La preocupación social por los casos de trata de persona, que tuvo uno de sus puntos más altos con la convocatoria a la protesta del #NiUnaMenos, parece no tener correlato con los recursos efectivos con los que se dispone para la lucha contra este delito.
Según detalló el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la línea telefónica que recibe denuncias por casos de trata de personas a nivel país ha recepcionado 1.028 reportes en lo que va de año, de los cuales el 15 por ciento -un total de 154- corresponden a Mendoza.
Frente a esta situación, la Provincia debería ponerse en alerta por el tráfico de personas, trabajadores explotados y mujeres sometidas a la prostitución clandestina. Sin embargo, el personal que ayuda a la Justicia Federal a atender estos cosas es escaso, según lo admiten las propias autoridades del ministerio de Seguridad.
Si bien este tipo de delitos es competencia de la Justicia Federal, en Mendoza hay dos ministerios que trabajan en conjunto y colaboran en la investigación de las causas y la contención de las víctimas: Desarrollo Social y Seguridad.
Según detalla el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Tagarelli, su cartera trabaja con las víctimas de trata de personas a través de "un equipo de contingencia que responde a la Dirección de Protección".
Este grupo brinda apoyo a los damnificados con la ayuda psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. "Trabajamos para toda la provincia, acompañando a las víctimas. Por eso se creó el Concejo Provincial de DDHH, el cual está integrado por todos los municipios para trabajar de manera global en la provincia", explicó Tagarelli.
El funcionario cuenta: "Para poder actuar debe haber una denuncia al 145 (línea anónima que funciona los 365 de año); luego nos llaman a nosotros y activamos el protocolo de trabajo junto con la Justicia Federal, para recabar toda la información de los delitos".
En este sentido, aclara que la intervención del ministerio es sólo de apoyo, porque los únicos que pueden actual son las fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía Aeroportuaria. "Nosotros brindamos apoyo en el rescate de la víctima y, luego, en la asistencia psicológica y social", detalla Tagarelli.
El titular provincial de Derechos Humanos asumió su cargo hace cuatro meses, por lo cual se excusa de detallar la cantidad de ingresos telefónicos que se han detectado en Mendoza. Sin embargo, señala que desde marzo, cuando él ingresó, ha habido 56 hechos de abordajes de los cuales sólo el 20% han sido casos de trata de personas.
Sin embargo, y a pesar de la ardua labor, allí sólo trabajan seis personas de las cuales, además de Tagarelli, hay abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas.
El Ministerio de Seguridad también colabora con la Justicia Federal en los delitos de trata de personas. Según explica el director de Delitos Sexuales, Manuel Ontiveros, su repartición tiene intervención en los casos en conjunto con la división de Búsqueda de Personas y las policías departamentales.
"Lo que nosotros hacemos es trabajar en la búsqueda de los casos y ayudar en la investigación, pero las detenciones y los allanamientos los hacen las fiscalías", sostiene Ontiveros, y agrega que la mayoría de los casos que reciben son derivados a través del teléfono 145 o el CEO de la policía (911).
"Nosotros tenemos que localizar y determinar si en los casos denunciados hay trata de índole sexual, pero no es nuestro único trabajo. También trabajamos con causas de abusos que no tienen nada que ver con esto y somos sólo seis personas para todo el Gran Mendoza: Guaymallén, Godoy Cruz, Capital, Luján de Cuyo, Maipú, Las Heras y una parte de Lavalle", admite el funcionario.
"No tenemos gente; somos tres en la mañana y tres en la tarde. Siempre falta personal para todos los requerimientos y, a veces, no llegamos", señala el director de Delitos Sexuales.