La reciente minicrisis generada por la muerte de un agente penitenciario, la fuga de sus asesinos y su posterior recaptura, ha dejado en claro algunos cuantos aspectos que hacen a la tan meneada seguridad en Mendoza.
Más allá de cualquier interpretación política, o del cauce que se quiera generar del hecho en sí, este agua debe ir para un solo molino: el de la mejora constante de las condiciones y herramientas con la que cuenta el Estado para hacer frente a un flagelo de estas características.
En primer lugar, llama la atención las reiteradas fugas de uno de los protagonista de este suceso, el ex policía Alberto Bendele, quien lejos de honrar el uniforme que alguna vez vistió, no sólo se entregó al delito, sino también a los constantes escapes en cada una de las diversas oportunidades en las que estuvo en prisión. Aquí, obviamente, un elemento salta a la vista, la escasa nota que la Justicia, en cada una de sus instancias tomó de un sujeto peligroso, rebelde y siempre propenso a escapar. Esta persona ya se había fugado anteriormente en cuatro ocasiones, e incluso, en una de ellas se le concedió la “libertad asistida”. ¿No se deberían haber tomado otros recaudos con él?
Posteriormente, y a raíz de este episodio, se han puesto en la consideración popular las condiciones en las que trabajan muchos de los efectivos tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario. Arriesgando su vida, pero también sin demasiadas instancias de protección ante una tarea que ya encierra riesgos en sí misma, por lo que mucho mal se hace si se los profundiza desde las condiciones estructurales en las que realiza.
Lamentablemente, la muerte del penitenciario Nelson Haro habla también de las condiciones en las que muchos jóvenes, algunos por vocación, otros por necesidad, encuentran en las fuerzas de seguridad una salida laboral rápida. Nelson, con sólo 28 años, hacía nada más que 8 meses que era guardiacárcel. Es decir, que con una mínima preparación, ya debió hacer frente a una situación que terminó costándole la vida.
Por otra parte, la falta de espacios apropiados para el encierro, aunque sea de reos con tratamiento médico, sin las condiciones elementales para los detenidos, pero también para los trabajadores; la polémica desatada en torno de la provisión o no de chalecos antibalas; la medidas de precaución generales que se toman, y en especial para el caso de las visitas; son entre otras, algunas de las cuestiones que deben ser revisadas porque evidentemente, en algunas de ellas se está fallando.
Asimismo, y esto es lo que en gran medida tranquiliza, la batalla no está del todo perdida. Aún así, y desde este Estado a veces sin presupuesto y otras, cultor de la desidia, todavía se puede. Hay capacidad de organización y reacción. Hay inteligencia y efectividad al servicio del orden público. Hay una cadena de mando. Hay una decisión manifiesta de la mayoría de su población que desea vivir en paz y armonía, lejos del delito y de los delincuentes.
Si el poder político, tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es capaz de leer con atención las múltiples enseñanzas que deja este triste suceso, probablemente la muerte del joven Haro pueda contribuir a un mejoramiento de la situación. De lo contrario, si sólo se queda en el triunfalismo de la captura de los presidiarios, la lección no será aprendida y una muerte más pesará sobre los hombros de una sociedad cansada pero no vencida.
Seguridad: cansados pero no vencidos
"Más allá de cualquier interpretación política, o del cauce que se quiera generar del hecho en sí, este agua debe ir para un solo molino: el de la mejora constante de las condiciones y herramientas con la que cuenta el Estado para hacer frente a un flagelo de estas características".