Cuatro meses, cuatro problemas

Se cumplen cuatro meses de la nueva administración de Cristina Fernández, y el panorama es, por demás, sombrío, con cuatro problemas serios. El escándalo del vicepresidente se suma al de YPF,  al neonacionalismo malvinero y el cierre de la economía.

El escándalo del vice presidente, Amado Boudou, es un golpe duro para el gobierno. Mientras algunos de sus compañeros, como Guillermo Moreno, se destacan por su honestidad e incorruptibilidad, el vice enloda la imagen del gobierno y lo debilita. Esto muestra la importancia de las trayectorias cívicas. La clase política tiene una lección importante que aprender: al seleccionar candidatos, es importante tener en cuenta esa trayectoria de compromiso con la causa pública; el cursus honorum; la experiencia acumulada de ser concejal, legislador provincial y miembro de los cuerpos orgánicos de su partido político, durante varios años, para recién después, asumir compromisos mayores. La figura de Santiago Felipe Llaver vuelve a surgir como paradigma: llegó a la gobernación después de treinta años de militancia, casi siempre en el llano.

Esto corre para el vicepresidente y para varios más, como  la diputada camporista por Mendoza (con tres meses de militancia previa), cuya propuesta era servir como “soldado de Cristina en el Congreso”. Al parecer, en su corta trayectoria, no alcanzó a aprender que el lugar donde se reúnen los soldados es un cuartel, y no un congreso; y que lo propio del soldado no es pensar, sino obedecer órdenes. ¿Para qué le sirve a Mendoza un legislador que renuncia voluntaria y expresamente a pensar?

El encumbramiento de dirigentes improvisados es fruto del verticalismo y la falta de democracia interna en el partido del gobierno. Se ha bloqueado la vida cívica en el peronismo. Ya no hay funcionamiento institucional ni reconocimiento a los servicios y los méritos, como sí hicieron los peronistas republicanos (Alejandro Mathus Hoyos, Faustino Picallo, José Octavio Bordón, Arturo Lafalla). La actual versión del peronismo chavista, coincide con el peronismo conservador de Menem, en el sentido del verticalismo, el populismo, el personalismo y la anulación del funcionamiento institucional. Es urgente que la Argentina recupere la tradición republicana del peronismo, como antídoto de emergencia para paliar estas patologías institucionales.

El escándalo de YPF es otro motivo de preocupación. Su producción cayó de 450.000 barriles en 1999 a 250.000 en 2011; en ese lapso, el parque automotor trepó de 6,9 a 9,5 millones de automotores. Creció la demanda y cayó la oferta como resultado de las políticas de incentivo del consumo y desincentivo de la producción (el gobierno fijó durante muchos años el valor interno a 40 dólares el barril, lo cual causó la caida productiva). Ahora hay que importar hidrocarburos a más de 100 dólares el barril, por valor de U$S 13.000 para este año. En otras palabras, el modelo anterior fracasó.

 ¿Hacia dónde ahora vamos con YPF? ¿La vamos a mantener como empresa privada, pero bien controlada por el Estado o la vamos a estatizar? En el complejo mundo de los negocios internacionales, cada vez resulta más complicada la gestión de grandes empresas estatales. Los neoliberales, en su actitud de demonización del Estado, asumen una posición de escepticismo radical: para ellos, es absolutamente inadecuada e inviable una empresa en manos del Estado. Como ejemplo pueden citar el caso de Aerolíneas Argentinas, que genera pérdidas superiores a los 500 millones de dólares anuales, y la comparan con Lan Chile, que genera un monto mayor en ganancias para el Estado por medio de los impuestos. Claro, mientras Aerolíneas la conducen los militantes de la Cámpora, Lan está en manos de gerentes y profesionales.

