La concesión de OSM será rescindida por Celso Jaque

Si bien no está confirmado el momento en que hará pública la noticia, en el círculo íntimo oficial conocen la decisión del gobernador. Un primer paso hacia esta meta es la extensión a la intervención de la empresa. Se estudia si se volverá a reestatizar la firma o si se concesionará a otros privados.

Foto: Gerardo Gómez/MDZ
Foto: Gerardo Gómez/MDZ

Días atrás en la tercera reunión del Consejo Asesor del Agua, funcionarios que trabajan sobre la intervención a Obras Sanitarias Mendoza (OSM) dejaron ver claramente el deseo de que “se vayan todos” de la empresa para incrementar la participación estatal.

Ahora se conoció que el gobernador, Celso Jaque, decidió finalmente hacer caer la concesión de OSM para así comenzar un proceso de recuperación de la firma que hoy está compuesta en su mayoría por capitales privados naciones e internacionales con una pequeña participación estatal.

Si bien está confirmado que el gobierno buscará más participación en la empresa con una posible reestatización, también se baraja la posibilidad de que nuevos capitales privados ingresen a la empresa, aunque no está asegurado cuando se dará a conocer la noticia.

Para comenzar a delinear la estrategia, el oficialismo extenderá la intervención, anuncio que tal vez realice esta semana aunque no se sabe a ciencia cierta si será por 90 ó 180 días más, ya que se estima que los trabajos de auditoria terminarán en marzo.

Gonzalo Dávila, interventor de OSM, dijo tras el último encuentro del Consejo: “volver a la concesión como estaba antes de la intervención es imposible”, lo que dejó ver a las claras la insatisfacción del gobierno ante el manejo de la empresa.

Desde que se anunció su intervención a principios de agosto por 180 días, desde el gobierno expresaron su malestar por los incumplimientos de la empresa en cuanto a los servicios que brinda y en las obras no realizadas.

“El servicio no daba para más” decía Alejandro Cazabán cuando anunció la intervención de OSM a la vez que destacaba la creación de un Consejo Asesor con referentes políticos y del sector.

Desde ese momento el Ejecutivo puso la mira sobre los accionistas de la firma, la cual está compuesta en un 20 por ciento en acciones del Estado, un 10 por ciento de los trabajadores y un 70 por ciento de activos privados entre los que están un 1,76 por ciento el grupo económico Vila-Manzano, otro 1,76 por ciento Mario Groisman y un 66 por ciento entre Saur Internacional y South Water más otro grupo inversor argentino.