La problemática de la “INSEGURIDAD”, sigue siendo en nuestra Provincia uno de los principales temas sin resolver, situación inquietante si se tiene en cuenta que el 80% de la población lo considera el tema público de mayor preocupación.
Esta situación ha propiciado encendidos debates en donde han tomado forma toda clase de propuestas, por cierto algunas muy bien intencionadas y con sólidos basamentos teóricos y prácticos; y otras, por el contrario, rozan lo descabellado, y algunas son parte de un oportunismo que solo buscan un efecto mediático y de rápido rédito electoral.
Pero más allá de las diferentes posiciones o intencionalidades que guían la opinión, existe siempre un concierto de voces proveniente de los más disímiles sectores sociales sobre la necesidad alcanzar un acuerdo en la lucha contra el crimen. Hay un espacio común no puesto a discusión, ni desacreditado por el resto, consistente en una voluntad mayoritaria que expresa al unisonó la premura por tratar la problemática de la inseguridad como Política de Estado.
La pregunta que nos hacemos es, si ante tal importante problema y la exigencia social de que este sea encarado a través de una Política de Estado, ¿cuáles son los motivos por los cuales transcurren los años y no se llega a un acuerdo de mediano y largo plazo entre las distintas fuerzas políticas que permita aportar las soluciones esperadas por el conjunto social?
Es impensable imaginar un deliberado egoísmo por parte de los sectores políticos en la resolución de esta problemática, más aún, cuando la protección de los ciudadanos forma parte esencial del contrato social, y su relevancia se magnifica en la medida en que esa protección se encuentra en la naturaleza y justificación del propio Estado.
Pocos temas de la agenda pública tiene la fuerza de éste para poner en crisis a la misma gobernabilidad del sistema.
Descartada así la posibilidad de egoísmo, o la existencia de teorías conspirativas, la respuesta a nuestra pregunta la situamos en torno a la propia política, la que analizamos desde estas tres afirmaciones:
a) Existe entre las diferentes fuerzas políticas un exacerbado antagonismo que impide alcanzar acuerdos básicos en cómo enfrentar la problemática del delito, lo que hace imposible el diseño de políticas que puedan trascender un determinado periodo de gobierno.
b) Los Partidos Políticos, freten a la gravedad y complejidad del problema y el prolongado tiempo que insumiría su solución, tácitamente se ponen de acuerdo en ignorarlo y ocuparse de otros por cierto también importantes.
Como ejemplo de esto, podemos pensar en la última campaña electoral en donde no hubo un solo debate en torno a este tema. Pareciera que existe un cierto temor de la dirigencia en abordarlo y proponer soluciones.
c) En la actualidad, los partidos políticos no se constituyen como identidades colectivas, motivo por el cual, no pueden mantener cohesionado a los miembros de su propia comunidad política. Sus dirigentes no se identifican con un determinado sistema de ideas, ni se sienten ligados o comprometidos a una identidad compartida. Esta situación, imposibilita a los partidos a buscar acuerdos con otras fuerzas que se saben de antemano, no serán asumidos ni defendidos como propios por la totalidad de sus integrantes. En este sentido, la falta de liderazgos claros en las fuerzas políticas agrava la situación.
Es claro que no nos referimos a un limitado acurdo sobe un determinado plan de seguridad como el objetivo a alcanzar. El “des‐acuerdo” reconoce causas más profundas; y no son los aspectos instrumentales del área en donde se debe centrar el debate político; sino en los propios fundamentos políticos que sustentan la seguridad que queremos.
La Política de Estado
Detrás de cada delito que alcanza un determinado grado de mediatización, surgen las voces, y las frases que se saben impactantes ante una sociedad altamente sensibilizada. Cada hecho de estas características da comienzo a una construcción discursiva desde la política, en donde cada afirmación se expone como eslabones sueltos, donde se expresa solo lo que se estima como “políticamente correcto”, aseverando lo que de seguro tendrá aprobación popular; pero también, y en forma cuidadosa, ocultando lo esencial de la discusión, lo que el electorado no quiere escuchar, o lo que no conviene decir.
