruebas periodísticas de la corrupción. Pero aquí la medida de la democracia y la calidad de las instituciones es menor. El "Caso Fayad" lo demuestra.
No obstante, la justicia ha comenzado a descorrer el velo que protegía el accionar oscuro del intendente, y no sólo en este caso. Jueces comerciales revocaron sus decisiones arbitrarias, la Suprema Corte le obligó a reponer en su cargo a una asesora legal de tránsito, a la que había acosado con ferocidad y sometido a vejámenes, hasta que la echó de su trabajo. Y jueces laborales revirtieron sus decisiones ilegales en cuanto al trato que Fayad brinda a los empleados de la Municipalidad y a sus representantes gremiales: un régimen de terror, de ilegalidades hasta en la liquidación de cargas sociales, donde menudean los funcionarios sometidos por completo. También sus congéneres de la política han comenzado a dejarlo a un lado: como producto de sus brotes autoritarios en la UCR está aislado y el gobierno ya no le considera un referente de la oposición.
Es posible que las amenazas a la prensa no estén en la “agenda de la gente”, preocupada por la inflación, la inseguridad, el dólar, y su trabajo. Pero el delito por el que se va a juzgar a Fayad en un juicio oral no es menor. Se trata de amenazas agravadas contra un periodista. Intimidaciones fuertes que preocuparon, generaron miedo, modificaron rutinas, afectaron, por su carácter de anónimas y por el tono de los mensajes. Fue una desagradable sorpresa descubrir que el autor había sido un intendente –el más importante de Mendoza- votado por sus vecinos. Además, la Unión Cívica Radical es un partido que se precia de su defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos. En ese contexto lo que ha hecho Fayad y por lo que ahora se lo juzga es mucho más que un desmérito: se parece más a un motivo de profunda vergüenza política.
No tenemos ninguna duda de que Fayad fue el autor de este delito, como tampoco la han tenido los jueces que entendieron hasta ahora en el caso. Lo que resta es que el intendente se siente en el banquillo, ponga la cara con la gente y que cumpla luego con una sentencia ejemplificadora y reparadora de justicia. Así, el intendente podrá hacerse cargo de lo que hizo y purgar las culpas que le correspondan.
El intendente de Capital, ante la consecuencia inevitable de sus actos
Se sentará en el banquillo acusado de amenazas anónimas al director de un medio. En cuatro instancias la justicia fue marcando el camino. Supimos desde el principio que teníamos razón: a las puertas del juicio oral, no hay dudas de que Fayad es el autor de las amenazas. Los concejales deberán destituirlo. Será el fin de una carrera política que debió terminar mejor.
