YPF: a rey muerto, rey puesto

Si la expropiación del paquete accionario de Repsol en YPF fue una patada al tablero político y económico con una serie de derivaciones tanto locales como internacionales, día tras día continúan produciéndose reflejos de aquella decisión anunciada por la presidente Cristina Kirchner el pasado lunes 16.

“A rey muerto, rey puesto”, advierte el dicho español. Nunca mejor aplicado al caso de la petrolera ibérica y a su principal negocio de exploración y explotación en el mundo, el que ahora volverá a manos del Estado argentino una vez que el proyecto de ley respectivo sea sancionado en el Parlamento local por abrumadoras mayorías.

Una media docena de petroleras importantes mantienen febriles negociaciones con el Gobierno para ocupar el lugar de Repsol y avanzar todavía más en la exploración y en la explotación de los nuevos yacimientos descubiertos, los que podrían convertir a la Argentina en un país autosuficiente y exportador en el mediano plazo.

Las amenazas iniciales del Gobierno español a las autoridades argentinas, y el histérico eco de los medios de ese origen, han ido dejando paso con las horas y los días a declaraciones más medidas de los portavoces del gobierno conservador de Mariano Rajoy. Se comprende: la postura de la Administración Kirchner no dejó lugar a dudas y cualquier negociación será, en el futuro, por el precio de la parte expropiada. Pero de la confiscación no hay vuelta atrás. En la Argentina se escribió un nuevo y bochornoso capítulo del enfrentamiento entre los medios opositores y los oficialistas.

Los asesores legales del Gobierno Rajoy han comenzado a advertir que, en primer lugar, el Estado español tiene las manos atadas para cumplir cualquier amenaza hasta tanto Repsol pueda presentarse ante un Tribunal internacional (el CIADI). Y el hecho es que podría hacerlo recién una vez que tuviera de parte del Gobierno argentino una oferta insatisfactoria de reparación económica, lo cual no va a suceder al menos en los próximos seis meses, el tiempo que le tomará a la intervención del ministro de Planificación, Julio De Vido, al viceministro de Economía, Axel Kicillof, y a sus colaboradores en YPF establecer el estado real de la compañía tras los doce años de gestión de Repsol, compartidos en los últimos cinco por el Grupo Eskenazi. En ese plazo, las provincias productoras de hidrocarburos deberán evaluar el pasivo ambiental dejado por la gestión de Repsol en YPF, lo que reduciría aún más una eventual reparación.

La cancillería española recibió buenas y malas a sus pedidos de solidaridad. El balance es indefinido: un portavoz estadounidense accedió a expresar la “preocupación” que le generó a Washington la medida adoptada por Argentina y la Comisión Europea se mostró “decepcionada” por la expropiación, pero el director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Christian Leffler, salió al cruce de un pedido de Madrid en el sentido de que se dejara a un lado a Buenos Aires en las conversaciones con el bloque regional sudamericano. Leffler explicó, didáctico, que "no se puede negociar con tres cuartos del Mercosur como no puede negociarse con tres cuartos de la UE".

Para aislar cualquier intento de alineación corporativa, el Gobierno argentino aclaró a través del ministro del Interior, Florencio Randazzo, que no está en la mente de la Administración Kirchner la expropiación de más compañías, sean españolas o de otro orígen. La Argentina de los ’90 fue la base desde la cual las empresas hispanas avanzaron en su internacionalización, y naturalmente es desde donde han comenzado a replegarse a partir de la grave crisis que atraviesan. El Banco Santander, por ejemplo, ha vendido varias de sus operaciones regionales y aspira a deshacerse de su filial en Brasil con el fin de capitalizar a su casa matriz.  

El caso de Telefónica de Argentina parece distinto y es probable que no corra peligro inminente, más allá de la fuerte multa que se le aplicó a Movistar recientemente, pero el Gobierno avanza a paso firme con su empresa estatal de provisión de servicios de Internet con el fin de terciar en este mercado en el que compiten Cablevisión, del Grupo Clarín, y Arnet y Speedy, las empresas de Telecom y Telefónica.  Se replica el modelo de la Televisión Satelital Terrestre, con la que el kirchnerismo ha intentado hacer mella en el mercado de la TV paga, en el que el grupo que lidera Héctor Magnetto controla casi el 40 por ciento del negocio.

La expropiación de YPF tuvo consecuencias políticas evidentes. Cristina Kirchner retomó el centro de la escena como cada vez que su Gobierno ha entrado en crisis. Lo mismo ocurría con Néstor en el poder. Las denuncias mediáticas y judiciales contra el vicepresidente, Amado Boudou, por el llamado “caso Ciccone” habían ingresado en un espiral que parecía indetenible.

El punto culminante fue el allanamiento a su departamento de Puerto Madero. Hay quienes dicen que, por esto mismo, la Presidente volvió de la Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias con la decisión de acelerar la expropiación, paso que ya había decidido con anterioridad y que era el último eslabón de una cadena de hechos que fueron cumpliéndose uno a uno desde enero pasado. La reversión de áreas petroleras, la cancelación de los programas de subsidios a la producción, el intento por cambiar la redacción de la Memoria de YPF, etc., fueron hitos en un camino ya marcado que debía terminar donde terminó, con el desplazamiento de Repsol de la petrolera de bandera local. Ya a finales del año pasado, en plena crisis en la cúpula de Repsol por el intento de desplazar a Antoni Brufau,  el CEO, el subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta (una suerte de Guillermo Moreno aunque sin tanto carácter), había amagado con forzar un ingreso del Estado en YPF. Baratta, de hecho, era el representante estatal en el directorio de la compañía. 

La expropiación de YPF marca el nacimiento del segundo mandato de Cristina Kirchner y el ocaso del primer kirchnerismo, aquel nacido de la extrema vulnerabilidad del 23 por ciento de los votos en 2003.

De aquí en más, el “cristinismo” tratará de sentar las bases de un nuevo movimiento -ahora sí transversal- y con la aspiración de trascender el final de este mandato constitucional, el 10 de diciembre de 2015. Pero para esto hace falta una mística que Boudou no representa, con su ritmo de vida rimbombante. No obstante, no será Cristina en esta etapa la que le entregue al “enemigo” (así se refieren cuando hablan de Clarín) al ministro que ella eligió para que la acompañara en la fórmula presidencial. Por más desprolijo que haya sido. No ahora.

En los despachos más encumbrados se congratulan de haber superado el sofocón del “Boudougate” sin mayor daño. El propio vicepresidente llamó a un empresario conocido para jactarse de que, expropiación mediante, ya no estaba en la tapa de los diarios. La falta de contundencia jurídica de los hechos esgrimidos en su contra, más la torpeza mediática de un juez, hicieron el resto del trabajo.

Aunque el resultado haya sido ese, la confiscación de las acciones de Repsol en YPF es una decisión de un peso que largamente supera la conspiración, aunque sin duda ayudó a cambiar el eje de la agenda por un tiempo.  

De igual modo, haría bien el vicepresidente en no confiarse.