Causas y efectos de la idea oficial de dejar afuera de Edemsa a Vila y a Manzano

Está en maceración un proyecto de ley para regular los servicios públicos. Allí se establecerán las incompatibilidades para ser concesionario del Estado. Ningún dueño de medios de comunicación podría tener la concesión de algún servicio público ¿Cuál será el destino de este proyecto en la Legislatura? ¿Cómo quedará el justicialismo local una vez que se plantee el debate?

Todas las señales están a la vista. Quienes llevan adelante la iniciativa, van dejando sus huellas. Es que las réplicas de la conmocionante sesión de la Cámara de Diputados del 2 de diciembre del año pasado, cuando el Secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, acusó por extorsión a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, continúan. Tanto es así que se está por concretar otro episodio en la avanzada oficial hacia el grupo empresario propietario del multimedios Uno, entre otras empresas.

Los detalles fueron adelantados el domingo 21 por MDZ en la semblanza política titulada: "El gran lío en Edemsa, la ley para contarle las costillas al Multi".
Pero también hubo otras señales salidas de la misma boca del flamígero Alejandro Cazabán, quien a principios de febrero lanzó unas llamaradas que fueron difundidas por el diario Los Andes.

“Es importante discutir -y ojalá sea este año- si es bueno o malo para Mendoza que un grupo económico tenga medios de comunicación y al mismo tiempo intereses comerciales en empresas de servicios públicos. Obviamente que en nuestra opinión personal esto es incompatible porque lleva a niveles perversos de relación que ya han padecido todos los gobiernos” opinó el secretario General de la Gobernación.

Esa definición fue una advertencia de Cazabán. La amenaza partió desde el Gobierno hacia el sector empresario, obviamente hacia el tándem Vila-Manzano, principales accionistas de la distribuidora eléctrica Edemsa, y concesionarios de áreas petroleras. Pero la amenaza llegó también hasta el sector político, incluido el mismo justicialismo.

Con ese sentido, hace más de tres semanas, el hombre fuerte de Celso Jaque, insistió por el diario centenario: "El tema se puede plantear en la Legislatura, con una ley de incompatibilidades que se podría discutir para redefinir la relación de la política con los grupos económicos. Si el instrumento es una ley provincial, ¡que se discuta y se resuelva en la Legislatura!".

De este modo la nueva avanzada oficial se puso en marcha. En las últimas horas los allegados al Ejecutivo confirmaron la tendencia y están convencidos que se concretará la idea.

Pero al mismo tiempo, presumen desde el mismo entorno jaquista que habrá resistencia peronista al proyecto que saldrá de la Casa de Gobierno para que explote en la Casa de las Leyes. Y también es posible que estas resistencias aparezcan en algunos miembros de la oposición.

Durante la mañana de ayer algunos referentes justicialistas que analizaban el caso concluían que la decisión del sanrafaelino Omar Félix de enfrentarse definitivamente con Jaque tiene que ver en buena medida con esta postura del mandatario y de su ladero Cazabán.

Esa divisoria se extenderá todavía más dentro del partido gobernante, es decir, Félix puede encontrar ocasionales adeptos en esta puja que se viene. En esas juntas de análisis político los dirigentes territoriales advierten que le desconocen ascendencia política a Jaque en temas tan cruciales, como una ley de estas características.

Cuál es el criterio jurídico para llevar adelante el plan

Un abogado oficial provincial explicó así el fundamento jurídico: "Nosotros no podemos regular los medios de difusión porque es competencia federal, pero sí lo podemos hacer en el caso de los servicios públicos. Por eso sería una ley donde se establezcan las incompatibilidades para ser concesionario de algún servicio público en Mendoza. Por supuesto que nuestra idea es que nadie puede ser concesionario de un servicio público si es, a la vez, dueño de un medio de comunicación".

Es decir, será como la pieza que encastrará con la nueva Ley de Medios que fija las condiciones para obtener una licencia de radiodifusión. Entre ellas, la exigencia que sólo se puede aspirar a tener una ínfima parte de las acciones de alguna empresa de servicios públicos si se aspira a obtener una licencia de radio o televisión.

Las consecuencias

A la ya la definida diferenciación del sector que responde al actual diputado nacional Félix de la cúpula gubermanental, otros informantes territoriales aseguran que si llega un proyecto de esta característica a la Legislatura el oficialismo se resquebrajará aún más.

Hay por lo menos dos parlamentarios -uno de ellos oficialista-, que son identificados en la Legislatura por mantener vínculos "umbilicales" con el Multimedios Uno, tal como le gusta graficar al mismo Cazabán.

Aunque esos legisladores no serán los únicos que pueden llegar a resistir o discrepar con el proyecto oficial si la iniciativa toma estado parlamentario. Aseguran que hay intendentes que no están dispuestos a pelearse con los pluriempresarios apuntados.

Incluso hay quienes teorizan sobre el asunto y hacen paralelismos políticos. Señalan que así como Jaque debería tomar distancia  con respecto al poder kirchnerista por la poca atención dispensada por el matrimonio presidencial para con Mendoza, varios de los jefes distritales del peronismo deberían mantener un discreto apoyo al gobernador dada la escasa participación que éste otorga a los intendentes.

"Dios ayuda a los que son más, y ellos son menos", distinguió un dirigente peronista norteño ayer cuando se le consultó sobre el caso remarcando que el peronismo es mucho más que el Gobierno. Una relación de fuerzas inédita para el justicialismo, ya que había un antiguo axioma que parecía inalterable que rezaba: "En el PJ el que gobierna manda". Parecía un paradigma inalterable. Parecía. Es correcta la conjugación verbal.

Dada esta situación se prevé una fuerte tensión dentro del peronismo local si Jaque y Cazabán finalmente concretan la idea dejar afuera del negocio eléctrico y petrolero a Vila y a Manzano a través de una ley provincial donde obliguen a propios y extraños a definirse en esta puja.  Esas tensiones se trasladarán de manera horizontal tanto al PD como a la UCR y al CONFE, y a otros partidos menores, donde algunos de sus miembros suelen sintonizar bien con los empresarios de los que ahora reniega el gobierno.

En el peronismo, que en definitiva tiene la obligación de gobernar, es un escenario cada vez más inestable para la nueva conducción, que a partir de hoy tomará las riendas del partido con Rubén Miranda a la cabeza.