El juez civil y comercial federal Horacio Alfonso tiene en su lapicera buena parte de las claves del futuro político de la Argentina. No es un exceso, se trata de una caracterización objetiva de hacia dónde derivó el conflicto de poder que enfrenta al Gobierno con el Grupo Clarín.
La sentencia podría adelantarse a algún día de las semanas que van entre fiestas o incluso antes. La fiscalía ante el juzgado de Alfonso acaba de dictaminar, este martes, la constitucionalidad de los cuatro artículos cuestionados por Clarín. El magistrado tiene ahora cinco días hábiles para que las partes opinen y 40 para fallar, pero la Corte lo urgió y fuentes del juzgado admitieron que lo hará “antes de fin de año”.
Alfonso acompañaría este dictamen sobre los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley de Medios, lo que previsiblemente será apelado por el Grupo Clarín y habilitaría al Gobierno a reclamar la aplicación del “per saltum”, con lo que el expediente llegaría por esa vía (ahora sí) a la Suprema Corte, para evitar a la Cámara Civil y Comercial que ya ha dado muestras de impermeabilidad a las pretensiones del Gobierno. En el Máximo Tribunal, según fuentes de esa instancia, cuatro jueces votarían en línea con la sentencia de primera instancia: son los ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.
(Por cuerda separada tramita el recurso extraordinario presentado este martes por el Gobierno ante esa cámara para llegar a la Corte con el fin de que determine si corresponde o no la prórroga de la cautelar presentada por Clarín. Este intento busca destrabar la situación: si la Corte finalmente le da la razón al Ejecutivo, éste podría avanzar en la declaración de caducidad de las licencias de Cablevisión, pero seguiría abierta la cuestión de fondo en manos del juez Alfonso).
Si todo sucede como hemos planteado en los párrafos anteriores, los legisladores del oficialismo podrían tomarse vacaciones en la segunda quincena de enero. No es ocioso preguntarse por qué la presidente Cristina Kirchner les ordenó que se queden “en zona”. Para poner en práctica un “plan B” ante una eventual declaración de inconstitucionalidad. ¿En qué consistiría esta alternativa? Frente a un eventual fracaso, tanto en primera como en segunda instancia, esto es, con fallos adversos de Alfonso y la Corte, el kirchnerismo está decidido a echar mano a las facultades que le otorga la remozada Comisión Nacional de Valores (CNV), en donde el Estado pasó a tener nuevas prerrogativas, las que incluyen la posibilidad de intervenir las sociedades en las que las minorías accionarias estuvieran siendo avasalladas. Sería el caso de Cablevisión, según entienden en la Casa Rosada, donde el fondo Fintech retiene el 40 por ciento de las acciones. El otro 60 por ciento está en manos del Grupo Clarín.
Fintech presentó una nota ante el Afsca la semana pasada en la que advirtió que no avalaba la postura del holding que conduce Héctor Magnetto, que insiste en negarse a presentar el plan de adecuación que le exige el ente regulador de la televisión por cable.
En su nota, el fondo liderado por el mexicano-estadounidense David Martínez avisaba que “contemplaría como punto de partida para la consideración de la situación regulatoria de Cablevisión S.A. la venta, por parte del accionista mayoritario (Grupo Clarín), a terceros no relacionados, de la totalidad de su participación en el capital social que representa el 60 por ciento de las acciones y derechos de voto en Cablevisión”.
Hasta este punto ha llegado la confrontación entre el kirchnerismo y Clarín.
El presunto grosero error del Gobierno de forzar una presentación de la Afsca y la jefatura de Gabinete ante la Corte con un “per saltum” por la prórroga de la cautelar a favor de Clarín, decidida el jueves pasado por la Cámara Civil y Comercial, no habría sido tal, según una nueva interpretación, ni producto de un capricho de la Presidente. Cerca de ella aseguran que se trató de dejar que la Corte se mostrara opuesta a los designios del Ejecutivo para acumular “crédito” a su favor. Luce como una forzada justificación. Si así fuera, en la Corte no se viviría el clima atravesado por la paranoia que se vive.
El conflicto central, como se ve públicamente, es entre el presidente del Tribunal y Cristina. El distanciamiento entre Ricardo Lorenzetti y la Presidente no tiene retorno. En su contenido discurso en la Plaza de Mayo, la primera mandataria le recordó al titular de la Corte (aunque no solo a él) que la actual composición del Tribunal se debe a un gesto republicano de Néstor Kirchner.
Cristina no pretende que se le deba al kirchnerismo un favor eterno por esta decisión primigenia de su proyecto político, ni que suponga para los cortesanos la obligación de apoyar al oficialismo, pero en un país con la historia del nuestro sí considera que la actitud de Lorenzetti es cuanto menos “mesquina” (En realidad utiliza otra calificación). Las declaraciones del diputado Carlos Kunkel parecen interpretar ese sentimiento de la Presidente, más allá del exabrupto. En Olivos consideran que el titular de la Corte es un “pavo real” que no tiene conciencia exacta de las consecuencias de sus actos en medio de este enrarecido clima político. “Esta Corte no imparte justicia en Suiza”, subraya un funcionario de la más íntima confianza de la Presidente. “No se puede hacer el distraído de que lo que está en juego es la institucionalidad”, apunta la fuente, dando un salto más al vacío.
En su justificación de su voto en contra del “per saltum” presentado por el Gobierno, el más K de los ministros de la Corte advirtió que, “más allá de los fundamentos que sostienen la opinión de la que participo”, si se verificara “la existencia de la contradicción invocada por el recurrente, podría importar un alzamiento de la instancia ordinaria contra decisiones firmes de esta Corte, con desconocimiento grave de la autoridad del Tribunal como máxima instancia de control de constitucionalidad”.
El párrafo en cuestión ha levantado polvareda y revela la distancia que separa a Zaffaroni de Lorenzetti. Entre estos dos polos opuestos derivan los demás jueces de la Corte.
En suma, los días que vienen permitirán despojar de toda la carga emocional e ideológica con las que se ha rodeado a la discusión por desmonopolizar el mercado de medios audiovisuales.
El juez Alfonso deberá determinar si el artículo 45 de la Ley de Medios, ese que recoge la herencia de las leyes en los países centrales que han tratado de combatir los monopolios, es constitucional o no. No cabe duda de que afecta derechos adquiridos, sucede que la vigencia de esos derechos importaba un mal mayor para los ciudadanos como lo es el desarrollo de un monopolio. Los accionistas del grupo afectado podrán recurrir en el futuro a la Justicia para conseguir un resarcimiento económico.
Los grupos económicos, en tanto factores de poder, han avanzado en las últimas décadas hacia el control de vastos grupos de medios. Hace mucho tiempo que perdieron el mero carácter de agentes de interlocución entre el público y los demás poderes del Estado. La única buena noticia de cara al futuro será la desconcentración. No es poco, pero de ningún modo es todo.