Las imágenes parecen decirlo todo y hasta prescindirían de las palabras, pero aún así no resisten el contexto. En esta semana, el Gobierno se apuró en difundir por todos los medios -menos MDZ, donde las imágenes llegaron más tarde que al resto- los resultados positivos que tuvo la aplicación de videocámaras como forma para combatir la delincuencia. Esto, en medio de cuestionamientos a la empresa que controla estos dispositivos, vinculada al Grupo UNO, y de la falta de cumplimiento de la ley que regula el uso de este tipo de tecnología.
El Ministerio de Seguridad difundió esta semana seis casos donde se pueden apreciar las bondades de contar con 97 cámaras de video en distintos puntos de la ciudad. En todos ellos, las imágenes muestran la comisión de diversos ilícitos, de distinto calibre y pena: desde el consumo de estupefacientes en la Plaza Independencia -lo llamativo: a metros del destacamento policial allí emplazado-; la acción de los punguistas en avenida Las Heras o el intento de robo de un automóvil, frustrado por la repentina llegada de una patrulla.
La novedad prendió rápido en los noticieros televisivos y diarios digitales. De la primicia en Canal 9, pasó a canales nacionales como América y C5N, donde se destacó la necesidad de contar con esta tecnología de punta que puede enfocar un objeto a 200 metros de distancia.
"Los resultados nos sorprendieron", adujo el ministro Carlos Aranda. El titular de la cartera de Seguridad explicó que la necesidad de difundir estas imágenes se debió a "la necesidad de poner en valor el sistema".
Policías en acción
Con ese argumento, Aranda también destacó como "una buena oportunidad" la posibilidad de que las imágenes de los asaltantes atrapados in fragantti hayan accedido a las pantallas públicas.
"Esto alerta a los delincuentes, para que sepan que estamos encima", argumentó un entonado ministro, al tiempo que proyectó la necesidad de la tecnología para mejorar, entre otros servicios, el turístico: "en Mendoza no pasa nada distinto del resto del país, pero no por eso somos el foco negro. Estamos tomando recaudos".
Sin embargo, pese a las virtudes del sistema, también es evidente que la difusión de estas imágenes se da justo en un momento crítico para el Ministerio de Seguridad. Desde la Legislatura han objetado las irregularidades administrativas de la empresa que monitorea el sistema de seguridad por videocámaras para hacerse con el servicio, por un lado, pero además porque la tecnología comenzó a usarse lejos de la ley que regula el uso de estos nuevos dispositivos electrónicos.
"Esto no tiene que ver con los cuestionamientos", se atajó el funcionario, respecto de la llegada de estas imágenes a los canales nacionales y aclaró que la difusión se había dado naturalmente, dando a entender que las situaciones captadas por las cámaras de Arlink tenían el status necesario para ser mediatizadas a nivel nacional.
Empresas off-shore y cursos de lectura rápida
Fue precisamente en los medios del Grupo UNO donde se dio una buena cobertura de las promesas tecnológicas. No en vano Arlink, la empresa que fue beneficiada por el Estado mendocino para disponer las cámaras, es una firma que pertenece a ese holding empresarial.
Esta relación fue puesta en evidencia por la diputada cobista Patricia Gutiérrez. La legisladora de Unidad Popular denunció en el recinto legislativo que el Gobierno había otorgado a una empresa del tándem Vila-Manzano la concesión del servicio. Poco tiempo después de esta adjudicación, el Secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, denunciaba fuertes presiones de ese mismo grupo a la gestión de Celso Jaque
Las irregularidades de Arlink desnudan la falta de controles o cierta permisividad del gobierno de turno a la hora de analizar las ofertas de los privados en los concursos públicos. Esto forma parte del expediente que tiene en sus manos el fiscal Santiago Garay debido a la presunción de fraude: la firma presentó como accionista, además de los hermanos Vila y de Manzano, a una empresa off-shore radicada en las Antillas holandesas, denominada Crofort.
"En ningún momento se pidió un informe sobre esta empresa", sintetizó Gutiérrez, sobre la misteriosa firma que, sin mayores detalles, iba a estar a cargo de monitorear la seguridad de los mendocinos.
A esto se sumo algo que debería haber sido contemplado en su momento y causal directa de rehazo. Arlink presentó balances de 2007, cuando el reglamento indica que estos registros deben contar, cuanto mucho, con seis meses de antigüedad. Sin embargo, a pesar del balance vencido, la empresa vinculada al Grupo UNO pasó a una siguiente etapa.
En ese curso de los acontecimientos y con el viento a favor, Arlink se asoció a Patagonian Green, otra de las concursantes, para que ésta última oficiara de proveedor técnico. Entonces ¿por qué directamente el Gobierno no adjudicó el servicio a Patagonian, si ésta contaba con los requisitos y no necesitaba tercerizar la adquisición de la tecnología?
