La receta de la seguridad

Mal de muchos, consuelo de zonzos, en Latinoamérica la inseguridad es una evidencia social más fuerte que la seguridad. Para los mendocinos es, desde hace años, este problema siempre aparece en la terna de nuestros mayores desvelos y no hay quien no haya vivido en carne propia, o en la de algún pariente, sus consecuencias.

No obstante, la tremenda importancia del tema no ha traído –con el tiempo y sus desvelos, los expertos y también los charlatanes– soluciones. De hecho, en lugar de aparecer como más pequeña, la problemática aparece como más grande.

¿Qué está faltando? La respuesta a esta pregunta la conocen todos los que se preocupan por el tema: falta que la seguridad se convierta en una política de Estado; falta, nada más y nada menos, un plan.

¿Qué es lo que habitualmente se hace (en el mejor de los casos)? Combatir los síntomas: esto es, detener a la mayor cantidad posible de delincuentes. Sin embargo, esto no basta, porque un sistema social exclusivo termina convirtiéndose en una fábrica de producir delincuentes. Si la seguridad fuese una política de Estado, seguirían habiendo delincuentes (porque siempre los hubo y siempre los habrá), pero estaríamos especialmente a las causas –y no a los síntomas– del flagelo. Si tuviéramos una política de Estado, consensuada y participativa, estaríamos atentos a las deficiencias estructurales del sistema, porque sencillamente la inseguridad es consecuencia de una  mala política en seguridad.

Llamativa, para nosotros, ha sido la experiencia de sentar en una mesa a expertos mendocinos en la temática: todos y cada uno de ellos hablan con la sabiduría que los años les han dado al abocarse a estas lides. Todos y cada uno esgrimen objetivos inobjetables y estudios que los sostienen. Todos y cada uno, además, tienen un relevamiento de los errores que hemos cometido.

De aquí lo llamativo: en Mendoza, hay personas que saben, y mucho de seguridad. Pues entonces, ¿por qué en lugar de encaminarnos hacia una solución, los problemas engordan? Porque, sugerimos, no hay una política de Estado. Porque si el problema es de todos, pues entre todos debemos solucionarlos.

El investigador alemán Peter Peetz, en un informe sobre “Seguridad interna en América Latina”, plantea una interesante división para abrir el juego de las reflexiones: la seguridad ciudadana y la seguridad humana. La seguridad ciudadana es un concepto muy utilizado en nuestra Latinoamérica y se refiere a la “protección del individuo común”. En cambio, Naciones Unidas pone el acento en la seguridad humana, que involucra la atención eficiente de los riesgos sociales profundos, como la pobreza y la falta de acceso de los derechos humanos fundamentales.

Peetz va más allá aún: “Las políticas de seguridad ciudadana en Latinoamérica no consideran como prioridad central el combate de las violaciones de los derechos humanos a manos de agentes estatales y no estatales”. En esto no sólo hay que considerar el rol que la Policía juega como institución, sino otras experiencias poco felices vinculadas a la mano dura. Pongamos un solo ejemplo actual: Hugo Chávez, en Venezuela, ha abierto la participación directa del ejército en seguridad; no obstante, los índices delictuales no sólo no han descendido, sino que muchos consideran que Venezuela es un país cada vez más seguro… para los narcotraficantes.

El abordaje de la seguridad pública es complejo y la inseguridad tiene matriz multicausal. Por ello, un problema complejo y con matriz multicausal requiere de la participación de todos los actores sociales: desde el gobernador, hasta el director técnico de un equipo de fútbol infantil de un barrio conflictivo, pasando por nutricionistas, cabos primero, académicos, asistentes sociales, periodistas y empresarios.

Este es el ingrediente clave para la receta de la seguridad: todos.