El principio jurídico de presunción de inocencia -se es inocente hasta que se demuestra lo contrario- está cada vez más vapuleado. Baste repasar el caso de Walter Vilca, un hombre de Guaymallén que fue víctima de la violencia institucional nuestra de cada día.
El pasado 5 de mayo, efectivos de la Policía de Mendoza allanaron su domicilio sin una orden judicial y lo detuvieron acusándolo del robo de un vehículo. Cinco días después de permanecer tras las rejas quedó en libertad condicional, luego de que la víctima, en una rueda de reconocimiento, no lo identificara como el ladrón de su auto.
De acuerdo con un informe de Unidiversidad, el portal de noticias de la Universidad Nacional de Cuyo, ese día, la mujer de Vilca se encontraba tendiendo la ropa en el patio de su casa cuando advirtió la presencia de una persona en el techo. El susodicho se presentó como un policía, aunque no vestía como tal.
Minutos después, éste y otros cinco uniformados golpearon la puerta de la vivienda y, sin mostrar ninguna orden judicial de allanamiento, ingresaron con cierta prepotencia.
De acuerdo con los testimonios de Vilca y su familia, los efectivos los rociaron con gas pimienta y ante el pedido insistente de si tenían una orden judicial, uno de los policías contestó: "Usted cállese la boca porque si no, le hago un acta por preguntar".
Los uniformados adujeron que en horas de la tarde de ese mismo día, un hombre con un vehículo igual al de Vilca había robado otro auto a una mujer.
El acusado negó haber sido él y, aunque no mostraron pruebas suficientes,lo detuvieron. Al día siguiente, le pintaron los dedos, lo hicieron declarar y lo trasladaron a Contraventores.
Según señala el informe del portal mencionado, "en medio de la desesperación, la familia consiguió un abogado que les cobró 7000 pesos para dejarlo en libertad, aunque les dijo que era difícil. Además les pidió $ 40 mil más para sacar la camioneta. Dado que la familia no tenía esa suma de dinero, buscaron un abogado del Estado".
Aquí, la ola de violencia institucional siguió su curso. Es que, como describió Unidiversidad, "en la Defensoría Nº 13 de Pobres y Ausentes, Franco Fausti fue el letrado designado para el caso. El hombre no sólo no los ayudó sino que dudó de la inocencia de Vilca".
Vilca estuvo cinco días tras las rejas y, finalmente, tras una rueda de reconocimiento, la víctima del robo no lo identificó como el presunto asaltante.
Ahora, Vilca se encuentra bajo un régimen de libertad condicionada. Sus pertenencias se encuentran retenidas y debe presentarse a principios y mediados de cada mes a firmar en sede judicial a la espera de poder defenderse en un juicio. Su familia, en tanto, continúa presa del miedo.
Como una de las tantas paradojas que se presentan en la vida, el caso paradigmático de Vilca se registró a tres días de conmemorarse el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional.
Repasá el informe completo aquí.