En mayo se traspasó la Terminal de Ómnibus a la sociedad anónima Estación Terminal, un consorcio que tendrá la concesión por 20 años y que deberá invertir 260 millones de pesos en un tiempo estimado en tres años para mejorar su infraestructura y seguridad.
En noviembre del año pasado se hizo una auditoría que dejó en evidencia faltas de control, y accesos clausurados, entre otras falencias de la administración, por lo que decidieron concesionarla. Sin embargo, desde mayo hasta la fecha, los empleados cuentan que se han instalado barreras automáticas y cámaras de seguridad, como únicas mejoras en el predio.
Paralelamente, el mercado de la terminal, que supo tener frutas, verduras, carnes y un surtido de artículos de producción provincial, se encuentra desabastecido y los trabajadores indicaron que están vendiendo lo que queda en stock, a la espera de su traslado.
Desde Economía adelantaron que el nuevo mercado estará ubicado cerca de Casa de Gobierno, y aunque todavía prefieren no dar la dirección exacta, aseguran que "se están haciendo trabajos a una propiedad que tenía el ministerio para mudarlo ahí".
La empresa concesionaria y las obras prometidas:
El titular de la Terminal es ahora Mauricio Badaloni (de Andesmar), quien figura como representante de la UTE concesionaria. Además de Andesmar son parte de la sociedad las empresas CATA, CEOSA, Stocco y Traslar.
La unión de empresas fue la única que se presentó a la licitación del Estado para explotar las áreas rentables, la administración general y los anexos, así como para refuncionalizar la Terminal y encargarse del mantenimiento o reposición de los sistemas de seguridad.
Los servicios de seguridad y vigilancia, la limpieza del edificio en las áreas de circulación peatonal y vehicular y la atención de jardines y del entorno, también serán ahora de gestión privada, pero todos los trabajos deberán ser controlados por la Secretaría de Servicios Públicos.
A cambio de las inversiones, los concesionarios tendrán cinco años libres de cánones y a partir del sexto, pagarán al Estado un 3% de todo lo que facturen.