La decisión de la presidente Cristina Kirchner de solicitar al Parlamento una ley para promover un cambio de domicilio del pago de deuda no fue bien vista por los economistas y analistas de consultoras privadas, quienes dudan sobre la efectividad que pueda tener la medida entre los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010; así lo indica un informe de Infobae.
Además, coinciden en que la propuesta de la mandataria sólo hará profundizar en el tiempo la situación de default a la vez de que cerró las puertas a un eventual acuerdo con los tenedores de bonos en defautl que ganaron la batalla judicial en los Estados Unidos.
El riesgo principal que señalan los analistas a la hora de implementar un canje es la posibilidad de que fondos que por sus propias normas internas están imposibilitados de invertir en activos regidos por leyes que no sean las de los Estados Unidos entren al canje, aún queriendo.
"La clave está en qué va a pasar con los que no puedan entrar al canje, el proyecto de ley prevé depositar el dinero en un fondo fiduciario, pero no queda claro si eso viola o no las condiciones de emisión de los bonos o si los tenedores de bonos del canje van a tener que salir a venderlos”, sostuvo al diario El Cronista Marina Dal Poggetto del estudio Bein.
Para la economista, "lo más positivo que le veo a todo esto es el depósito del dinero para que los holdouts lo vengan a buscar, es un cambio radical respecto de lo que fue en su momento la Ley Cerrojo”".
Carlos Melconian también planteó sus dudas sobre la adhesión que reciba la propuesta argentina entre los bonistas reestructurados con papeles bajo ley extranjera, alrededor del 80% del 92.4% que aceptó los canjes de 2005 y 2010. "Es un desafío", subrayó el economista a la vez que remarcó que se desconoce cómo será tomada la propuesta del Gobierno en el mundo y en la Justicia de los Estados Unidos.
"En esta disociación que tenemos con el mundo, sumamos un tema adicional de cómo responderá la Justicia norteamericana", opinó el economista para quien "en términos prácticos" el proyecto de la Presidente de cambiar la sede del pago de la deuda "dilata la solución" con los holdouts. "Es el intento de la búsqueda de una solución complicada", resumió en declaraciones al canal 26.
Asimismo, puso el foco en que "si hasta ayer se discutía si esto (el default) era una cuestión transitoria esperando a que venza la RUFO y en enero arreglar con los holdouts, da la impresión que la Argentina ahora está en otro camino, está en un camino de seguir redoblando la apuesta. Ya no tiene sentido que venza la cláusula".
Similar fue el análisis de su colega Ezequiel Asencio, economista y director de Balanz Capital, en declaraciones a El Cronista: "Lo bueno de salir del default, con la restricción externa, era suavizar el camino a 2015. Hoy el default te lo hizo peor. Se sobredimensionó la posibilidad de que Argentina se iba a sentar a negociar. Se fue cayendo, y ahora el miedo a la aceleración. La RUFO (la cláusula que impide a la Argentina pagar más a los holdouts que a los bonistas que entraron a los canjes 2005 y 2010, al menos hasta enero próximo) era una excusa. Ahora queda claro que el default es default y que se va a sufrir la cesación de pagos hasta que Cristina Kirchner no se vaya del gobierno”".
Para el economista Fausto Spotorno, de OJF. la medida "desde el punto de vista de la economía, no soluciona el problema de la falta de dólares”".
La decisión de la Casa Rosada también fue objetada a través de las redes sociales por economistas como Rodrigo Álvarez y José Luis Espert.
Álvarez, de la consultora Analytica, consideró que "esto sí que es una herencia para el próximo Gobierno: están dinamitando el acceso al principal mercado de capitales del mundo", dijo, y manifestó que "por estatuto, la jurisdicción tiene que ser Nueva York".
En tanto, Espert opinó que "el envío de Cristina Kirchner de un proyecto de ley para cambiar de jurisdicción demuestra que la RUFO no era motivo para desacatar a Griesa". "El Congreso es copartícipe del fracaso del canje de deuda de Kirchner. No puede ser copartícipe de que por ley Argentina país desacate un fallo" de la Justicia norteamericana, indicó Espert.