Uno de los temas más importantes (o que debería serlo) para los mendocinos es la gestión del agua. Este recurso natural es sumamente vital para la provincia y no pocas veces ha estado en el medio de fuertes disputas por su uso. Ayer, MDZ anunció que el gobernador Francisco Pérez tiene programado presentar el próximo 1 de mayo ante la Legislatura un proyecto que crea una nueva Ley de Aguas, la norma madre que cuenta con más de un siglo de existencia.
Dentro de la discusión, uno de los puntos más polémicos es el funcionamiento de los organismos que manejan el recurso hídrico, principalmente el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), cuyo objetivo legal es controlar y regularizar el agua de consumo residencial, es decir, el agua potable.
Los críticos del organismo sostienen que el EPAS ya no cumple con sus dos funciones primordiales, sobre todo a partir de la reestatización de la ex Obras Sanitarias Mendoza (hoy Aysam), y se ha convertido en un ente burocratizado e innecesario. De esta manera, son varios los que piden su desintegración.
Ante esta situación, MDZ consultó a uno de los integrantes del directorio del EPAS, el radical Sergio Marinelli, quien explicó la situación actual del organismo, planteó las dificultades que padece y enfatizó en que "debe hacerse una completa revisión del sistema", que incluye una modificación a la institución.
"El panorama ha cambiado desde que se creó el EPAS (Ley Provincial 6044), cuando se otorgaban concesiones a los privados, principalmente a Obras Sanitarias Mendoza, además de encuadrar a los más de 140 prestadores preexistentes de esa norma", resumió.
Por ello, consideró que "el EPAS es parte de un sistema donde no se pueden analizar por separado los demás actores involucrados: el usuario y los prestadores, tanto grandes como pequeños". En ese sentido, recalcó que "hoy la visión tiene que ser otra, haciendo falta modificar la ley, y el EPAS como tal debe transformarse".
No solo es controlar
Frente a las críticas, Marinelli fue más cauteloso: "No es que el EPAS no sirve para nada, ya que hasta ahora ha ejercido roles de control y regulación, que son indispensables. Que el organismo como tal debe transformarse, no me cabe la menor duda. Tiene que sufrir una transformación importante a partir de una nueva legislación que analice la fiscalidad del sistema".
De hecho, el representante de la UCR en el organismo, que comanda Javier Montoro, enumeró algunas funciones que cumple el EPAS, además de la regularización, heredadas de la época de las privatizaciones y que son inherentes a las atribuciones del Estado en servicios públicos: el control físico-químico del agua que brindan los prestadores (incluso Aysam), la defensa del usuario ("el EPAS es instancia única, lo que permite un proceso acelerado en materia de reclamos", señaló) y la planificación del servicio.
Sobre este último punto, Marinelli enfatizó en que "lo que está faltando, dentro del sistema, es la planificación de los servicios" y aseguró que "se están haciendo cosas importantes, pero que no tienen que ver con su estricto marco legal, que es el control y la regulación".
"No hay una mala gestión, sino que el EPAS ha quedado entrampado en una lógica que no es la actual", reiteró. Puso como ejemplo las injusticias suscitadas entre los prestadores mayores y los comunitarios, siendo los últimos los que deben brindar un servicio óptimo con escasos recursos, frente a una Aysam que recibe importantes subsidios estatales.
Incluso, Marinelli reconoció que "una de las trabas del EPAS radica en la imposibilidad de castigar a los pequeños prestadores, ya que no tienen los medios para cumplir los objetivos de calidad" y que "en el caso de Aysam, la multa económica no sirve, porque termina afectado a los usuarios y la ciudadanía en general".
Trasformar el sistema del servicio hídrico
En conclusión, el representante del radicalismo determinó que "no pasa por hacer desaparecer al EPAS, sino hay que transformarlo junto con el sistema, reduciendo los gastos corrientes y ampliando las inversiones". Además, "hay que ver qué tipo de estructura estatal permite llegar por igual a cualquier rincón de la provincia para garantizar la calidad, cantidad y precio equitativo del servicio de agua potable".
"Antes de fin de año, hay que tener una ley nueva que resuelva quién va a realizar lo que hace el EPAS: control del agua, regulación de servicio, defensa del usuario y planificación. Después, dependerá si el organismo actual desaparece y se transfieren sus funciones, o si se transforma", finalizó.