La abogada Carolina Jacky, conocida por actuar en causas contra la violencia de género, fue suspendida por cuatro meses tras verse ratificada en segunda instancia una decisión del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, debido a una causa en la que está acusada de haberse quedado con dinero de dos clientas.
La ratificación fue sentenciada por la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza, que avaló un fallo del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial, en el cual se estableció una suspensión de cuatro meses para Jacky por conductas indebidas y mal ejercicio de la profesión, al estafar a dos clientas que había patrocinado en causas referidas a la retención de ahorros durante el Corralito bancario del 2001.
Fuentes del Colegio de Abogados confirmaron a MDZ que la ratificación de la suspensión a Jacky entrará en vigencia próximamente.
Todo comenzó cuando, en 2003, Jacky actuó como abogada patrocinante de Vicenta De la Rosa y Patricia Bellido en un amparo con el cual las mujeres pretendían cobrar sus ahorros en dólares que estaban en cuentas bancarias y habían sido retenidos y pesificados, en el marco del Corralito bancario que se aplicó en la crisis de fines del 2001.
Pese a conseguir los amparos judiciales por 15.000 y 2.000 dólares para De la Rosa y Bellido, respectivamente, Jacky no entregó el dinero y les dijo a las mujeres que sus expedientes se habían extraviado en la burocracia del Poder Judicial, según consta en la causa analizada por el Colegio de Abogados. No conformes con las respuestas, las dos clientes iniciaron sendas investigaciones que, años después, pudieron comprobar que Jacky había cobrado los pagos bancarios y se había quedado con ellos.
Si bien la abogada y sus exclientas firmaron un acuerdo extrajudicial que permitió la restitución del dinero a sus propietarias, las damnificadas denunciaron penalmente a Jacky, y la causa también llegó al Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, cuyo Tribunal de Ética sancionó a Jacky por cuatro meses; sin embargo, la letrada apeló la decisión al tribunal de alzada, que confirmó la sanción.