En el expediente también se otorga un apartado a una de las empresas más reconocidas del Grupo UNO, Supercanal. La empresa de TV por cable no sólo fue propuesta en la oferta también como proveedora, sino que terminó adquiriendo las acciones de Crofort.
A todo esto, se suma un detalle más: el expediente de adjudicación llegó a Fiscalía de Estado, como parte de los mecanismos de control, el 17 de julio. Joaquín de Rozas debía analizar el pliego para descubrir si había algún perjuicio para el Estado mendocino.
El expediente con la oferta, de 3 mil hojas, fue aceptado por el fiscal de estado interino ese mismo día, en un tal vez soprendente curso de lectura rápida. El 23 de julio de 2009, se adjudicaba a Arlink.
Huelga decir que la figura de Arlink recién llegó a la tapa de los diarios como un efecto dominó de la denuncia de espionaje hecha por el vicegobernador Cristian Racconto, y a partir de la cual el fiscal Garay comenzó una investigación penal. Así como Garay no encontró registros de que el Gobierno espiara a su propio vicegobernador, si tendría entre sus manos por los menos las interrogantes para determinar si hay o no fraude al Estado mendocino.
Pero mientras los peronistas ortodoxos se anotan una razón más para odiar al arquitecto, también tienen que prepararse para defender la gestión de Aranda en la Legislatura.
Una interpelación soft
Los cobistas, con esa natural fuerza de empuje que se cae con el correr de los días, pidieron la interpelación del ministro de Seguridad. No les fue bien con los números y el resto de la cámara decidió que Aranda acuda este martes a partir de las 17.30 a la Bicameral de Seguridad para aclarar los cuestionamientos centrales del sistema.
Entre estos: ¿Por qué finalmente fue Arlink la adjudicada si presentaba irregularidades administrativas que le impedían presentarse en el concurso público desde el vamos? Pero también ¿por qué la aplicación de este sistema no respeta la normativa 7.924, que garantiza el derecho a la intimidad de las personas?
"Nunca hubo malas intenciones", sostuvo el ministro de Seguridad y de inmediato se apuró en aclarar que los ajustes realizados en unas 77 cámaras en el casco céntrico ya permiten enmascarar la identidad en situaciones que nada tienen que ver con algo parecido a un delito en proceso: "Estamos protegiendo los derechos de las personas", definió.
"Nadie está criticando el sistema, pero hay que cumplir con la legislación", aseguró Gutiérrez, para disipar dudas y no quedar en offside ante el contraataque del Gobierno, que buscó legimitar el sistema ante los cuestionamientos.
De momento, la bicameral es una instancia mucho más amable que la interpelación que, al principio, habían pedido los cobistas y radicales para con Aranda. Ante la comisión que controla el cumplimiento de las políticas de seguridad, Aranda estará más holgado, aún más por dos razones.
Por un lado, por la lenta conformación de la comisión -recién la semana pasada confirmó a sus nuevas autoridades tras un bache sin funcionamiento de 2 meses-.
Por otro, la titularidad de Sergio Bruni, un radical especialista en seguridad, pero de muy buen feeling con Alejandro Cazabán, asegura a Aranda un trámite sin mayores dificultades.
"Me parece un sistema interesante", definió el mismo Bruni, al ser consultado por MDZ, y evaluó que la aplicación de las videocámaras ha sido "positivo".
El senador radical también admitió que, por la lenta designación de los legisladores para integrar la comisión, no se han realizado las investigaciones correspondientes ni el seguimiento adecuado en torno a la aplicación y a los ajustes que el sistema de vigilancia necesita.
De este modo, Aranda se sentará el martes y dirá, seguramente, que las cámaras le permitieron a la Policía efectuar unos 350 procedimientos, donde se aprehendieron a más de 500 personas, entre la simple averiguación de antecedentes y el ilícito in fragantti.
Pero además, Aranda también deberá rendir cuentas sobre el uso particular que se ha hecho del helicóptero policial -escándalo por el que el jefe de la policía aérea tuvo que renunciar-, el pago de recompensas y los testigos protegidos. Por estos temas, radicales y cobistas liman dientes esperando la hora de la interpelación "soft" en la bicameral.
En tanto, y mientras quedan interrogantes sobre las relaciones empresariales entre el Gobierno y el holding multimediático, Aranda confió que ya se encuentra en marcha la segunda licitación para dotar a Guaymallén, Godoy Cruz, Lavalle, Las Heras, Luján y Maipú de otros 40 dispositivos tecnológicos que captan al detalle la pasión y obra tanto del vecino insospechado como del punga distraído, y que hasta son monitoreadas por el mismísimo Celso Jaque desde su despacho del 4º piso de Casa de Gobierno
Campaña sobre videocámaras: cumplen objetivos
El ministro será interrogado en la Legislatura por la falta de cumplimiento de la ley que regula esta tecnología y las irregularidades en el proceso de adjudicación a la empresa del Multimedios Uno. Días antes, una fuerte campaña mediática promovida por el Gobierno mostró los beneficios que dan las cámaras en la lucha contra el delito.
