La "ley Cornejo" que otorga mayores facultades para dictar prisiones preventivas recibió un duro cuestionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese organismo, dependiente de la OEA, emitió un informe luego de la visita de la La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Uno de los ejes del cuestionamiento es que se cambia el foco sobre el abordaje de las prisiones preventivas que, para esa institución, deben ser excepcionales.
Pero la CIDH va más allá y se mete de lleno en un tema que desató la guerra entre el Gobierno de Cornejo y la Suprema Corte, en particular con Omar Palermo: el habeas corpus colectivo firmado en diciembre pasado y que cuestionaba las prisiones preventivas. La Comisión dijo lamentar "las acciones realizadas por el gobierno provincial para contrarrestar los efectos jurisprudenciales alcanzados por la decisión de habeas corpus de la Corte Suprema de Mendoza emitida el 23 de diciembre de 2015". Justamente ese organismo destaca como positivo el fallo de la Corte que "representa significativos avances en materia de reducción de la prisión preventiva". Esa es la visión contraria a la del Gobierno y que generó fuertes disputas.
La visita se produjo en septiembre, luego de que abogados defensores de los derechos humanos presentaran en Chile denuncias sobre las condiciones de detención de Mendoza, entre otros temas. Cuando los expertos vinieron a la provincia, se reunieron con funcionarios del Gobierno, de la Justicia y de distintas organizaciones.
El organismo internacional hace un raconto de los sucesos y advierte como "acciones regresivas" la sanción de la ley tendientes a contrarrestar sus efectos, a través de la aprobación de la Ley 8.869 que modifica el Código Procesal Penal mendocino, y de la presentación por parte del jefe del Ministerio Público Fiscal de Mendoza de un recurso federal extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, con el objeto de que no se implementara esta decisión por considerarla "usurpación de la función legislativa". "De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, dicha ley establece la prisión preventiva como "regla" y refleja los enfoques punitivistas por parte del gobierno", describe el informe, haciéndose eco de los testimonios tomados en Mendoza. "La CIDH ha determinado que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad", aclaran.
Más presos
La última visita de este tipo de la CIDH fue en 2010. En ese sentido, alertaron sobre el crecimiento de la población en las cárceles. Mendoza es la provincia donde más creció la cantidad de presos: un 53%. "La CIDH advierte que después de la última visita de la Relatoría en 2010, se ha presentado un crecimiento del 16% en la población penitenciaria de la República. Durante el mismo periodo, el aumento de la población penitenciaria en el ámbito federal equivale a un 15.3%; en la provincia de Buenos Aires, a un 25 %; y en la provincia de Mendoza, a un 53%". Actualmente hay 4,029 personas privadas de la libertad en Mendoza, de las cuales 1.673 están con prisión preventiva. Además, según el informe, hay 22 personas que están en prisión domiciliaria y tienen pulseras electrónicas como mecanismo de control, pero buscan sumar otras 400.
Respecto a las condiciones de las cárceles, advierten sobre la situación de un grupo de módulos de San Felipe. Los auditores visitaron dos módulos de aislamiento; el de "jóvenes menores" de entre 18 y 21 años de edad, y el módulo para "adultos mayores". Al momento de la visita, estos módulos contaban, respectivamente, con 53 y 60 detenidos. "La Relatoría observó con suma preocupación las precarias condiciones de infraestructura y salubridad; la ausencia de ventilación en los dormitorios; la falta de privacidad en el uso de servicios sanitarios; y el daño y exposición de instalaciones eléctricas. En ambos módulos, la Relatoría recibió diversos testimonios que informaban sobre la deficiente e insuficiente alimentación brindada; la supuesta negligente atención médica; la escasez de agua; y la falta de actividades educativas o de recreación". denuncian.