Como todos los dogmáticos, los neoliberales se equivocan: también existen empresas gestionadas por el Estado, exitosas. El caso paradigmático es Codelco, responsable de la mitad de la producción de cobre en Chile, capaz de generar exportaciones por 15.000 millones de dólares por año, y recursos fiscales que aseguran la estabilidad macroeconómica de ese país. El ejemplo de Codelco puede servir como paradigma para una eventual estatización de YPF. Pero para ello, es necesario un cambio de mentalidad en el gobierno. Principalmente, por la necesidad de establecer una separación clara entre el gobierno y el Estado. El gobierno no puede hacer cualquier cosa con las empresas del Estado; no puede considerarlas como patrimonio personal de los gobernantes; las empresas estatales se deben mover dentro de un régimen de autonomía, con reglas de juego estables, y un control permanente, tanto del gobierno como de la oposición. Y no pueden ser botin de guerra de los militantes del partido circunstancialmente en el poder: se requiere una administración altamente profesional y no como caja para militantes rentados.

¿Será capaz el actual gobierno de dar el gran salto de calidad que se requiere, en términos de calidad institucional, para poner en marcha un emprendimiento de esta naturaleza? ¿Podrá construir una propuesta, en consenso con la oposición, para un plan de largo plazo, de gestión de YPF estatal, con garantías de probidad?

El neonacionalismo malvinero es otro tema preocupante. Tanto James Cameron como Cristina Kirchner coinciden en encontrar en las Malvinas, un medio adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Ambos sobreactúan el diferendo para obtener réditos políticos. La presidenta Fernández levanta un discurso fuertemente nacionalista, y se presenta a sí misma, como la protectora de la soberanía nacional. Usa una pirotecnia discursiva, aparentemente inofensiva. Pero en el fondo, ese discurso agresivo tiene su contraparte, con la promoción, indirecta pero real, de la xenofobia. Al instalarse este tipo de discurso nacionalista, se alienta el odio al otro, comenzando por los ingleses, y siguiendo con los que se puedan asociar como cercanos a ellos. Esto es muy peligroso y se puede desmadrar en cualquier momento. Los ataques violentos a la embajada británica y el maltrato a un estudiante mendocino en un boliche por llevar una remera con dibujos malvineros, son meros ejemplos de las tempestades que se pueden desencadenar. Esto es como el discurso antisemita y homofóbico alentado durante siglos por los clérigos (en los oficios de Semana Santa, el misal romano se refería a los “pérfidos judíos”; y  Ratzinger se empeña en afirmar que la homosexualidad es obra del diablo.

El Holocausto alemán, y el asesinato de Daniel Zamudio, más allá de sus ejecutores materiales, tiene otros responsables mucho más encumbrados. Los constructores de ideologías del odio (xenofobia, antisemitismo, homofobia), tienen que medir las consecuencias últimas de sus actos.

 Por último, el cierre de la economía es otra arma de doble filo. Es una herramienta usada en la década de 1930, como respuesta a la Gran Depresión. Muchos países trataron de salvarse solos, cerrando sus mercados, con idea de preservar sus puestos de trabajo. El resultado fue peor: se produjo una escalada nacionalista, que terminó en la catástrofe de la IIGM. En el corto plazo, estas medidas pueden dar rédito económico al gobierno; sobre todo por reducir las importaciones y preservar, al menos momentáneamente, el superávit de la balanza comercial.

Pero estas acciones también tienen sus efectos no deseados y sus consecuencias. Lo más visible es el daño económico: algunos industriales necesitan partes importadas para terminar de fabricar sus productos; otros empresarios importan materias primas para añadirles valor y reexportarlas; ya no podrán hacerlo. Todo esto va a significar, a la larga, una reducción de la producción en general, tanto de bienes destinados al mercado interno (lo cual va a generar más inflación), como de los bienes exportables (y como resultado, se perjudicará la balanza comercial). Pero hay otros problemas más delicados que los meramente comerciales. La salud es uno de ellos. El cierre de las importaciones está generando faltantes en medicamentos y reactivos insustituibles; ya hay estudios y análisis que no se pueden realizar por falta de reactivos, lo cual imposibilita el diagnóstico; en algunos nosocomios, ya no hay forma de controlar si la sangre de los dadores tiene enfermedades infectocontagiosas. Esto pone a los médicos y enfermeros en la cruel dicotomía: no hacer la transfusión y dejar que el paciente muera, o hacerla, corriendo el riesgo de infectarlo. ¿Se puede someter a un ser humano a este diabólico dilema?

Cuatro meses; cuatro problemas. Esperemos que en cuatro meses más, el resultado sea diferente.