La tesis (o la expresión de deseos) de que la Corte viene fallando alternativamente a favor y en contra del Gobierno en su disputa judicial con el Grupo Clarín ha comenzado a ganar adeptos, adeptos que comienzan a surgir como hongos después de la lluvia después del fallo del juez Horacio Alfonso, lo que resulta sugestivo.
Hace siete días anticipamos que ese magistrado se aprestaba a dictar sentencia sobre la cuestión de fondo en la pretensión de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios, según la visión de los letrados del grupo multimediático más grande del país, y que lo haría a favor de la posición del Ejecutivo. Dos días más tarde (para Clarín de manera exageradamente rápida, lo que, es decir, cediendo a las presiones del Gobierno), Alfonso falló y le dio la razón al Estado argentino: la ley no es inconstitucional, dijo. También dio por terminada la medida cautelar que había interpuesto el grupo de medios privados que conduce Héctor Magnetto. No está de más recordar que el juez anterior retuvo esa causa más de dos años sin llegar a sentencia.
Hace una semana dijimos que, previsiblemente, Clarín apelaría ese inminente fallo ante la Cámara Civil y Comercial, tribunal con el que el Gobierno de Cristina Kirchner viene manteniendo un cerrado enfrentamiento. En efecto, así fue, Clarín apeló.
Advertíamos el miércoles pasado que el Gobierno preveía presentar un recurso de “per saltum” para que la Corte Suprema se avocara rápidamente al análisis de la meneada cuestión de fondo que el magistrado natural falló a favor de la tesis oficial.
Entre que Alfonso firmó su sentencia, el jueves último, y hoy las condiciones cambiaron levemente. Entre los asesores de la Presidente se presentaron dos posturas: una que decía que habría que presentar aquel recurso de inmediato y otra que prefería esperar a que la Cámara falle. A los primeros no hace falta explicarlos. Los otros advirtieron que con una sentencia a favor en primera instancia, que esa Cámara tan cuestionada defina posición –presumiblemente lo haría a favor de Clarín– no haría más que destacar el grado de influencia de ese Grupo en los más altos niveles de la Justicia. Por otra parte, el Gobierno conoce el clima interno de la Corte y su preferencia por llegar a un análisis sosegado de un tema tan complejo, instancia que no se extendería más allá de finales de febrero si se deja actuar a la Cámara Civil con los tiempos procesales que la propia Corte apuntó, tras habilitar día y hora cuando rechazó el último y extemporáneo “per saltum” del Gobierno tras sufrir la humillación de aquel tribunal , que prorrogó la cautelar de Clarín y dejó al kirchnerismo sin 7D.
Los “moderados” cerca de CFK aseguran que ahora no hace falta “forzar” los tiempos. Y que hay que dejar que la Corte, que con sus más y sus menos ha logrado imponer que se haga Justicia en los tiempos naturales de la Justicia, intervenga una vez que haya dos sentencias, como lo establecen las leyes y las mejores tradiciones judiciales. La postura de los primeros finalmente primó y el Gobierno presentó este miércoles el "per saltum" ante la Corte para que defina la cuestión de fondo.
En cuanto a los que interpretan que el Supremo Tribunal de la Nación da y quita para mostrarse por encima de la disputa entre el Gobierno y Clarín, en las últimas horas nos ha tocado escuchar una hipótesis interesante en su formulación, aunque de difícil realización. Y se refiere al último de los tres anticipos que publicamos la semana pasada: que la Corte acompañará la postura del juez de primera instancia y avalará por mayoría la constitucionalidad de los artículos cuestionados de la Ley de Medios.
La hipótesis sostiene que la Corte, en efecto, le dará la razón al Gobierno, como anticipamos, pero lo hará en cuanto a la constitucionalidad del artículo 161, el que prevé la desinversión de las licencias excedentes, no en cuanto al artículo 45, que establece la cantidad de 24 licencias como tope. La Corte, según esta hipótesis basada en que ha venido fallando salomónicamente, diría que no puede ponerse tope a la cantidad de licencias de TV por cable, lo que supondría que el límite de 24 licencias debería aplicarse a todos los medios audiovisuales: radio, TV abierta y cable, lo que le permitiría a Clarín conservar casi intacta Cablevisión y lo obligaría a ceder aquellas frecuencias de radio y televisión que, en cada región, la ley no les permitiera conservar.
Una interpretación semejante le borraría la sonrisa de la cara a Martín Sabbatella, el inefable titular del Afsca. En realidad le borraría la sonrisa a todo el Gobierno. Quienes se imaginan un escenario de este tenor apuntan que el kirchnerismo ha llevado su guerra contra Clarín demasiado lejos, que la sociedad está mostrando signos de hartazgo por esta pelea que le resulta ajena y que un fallo semejante le devolvería un prestigio supuestamente perdido a la Corte a raíz de algunas posturas “sorprendentemente blandas” de los últimos tiempos.
Digámoslo rápido, esta tesis es impulsada por juristas y operadores muy cercanos a Magnetto frente al cambio drástico de la situación política ocurrido a partir del fallo del juez Alfonso, que se ha concatenado con otras dos sentencias dictadas a miles de kilómetros de distancia: una en Nueva York por una corte de apelaciones que le dio la razón a la Argentina en su disputa con unos “fondos buitre”; y otra en Hamburgo, que por un tema colateral también avaló la posición argentina sobre la retención ilegal de la fragata “Libertad”, el buque-escuela de la Armada, en un puerto de Ghana.
Más allá de toda la cháchara mediática, y de las tesis trasnochadas, los integrantes de la Corte también han tomado nota de las nuevas condiciones objetivas en las que se desarrolla el contencioso entre el Gobierno y el Grupo Clarín.
El juez Alfonso leyó con detenimiento las últimas dos acordadas de la Corte, la del 22 de mayo y la última, de hace dos semanas, en la que rechazó el “per saltum” presentado por el Gobierno. Y consideró que no había afectación a derechos constitucionales como la libertad de expresión y el de propiedad, tal como de distinta manera lo deslizó el máximo Tribunal de la Argentina.
Un comentario final para Sabbatella. Después de verse contra la pared por esa capacidad inagotable del oficialismo de enredarse en sus propios errores (y de echar mano a malos gestores), el ex intendente de Morón vio la luz con el fallo de Alfonso. No sabemos aún si por indicación superior (lo que no se descarta), se presentó el lunes pasado con un escribano en la sede del Grupo Clarín para iniciar el trámite administrativo del proceso de desinversión al que estará obligado ese conglomerado una vez que una sentencia firme (con fallo de la Corte) se lo indique. Un abogado de Magnetto le advirtió que, si llevaba avanzaba en una vía de hecho sin apoyo en la Justicia, podía afectar el servicio del millón y medio de clientes de Fibertel, que reciben el servicio del proveedor de Internet por el mismo cable que las señales de TV. Es decir, le respondió a una apretada "para la tribuna" con otra. Pero ese es un escenario al que Cristina, seguramente, no querría verse llevada por ninuna “boutade” ultrakirchnerista de Sabbatella.
Julio Villalonga es director de Gacetamercantil.com