No se pone a escrutinio de la población el delicado equilibrio, ni las fricciones intrínsecas que se ponen de manifiesto cuando valores tan esenciales como la seguridad y la libertad entran en conflicto. Nada se dice sobre el sacrificio de la libertad para expandir la seguridad, ni cuáles son los grados aceptables de una u otra en una sociedad, en un determinado momento. No es un debate menor, se propone avanzar en la discusión de temas fundamentales como las garantías constitucionales, y el propio Estado de Derecho, en el marco de una sociedad en la que el 37,3% de la población aceptaría que las autoridades no respeten la ley en la lucha contra el crimen (Barómetro Latinoamericano: ¿Deben las autoridades respetar la ley cuando luchan en contra del crimen? 2008).
En la medida en que se acepte que las prácticas políticas requieren eliminar las pasiones, y se sostenga que la democracia sólo se entiende como razón, moderación, y consenso, las posiciones partisanas de la política necesariamente se irán diluyendo, y se le restan así al ciudadano la posibilidad y la opción de elegir entre posiciones distintas, que ofrezcan alternativas claras y reales. Entiéndase bien, no se pretende negar la posibilidad de un consenso. En definitiva la democracia es el instrumento para alcanzarlo, y es lo que procuramos a través de estas páginas. Pero previo al consenso es necesario identificar los puntos del disenso: ¿Cuánta libertad, en pos de la seguridad, está dispuesta a resignar cada partición política?
Evidentemente, no se presentan entre las distintas fuerzas políticas de nuestra provincia posiciones que puedan ser consideradas como extremamente antagónicas, y que hagan irreductible cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos perdurables en materia de libertad ‐ seguridad. Por el contrario, se encuentra ausente del debate político posiciones que fundamenten hacia un lado u otro cuales son los grados de restricciones a la libertad deseables en nuestra sociedad en pos de una mejor seguridad. Las posiciones, cuando hay alguna, tratan de adaptarse a las circunstancias de un momento determinado, y cuya guía a seguir no está constituida por un cuerpo de ideas, sino que la vista está siempre puesta en el próximo proceso
electoral.
Descartada la posibilidad del antagonismo entre las diferentes fuerzas como obstáculo para alcanzar un acuerdo político perdurable, nos queda profundizar lo que sucede hacia el interior de los Partidos Políticos, como identidades colectivas, y como instrumentos de representación de la ciudadanía.
Como primera condición, cualquier compromiso entre fracciones políticas que acuerden una Política de Estado, requiere previamente que los miembros de cada parcialidad se comprometan a asumir los términos de dicho acuerdo como propio. De lo contrario, y en la medida en que existan sectores (o individualidades) que no respeten lo acordado, esa posición será rápidamente interpretada por el resto de la comunidad política como la búsqueda de un rédito electoral del “otro”, y que va en perjuicio de quienes aceptan y respetan lo acordado. En esta situación, y en la medida que no existan incentivos en contrario, dará rápidamente lugar al abandono por parte de todos de lo acordado hasta ese momento.
Sucede que en un contexto en el que prevalece una dinámica de la individualización como esencia de la “modernidad reflexiva”1, nada obliga a los miembros de una fuerza política a asumir compromisos acordados por otros. Más aún, cuando se insiste en considerar la actividad política como una construcción diaria, en donde la toma de decisiones previamente debe ser sometida a consulta y validación de la opinión pública, existe siempre la tentación de ir adaptando la opinión de acuerdo a la demanda fluctuante de la población. Está imposibilidad de los partidos políticos de mantener cohesionado a sus miembros atrás de una única posición, ha dificultado hasta el momento la concreción de una Política de Estado refrendada entre las
diferentes fuerzas políticas, y sostenida en el tiempo.
