La situación en la que ha quedado el grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi) tras la expropiación de un 51% de YPF por parte del Gobierno argentino tendrá graves consecuencias para sus bancos acreedores y la propia Repsol (además de como acreedora, como vendedora en su día del 25,4% del capital a Petersen). Esta desinversión se produjo en dos fases: la venta en 2007 del 14,9%, financiada en un 90% a través de sendos préstamos de un grupo de bancos y de Repsol, por 1.018 y 1.015 millones de dólares, respectivamente; y el ejercicio de una opción por otro 10%, ejecutada hace un año a través de otros dos créditos de 670 millones de otro sindicato de bancos y, subsidiariamente, la petrolera, informa hoy el diario español Cincodias.com
Según el acuerdo de accionistas firmado entre Repsol y Eskenazi en febrero de 2008, que contó con el beneplácito del Gobierno de Kirchner, YPF repartiría el 90% de su beneficio para facilitar al empresario argentino el pago de la deuda. En el caso de que Repsol redujera su participación del 50,01% o "no realizase los actos societarios" para aprobar dicho nivel de dividendo, el grupo español estaría obligado "adquirir la totalidad del senior loan y convertirse en titular de los derechos". Esto es, debería asumir su préstamo y el del resto de los bancos. Por el momento, estos podrán ejecutar los 400 millones de dólares que Eskenazi debía pagar este mes y a los que no ha podido hacer frente.
Ante una posible interpretación desfavorable a Repsol de estas cláusulas (de no cumplirse, el acuerdo incluye además una compensación a Eskenazi de 500 millones de dólares), en la petrolera dicen estar tranquilos, pues la pérdida de control no ha sido voluntaria, sino "por una confiscación". En cuanto al dividendo, en el consejo de YPF previo a la expropiación se acordó su pago en acciones, "pero el acuerdo no obliga a que sea en efectivo". Además, fue aprobado por el propio Eskenazi, señalan en Repsol.
Fuentes empresariales dudan de que los bancos vayan a reclamar, por su parte, que Repsol les pague, aunque la tentación pueda existir: la banca tiene pignorado un 19,5% del capital, que hoy vale unos 1.000 millones, frente a una deuda de la que es acreedora de 1.200 millones de dólares. Por tanto, no cobrará, se quedará con unas acciones devaluadas (han caído un 60% en lo que va de año) y sin perspectivas de rentabilizar las acciones en un empresa nacionalizada. En todo caso, una hipotética denuncia del acuerdo estaría sujeta a la jurisdicción española, pues la sociedad con la que Petersen adquirió su paquete tiene su sede en Madrid.
Lo que sí parece haber descontado ya Repsol es que su socio argentino pueda pagarle, aunque el primer vencimiento de su deuda se producirá el año que viene. De ejecutarla, Repsol recuperaría un 6% del capital de YPF (el que tiene pignorado), que, con el 6% que no le ha sido nacionalizado, sumaría el 12%.
Para la banca acreedora, la ventaja de una ejecución de la deuda es que, convertida en accionista, podrá recurrir a los tribunales para reclamar sus derechos. Otra ventaja, de paso, para Repsol, que contaría con otro aliado en sus pleitos contra la expropiación.