La tibia denuncia de espionaje de Cristian Racconto ha disparado, a su vez, esquirlas impensadas. El Frente Cívico denunció que la empresa que opera las videocámaras de seguridad son subsidiarias del Grupo Vila-Manzano, el mismo que fue denunciado por Alejandro Cazabán de extorsionar al Gobierno.
El detalle fue salvado por diputada Patricia Gutiérrez, mientras se analiza en la Cámara Baja la situación del vicegobernador. Gutiérrez señaló que de la investigación efectuada por la comisión de diputados, surgió que el Ministerio de Seguridad no cumple con la ley que reglamenta el uso de las videocámaras, porque se estaría violando la intimidad de las personas.
La diputada del Frente Cívico explicó que cuando el ministro Carlos Aranda visitó la Legislatura por el presunto espionaje a Racconto, informó que cada una de las 52 cámaras se encuentran cerca de algún inmueble, tal como sucede con la ubicada en Sarmiento y Patricias Mendocinas, justo en una ventana que da al despacho del vice.
Gutiérrez rescató del expediente que son cuatro personas civiles las que tienen acceso a esta información. Celso Jaque, Alejandro Cazabán -secretario general de la Gobernación- y los operadores técnicos de Arlink, la empresa a cargo de las mentadas videocámaras.
Arlink es una empresa subsidiaria del Grupo Vila- Manzano. De hecho, los legisladores confirmaron que el mismo Daniel Vila es el presidente de Arlink.
Así, la "Negra" Gutiérrez puso el dedo en la llaga al hurgar en las contradicciones del oficialismo. Señaló que si el secretario de la gobernación "está acusando de extorsión a este grupo, entonces por qué no se han tomado los recaudos necesarios si se trata del mismo grupo empresario".
"Esto excede la propia denuncia del vicegobernador, por eso pedimos la interpelación del ministro Aranda", sostuvo Gutiérrez. "Porque es una irregularidad seria, ya que no se han extremado los recaudos en torno a la privacidad de las personas", destacó.
Gutiérrez también subrayó que Aranda no cumple con lo reglamentado en la ley 7924, que reglamenta el uso de las videocámaras de seguridad.
Las cámaras espías pertenecen a Vila-Manzano
El Frente Cívico denunció que la empresa que opera las videocámaras de seguridad son subsidiarias del Grupo Vila-Manzano, denunciado por Alejandro Cazabán de extorsionar al Gobierno.
