La reestatización de la mayoría accionaria de YPF es una decisión tomada y en curso hay una durísima negociación entre los gobiernos argentino y español, negociación que se refleja en las versiones fogoneadas de uno y otro lado y que se publican con la evidente intención de influir en su resultado.
La distancia entre las puntas de esta controversia va de una valoración de la acción a la fecha previa al inicio de las hostilidades de la Administración Kirchner, lo que supondría un precio 40% mayor al actual, a otra por el Tribunal de Cuentas de la Nación, que previsiblemente pondría en la balanza hasta eventuales daños y perjuicios para que el precio terminara pareciéndose a cero.
La primera punta ni siquiera es tenida en cuenta por la presidente Cristina Kirchner. La segunda, una confiscación, resulta inadmisible para el gobierno del conservador Mariano Rajoy.
El oficialismo cuenta además con los votos necesarios para aprobar en el Parlamento una decisión semejante. El radicalismo y el socialismo, con algunos desgajamientos, ya le anticiparon un eventual apoyo a Agustín Rossi, el jefe de la bancada K en la Cámara baja.
El borrador de proyecto que circuló ayer sería el modelo extremo y sirvió para activar todavía más las alarmas en Madrid, que emitió un comunicado de tono inusualmente duro. Se comprende, YPF le proveyó a Repsol en los últimos años de “vacas flacas” buena parte de su rentabilidad. Y, más allá del resultado de la negociación en marcha, que el Gobierno argentino se quede con el control de la empresa petrolera que fundó el general Enrique Mosconi, supone una “mutilación” para Repsol, de la que deberá tratar de salir indemne.
Las opciones de cara al futuro son varias: puede el Gobierno argentino confiscar el 50% del paquete accionario y sumar su “acción de oro” para comenzar a gobernar la nueva petrolera estatal de bandera, y en esa operación quedarse con la mitad de las acciones que hoy tiene Repsol (sería el 27 por ciento, aproximadamente) y con las que posee el Grupo Eskenazi (otro 25) al valor que se negocie o que establezca. Puede comprar la casi totalidad de las acciones que posee en la actualidad la petrolera española (54 por ciento) y dejar dentro a los Eskenazi. E incluso hasta podría hacer un mix con acciones de los dos grupos y otras en las bolsas, aunque éstas últimas debería pagarlas sí al precio de mercado, precio que ya no es el que fuera.
Las estimaciones que hacen los operadores y técnicos que asesoran a la Presidente son tanto económicas como legales y políticas. El guiso está sobre la hornalla y el proceso de cocción durará lo que tenga que durar. Ni más ni menos.