Alvear: cruces por ordenanza de antenas

El Ejecutivo y la oposición radical en el Concejo Deliberante se acusan mutuamente de no agilizar el tratamiento de esa norma.

Un nuevo cruce entre los concejales de la oposición y el Ejecutivo comunal se desató en General Alvear. La Dirección de Gestión Ambiental del municipio cuestionó al Concejo Deliberante, presidido por el bloque radical, por la falta de tratamiento a la modificación de la ordenanza que prohíbe la instalación de antenas de telefonía celular.

Alejandro Llull, director de Gestión Ambiental, explicó ante la prensa que “el intendente De Paolo envió un proyecto de modificación de la ordenanza, la cual no ha sido tratada ni modificada y permanece por las limitaciones propias de su época”.

“La ordenanza data del 2004 y hoy tenemos gravísimos problemas de comunicación, incluso no tenemos la posibilidad de transporte de datos. Estamos quedando muy atrás respecto a este servicio”, recordó el funcionario.

En ese sentido, Llull apuntó directamente al presidente del Concejo Deliberante local, el radical Leonardo Viñolo, al sostener que el edil “debe llamar al debate, que nos pregunte o que haga sus propias modificaciones, pero hasta aquí no hemos tenido respuestas. Queremos que nos den un instrumento para modernizar y que los usuarios realmente utilicen un servicio que están pagando y no pueden usar”.

Por su parte, la respuesta de Viñolo no se hizo esperar: “El expediente lo tenemos hace un año en el Concejo para su tratamiento. Le hemos pedido al Ejecutivo un estudio de impacto ambiental, ya que queremos saber las consecuencias que podría tener en el departamento la instalación de antenas, porque ante la duda primero está la salud”.

“Hasta que el estudio no esté listo, no vamos a avanzar con la modificación de la ordenanza. No tenemos ninguna herramienta para tomar decisiones”, aseguró.

Puso como ejemplo la polémica que se desató hace un tiempo con la habilitación de los llamados feedlot para la ganadería: “Gracias a esa situación, ahora la comuna tiene que pagar un juicio millonario a alguien que le dieron autorización en su momento y luego se comprobó que afectaba la salud”.

Fuentes: FM Viñas y Alvear Diario