Por @villalongaj
La pregunta que tortura a los representantes de empresas españolas en la Argentina, tras el anuncio de hoy (lunes 16) de la presidente Cristina Kirchner sobre la "estatización" de YPF, es cuál será la próxima. Y la incertidumbre atenaza tanto a Endesa, accionista de Edesur, la primera en la lista de posibles futuras “víctimas” del Gobierno, como a la propia Telefónica de España, dueña de la mayoría accionaria de Telefónica de Argentina, hasta ahora una presunta “intocable”.
Bien, luego de la decisión tomada por el Ejecutivo nacional queda claro que ya no hay “intocables”. Roto el manual de las “buenas costumbres” del sistema capitalista, con razones o sin ellas, el Gobierno dio un paso clave hacia un modelo que justifica en un contexto internacional que, a raíz de la crisis dasatada en 2008, pone a los estados de nuevo en el centro de las decisiones económicas nacionales. Y que, paralelamente, revela que la política energética del kirchnerismo fue desacertada, al menos en la elección del socio internacional. Esto, por decir lo menos.
Pero Repsol no podría haberse llevado más de 12.000 millones de euros en utilidades en los últimos años si no hubiera sido porque el propio kirchnerismo avaló esas decisiones empresarias. Del mismo modo que impulsó (específicamente Néstor Kirchner) que el Grupo Eskenazi comprara su tenencia accionaria con futuros dividendos.
Pero todo esto es pasado. Hoy la “cuenta energética” da muy mal y la decisión tomada, aunque para algunos es tardía y para otros es errada, tiene racionalidad desde el punto de vista económico.
La medida del Gobierno anticipa una dura disputa política y legal con el Reino de España, que cuando habla de consecuencias alude, entre otras, al Club de París, ese foro con el que la Argentina quiso arreglar su deuda en los últimos años y que, previsiblemente, ahora le cerrará las puertas. Cuando el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, trataba de cerrar un acuerdo, pensaba que era necesario para regresar algún día al mercado internacional de capitales. Ahora está claro que ese ya no será el objetivo de este Gobierno.
Desde Madrid se advirtió hoy que la decisión afectará a Argentina por su política "proteccionista", algo que desde Buenos Aires es contestado afirmativamente y con orgullo. "No caben otras políticas", afirman cerca del viceministro de Economía, Axel Kicillof. Para España, ha quedado dañada de manera irreversible la "necesaria seguridad jurídica" en Argentina, tanto para las empresas españolas como para las de otro origen.
De cualquier modo, el proyecto de ley enviado al Senado establece que el Estado recuperará el 51 por ciento de las acciones de la petrolera de bandera, del cual la mayoría quedará en sus manos y el 49 por ciento, en las de las provincias. Las acciones confiscadas son, en su casi totalidad, de Repsol, por lo que los Eskenazi y aquellos inversores minoritarios que tengan papeles de YPF, sea en la bolsa local como en las de Madrid y Nueva York, deberán esperar al final de un proceso de tasación encarado por el Tribunal de Cuentas de la Nación para conocer el valor de esas acciones.
El accionariado de la nueva YPF quedó constituido, entonces, del siguiente modo: Estado nacional, 26,03 %; Grupo Petersen (familia Eskenazi), 25,46 %; Provincias, 24,99 %; Repsol, 6,43 %; flotación en las bolsas, 17,09 %.
Las acciones en poder del Grupo Eskenazi quedarán sujetas a los vaivenes de la nueva compañía. Hoy su valor está un 45 por ciento por debajo de lo que estaba hace cuatro meses.