Un mensaje tardío y con un tono distinto

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un mensaje en el que, con una demora de 90 días, dijo cual sería el destino de las cuestionadas retenciones. A pesar de un tono más conciliador, los anuncios fueron vagos y llenos de imprecisiones técnicas y políticas.


La presidenta Cristina Fernández demoró 90 días en anunciar qué destino tendrán los recursos que se detraerán de las exportaciones de soja por aumento de las retenciones. Probablemente, y luego de escuchar hasta el cansancio que la interpretación generalizada era que aumentar las retenciones solo tenía por objeto cubrir necesidades de caja. En el ínterin, el gobierno se prendió innecesariamente en un contrapunto que no debía, en lugar de dar sus explicaciones.

Probablemente, ahora se podrá discutir si el destino de esos recursos es el mejor o no, pero por lo menos se podrá discutir sobre una base cierta. Demorar en dar esta explicación le ha generado al gobierno un desgaste político sin sentido.

Cabe entonces reflexionar porqué no se hizo antes. Una interpretación es que dicho plan no existía y tuvieron que improvisarlo para salir del paso. De hecho, no aclaró cuál será la distribución territorial ni los criterios con los cuales se elegirán los destinos de los fondos, cuyo monto también se desconoce.

Otra explicación posible es la soberbia que exhibe a diario, a pesar que usó un tono más conciliador. Sin embargo, en el tramo del discurso se le escapó la soberbia. Dijo que no se explicaba porqué se objetaban sus decisiones si el programa había sido ratificado por voto popular. Cristina cree que el voto es un cheque en blanco que la exime de dar explicaciones, a pesar que lo dice en tono que parece humilde, pero no es creíble.

La Presidenta no asumió los errores de su gestión. Resaltó como un logro del gobierno haber solucionado el problema de las vacas conserva, pero este problema lo había generado el propio gobierno a través de las medidas adoptadas por Guillermo Moreno, que es quien mejor expresa el sentimiento del gobierno, que profesa un odio profundo a las ganancias de los empresarios que no son amigos ni serviles.

Por otra parte, vuelve a utilizar el federalismo como excusa. Y digo como excusa porque darle a las provincias plata para que haga lo que planifica el gobierno nacional no es federalismo. Cualquier constitucionalista puede explicar que el federalismo no puede hacer depender a las provincias de la discrecionalidad de la Nación para asignar fondos sin una regla clara y previsible.

Para que el fondo que van a constituir tenga un sentido federal debería operar distinto. Si las provincias recibieran lo que realmente les corresponde, podrían acordar con la Nación aportar una parte de sus recursos para que la Nación pueda administrar un Fondo compensador de desigualdades, pero no lo pueden hacer porque hoy casi no pueden pagar los sueldos de los empleados.

La presidenta reconoció que el gobierno gasta 12.000 millones de dólares anuales para sostener el tipo de cambio. Y este gasto es redistributivo, pero al revés, ya que de esta manera se les saca a los pobres para favorecer a los empresarios. Y no dijo que gasta 20.000 millones de pesos para mantener subsidios que los pobres no reciben. Porque los subsidios a las naftas y el gasoil son para que los que compran autos nuevos puedan consumir combustibles baratos. Los pobres no pueden comer ni comprar autos.

Finalmente, si algún pobre escuchó el discurso deberá preguntarse de qué manera se beneficia con estos anuncios. En realidad, salvo la direccionalidad genérica de los fondos, lo demás fue pura retórica.

Probablemente a los dirigentes del campo no los satisfaga. Los productores de leche siguen cerrando tambos porque no son rentables ya que tienen congelados los precios que perciben mientras los grandes industriales reciben autorización para aumentar los lácteos. Los productores de carne siguen percibiendo un precio irrisorio por la hacienda, mientras la carne está cada día más cara para el consumidor.

Algo está muy mal y estuvo ausente en el discurso presidencial