Se cumplieron 15 años de la revuelta carcelaria más importante de la historia mendocina, desatada a consecuencia del deplorable sistema, conocida como el "motín vendimial". A partir de los hechos, que duraron del 3 al 5 de marzo del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apuntó a Mendoza por su política carcelaria y el mundo entero tomó nota de las consecuencias de un inhumano accionar contra los presos.
Los protagonistas recordaron aquellos episodios y señalaron que "está estancada la modernización y adecuación del servicio penitenciario".
Roberto Iglesias, quien por esos días era gobernador, evaluó: "Aquellos eran tiempos en los que había diálogo entre las distintas fuerzas políticas, hubo una reacción frente a lo que estaba ocurriendo y logramos sacar, de todo aquello, una acción de gobierno concreta".
Roberto Iglesias, ex gobernador.
En diálogo con MDZ, Iglesias destacó las obras de infraestructura realizadas para atender el problema carcelario, como la refacción completa del penal Boulonge Sur Mer y la construcción de varias penitenciarías, como El Borbollón, y la ampliación de San Felipe.
"En los últimos siete años hubo un retroceso enorme. Y está claro que tampoco se avanzó en otras cuestiones importantes como la profesionalización de la inteligencia policial para abordar el problema de la inseguridad. En síntesis, no se hizo nada", reprochó Iglesias.
Leopoldo Orquín, ex ministro de Seguridad.
Leopoldo Orquín, a cargo del Ministerio de Seguridad por aquel entonces, analizó que, "como saldo positivo de aquellos sucesos, la sociedad mendocina tomó conciencia de que el sistema penitenciario estaba abandonado".
Las condiciones de las personas privadas de su libertad, eran insoportables, enfatizó el ex director de la Inspección General de Seguridad.
Todo comenzó con un recital
Orquín recordó que le tocó gestionar la situación de conflicto en el penal de Boulonge Sur Mer "cuando recién asumíamos y todavía estaba el director de la gestión anterior, Alejandro Espeche" y admitió: "Habían organizado un recital donde estaba invitado especialmente el gobernador, al que le pedí que no fuera, no sé por qué, pero siempre me quedó la sospecha de que todo estaba planificado para tomarlo de rehén a él".
La cárcel alojaba a más del mil presos y tenía capacidad para la mitad.
Orquín destacó la labor de los especialistas en negociación para destrabar el conflicto que se había desatado en medio de una crisis del sistema. "No había dinero para garantizar una buena alimentación, no había fondos para reemplazar los candados y se les debía dinero a los guardiacarceles", declaró en el juicio por el motín Alejandro Espeche, ex director del penal.
El motín comenzó con la toma como rehenes de ocho guardias y doce civiles y el malestar se extendió por el penal. Durante las negociaciones comenzaron a liberar rehenes y finalmente terminaron cediendo y liberaron a todos. No se lamentaron pérdidas humanas pero, no obstante, dos de los líderes murieron tiempo después en el mismo penal y otros dos en las cárceles de Rawson y Ezeiza.
Infraestructura deficiente
Antes de dejar su cargo en la Inspección General de Seguridad, Orquín denunció las precarias condiciones en la cárcel de San Rafael, revelando en los medios la falta de higiene y el hacinamiento en el que viven los internos.
"Hace años que no se construye una cárcel. Teníamos el proyecto de construir un penal por circunscripción, pero esa idea no se continuó. Si seguimos así, vamos a tener una nueva objeción de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", lamentó Orquín.
Instalaciones de los baños en el penal de San Rafael, denunciadas por Orquín.
El problema carcelario
El abogado Pablo Salinas, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fue uno de los impulsores de los hábeas corpus colectivos presentados para que se cumpliera con la legislación y se mejoraran las condiciones de reclusión. El proceso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todo ello generó cambios en la política penitenciaria, como la oferta de actividades para los internos en la modalidad de talleres laborales, literarios y el impulso de figuras como el Procurador de Personas Privadas de la Libertad, cargo que hoy ocupa Fabricio Imparado, integrante del Comité contra la Tortura.
Hacer memoria, repasar los errores, pero también mirar la problemática de la inseguridad de manera global es una tarea a la que deben obligarse los gobernantes para no repetir la historia.