Si bien ya no quedan detenidos, cada vez son más los involucrados en la causa de la megaestafa a la AFIP, la cual es llevada adelante por el Juzgado Federal Nº3. A las 11 personas que fueron demoradas tras los allanamientos realizados a fines de junio, se han sumado otras 11 que eran buscadas por la Justicia y que en los últimos días pidieron la exención de prisión.
Según explicaron desde el juzgado que impulsa la causa, se trata de personas que eran buscadas por su participación en este fraude fiscal. En lugar de entregarse, enviaron a sus abogados con la intención de ser eximidos de su posible detención.
"Pidieron no ser detenidos y se están resolviendo esas presentaciones. A algunos ya se les ha concedido con ciertas garantías, como la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse ante el tribunal y el pago de la fianza correspondiente", señalaron desde el juzgado.
Si alguno de estos pedidos se resuelve de forma negativa, vuelve a entrar en vigencia la orden de detención contra esa persona, pero mientras tanto su calidad de prófugo queda en "stand by".
En cuanto a las 11 personas que habían sido aprehendidas a principios de julio, todas ellas recuperaron la libertad a la espera de que se resuelva si quedan procesadas, son sobreseídas o se declara la falta de mérito para juzgarlos.
Todos ellos están acusados de posible asociación ilícita tributaria, delito contemplado en el artículo 15 de la ley 24.769, con una pena mínima de 4 años de prisión. Específicamente, se los investiga por formar parte de un entramado dedicado a la emisión de facturas truchas y venta de IVA.
La investigación por la "megastafa" comenzó el año pasado cuando se imputó a cinco personas, de las cuales dos se encuentran prófugas de la Justicia: Pablo Prete y Sergio Arturo Delfino. Ambos son señalados como los líderes de la asociación ilícita y se enfrentan a penas que van desde 5 a 10 años de prisión.