La “jihad” mediática

En Twitter: @villalongaj

El desmadre político sigue su curso. Ya hay algunos en el Gobierno que sostienen, por ahora en privado, que la oposición mediática busca evitar que Cristina Kirchner termine su mandato. Los principales referentes del Grupo Clarín cayeron en la cuenta de que, lo que anunciamos en esta columna hace tres semanas, es decir, que la Presidente decidió ir a fondo contra el multimedios, no solo era cierto sino que tendrá una salida legal o administrativa a partir del 7-D. La asunción de Martín Sabbatella en la AFSCA con el discurso unificado de que ese día Clarín caerá en la ilegalidad si no se adecua a lo establecido por la Ley de Medios, terminó por convencer a propios y a extraños de que se acerca un desenlace en la madre de todas las batallas.

La cuestión es el cómo. Y, secundariamente, el cuándo. La forma, lo dijimos, contempla al menos dos alternativas: la presentación judicial reclamando la intervención para que se aplique la norma; o la intervención lisa y llana de la AFSCA al hacerle caer las licencias que exceden el límite autorizado, esto es, al menos 216 licencias de TV por cable.

En cuanto al cuándo, la segunda decisión puede tomarse el mismo 7-D, si se acepta lo anticipado por los “spots” del oficialismo y ahora por el propio Sabbatella, quien este martes repitió en cada nota que dio que “no hay ningún grupo con privilegios” y que la ley “es una para todos”. La salida judicial llevará más tiempo, que es lo que Clarín quiere ganar para cocinar, a fuego rápido, un “puchero” cargado de movilización social e incertidumbre, con el objetivo evidente de condicionar lo más posible a Cristina Kirchner y evitar que tome una medida irreversible. Este menú “destituyente” incluye incluso condimentos más dramáticos, según el imaginario de los más cercanos colaboradores de la primera mandataria.

Haya o no haya sido redactada con el único fin de desguazar al Grupo Clarín, la Ley de Medios reclamaba la presentación en tiempo y forma de un plan de adecuación, en aplicación del famoso artículo 161, por el cual los grupos debían proponer qué licencias estaban dispuestos a ceder para poder “estar a derecho”. En una anunciada pero nueva traición a Clarín, el grupo Vila-Manzano presentó su propuesta a la AFSCA y se desmarcó del conglomerado que dirige Magnetto. Lo mismo hicieron los demás tenedores de más licencias que las permitidas: el duo Garfunkel-Szpolski; y Raúl Moneta, que se quedó con las radios que había comprado en nombre de Garfunkel y vendió Radio Belgrano; el grupo español PRISA vendió Radio Continental y Telefé, de Telefónica Internacional, tiene la cantidad de licencias permitidas. Sucede que Vila y Manzano habían acompañado a Clarín en la presentación de la cautelar que denunciaba la inconstitucionalidad del artículo 161.

Naturalmente, no se conoce el contenido de las propuestas de adecuación, pero ahora es responsabilidad de la AFSCA aprobarlas o rechazarlas, en todo o en parte. Cuando eso ocurra podrá saberse de qué licencias ofreció desprenderse el grupo de los mendocinos y en favor de quiénes.

Así las cosas, pasó a ser importante quién podría ser el magistrado que se haga cargo del juzgado en lo civil y comercial federal 1, que tramita la causa de Clarín contra la Ley de Medios. Finalmente, este martes se supo que la designación de Raúl Tettamanti, un magistrado jubilado, quedó firme porque la Corte Suprema rechazó por "improcedente" una carta enviada desde la Cámara en lo Civil y Comercial en la que se le pedía el "aval" para los nombramientos de jueces subrogantes. El máximo tribunal entendió que no le corresponde intervenir porque ya "delegó en las Cámaras la forma de cubrir subrogancias", por lo cual Tettamanti quedó nombrado tras haber sido designado por la Cámara del fuero.

Ese juzgado, precisamente, está siendo concursado en el Consejo de la Magistratura. Y el concurso ya es un escándalo. Según la crónica de Clarín, la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura “fracasó el lunes en su primer intento de aprobar una terna ampliada de candidatos a jueces para el fuero civil y comercial federal porteño, entre ellos una abogada que trabaja para el Gobierno y que fue subida de puestos sucesivamente del 15º al 6º lugar”.
Alude así a María Lorena Gagliardi, que denunció y recusó por la mañana a uno de los consejeros no kirchnerista, el juez Ricardo Recondo. “Aún así el oficialismo no reunía los votos para aprobar el concurso y poco después de las 20 postergó todo hasta el jueves a las 11”, reseña la nota, que añade lo fundamental. “Entre los juzgados vacantes se encuentra el que tramita los planteos judiciales del Grupo Clarín contra la ley de Medios. Y Gagliardi se habría jactado de que iría a ese puesto, según fuentes judiciales”. La mujer es una de las candidatas que el Gobierno impulsa para el juzgado 1 y el concurso del que surgió, el 258, fue denunciado por irregularidades por diputados de la oposición ante el juez federal Ariel Lijo.

Según Clarín, “si Recondo no votaba el kirchnerismo podía llegar a reunir los dos tercios de los votos exigidos por el reglamento”. Entonces, apunta, “el oficialismo decidió no pasar a plenario y mantuvo todo dentro de la comisión de Acusación y Disciplina ante la falta de seguridad del total de votos”.

El jueves, entonces, los consejeros deberán resolver sobre la recusación de uno de sus miembros en el caso de un concurso, que no está prevista por reglamento. Y una vez resuelto eso, obtener, o no, los dos tercios de los votos para aprobar la terna.

“No se puede iniciar un proceso con una fotocopia trucha”, expresó Recondo en referencia a la falta -justamente- de la foja donde no aparecía su firma, entre otras irregularidades. “El fin de todo esto es designar a un juez amigo para resolver una de las causas más importantes”, dijo a su turno el radical Oscar Aguad.

Esta disputa deja ver que unos y otros todavía mueven sus trebejos en distintos tableros, simultáneamente. Contar con una jueza afín en primera instancia sería para el Gobierno un “plus” si allí comienza a dirimirse la aplicación de la Ley de Medios. En el Ejecutivo descuentan que la Cámara adonde llegaría la apelación es favorable a Clarín pero se ilusionan con una lectura –optimista para algunos– de la última acordada de la Corte del pasado 22 de mayo, que está siendo meneada por el oficialismo en su ofensiva propagandística, en la que creen ver un anticipo de su postura sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si el artículo 161 afecta el derecho constitucional de propiedad.

Este grado de incertidumbre en el terreno de la Justicia le da la razón a quienes en el Gobierno consideran que debe dársele a este tema una solución rápida y efectiva. En particular a la Presidenta.

*Director de gacetamercantil.com