Para mantener cohesionado al conjunto de los miembros de cada fracción – y así evitar la tentación de alguno de sus miembros a obtener algún rédito a partir de su negación – debe tener su propio sistema de ideas compartido (al menos en este tema específico) , y hacerlo explicito de cara a la sociedad. La adhesión voluntaria a un sistema de ideas, implica el reconocimiento de una relación (asimétrica) que se sentirá como justa y natural, y como tal, no es cuestionable.
Es a partir de la reconstrucción de ese sistema ideas en cada una de las fuerzas políticas, y de su exposición ante la sociedad sobre las diferentes posiciones que priorizarán en diferente grado la libertad – seguridad desde donde se podrá iniciar la búsqueda de consensos más amplios, en donde cada fracción esté dispuesta a poner sus ideas en discusión con otras fuerzas políticas, con la certeza de que un acuerdo de esta naturaleza (Política de Estado) sería lo más beneficioso para el conjunto.
Un acuerdo de estas características implica que se ha llegado a consensos entre las diferentes fuerzas sobre determinada direccionalidad de las acciones que desde el Estado se deben tomar en la lucha contra el crimen (estas acciones siempre estarán orientada a variar los grados de mayor o menor restricción a la libertad). Y si bien la responsabilidad en la ejecución de estas acciones debe ser asumida por quien ejerce el gobierno, el resto de las fuerzas comprometidas asumen el compromiso de sostener y apoyar la direccionalidad acordada; pero sobre todo, hacer públicas todas aquellas que no concuerden, se exceden, o se alejen del objetivo común fijado.
De alcanzarse está tan anhelada construcción de una Política de Estado en materia de Seguridad, esto implicará contar con un conjunto de decisiones (política) que adopta el Estado, y que cuenten con el respaldo de la mayoría. Esto le dará a las diferentes partes que conforman el Sistema Penal (Policía; Código Penal; Código Procesal Penal y leyes de Ejecución de las Penas) una direccionalidad acordada hacia el
Notas:
1 Término acuñado por Ulrich Beck, con el que hace referencia a la sociedad globalizada, caracterizada por una nueva etapa de posmodernidad (o modernidad reflexiva), en donde las identidades colectivas, como los partidos políticos o los gremios han sido profundamente socavados, y remplazados por instituciones orientadas hacia el individuo, y ya no hacia el grupo. cumplimiento de determinados objetivos, los que deberán ser sostenida en el
tiempo, y que de seguro afectará (o no) grados de libertad. Está direccionalidad política se materializa (lo más limpiamente posible) a través del Sistema Penal, motivo por el cual este debe mantener una clara coherencia entre sus partes, coherencia que le deviene de su estabilidad en el tiempo ‐ nos referimos más precisamente al hecho de que su esencia no será sometida a modificaciones en virtud de aspectos coyunturales‐ . Pero también, la necesaria coherencia interna que debe prevalecer en cada subsistema. La imposibilidad de darle continuidad a un modelo policial determinado (sea esté militarizado o civilista); a mantener la esencia del Código Procesal Penal (en donde la premisa de la libertad como fundamento del mismo no sea desvirtuada mediante la limitación de las excarcelaciones); o sostener leyes de ejecución de la pena basadas en el paradigma de la reinserción, sin la infraestructura que lo posibilite, constituyen los grandes temas que merecen ser discutidos en el marco de una Política de Estado. Alcanzado un acuerdo de esta naturaleza, de él se desprenderá una Política de Gobierno (aunque no es excluyente, en el sentido de que la ausencia de una Política de Estado no es excusa para no tener una Política de Gobierno) tendiente a integrar las diferentes áreas que hacen a la gestión de las políticas públicas, y que tiene incidencia en la lucha contra la criminalidad: educación, salud, desarrollo social, minoridad, juventud, y deporte entre otras. Es a partir de este punto, en donde recién podemos empezar a pensar en un “Plan de Seguridad”, que sea el reflejo de las decisiones políticas acordadas.