La desaparición de Nicolás Argüello (14) que falta de su casa desde el miércoles empezó a despertar sospechas de una posible vinculación con el crimen de Juan Matías Correa -amigo de uno de sus hermanos- ocurrido en el barrio 4 de Julio en Godoy Cruz. Enseguida, comenzaron las especulaciones de un posible descuido al interior del sistema de Protección al Testigo, donde la familia estaría amparada.
Si bien la abogada defensora de los padres de Nicolás, Anahí Venier, confirmó ayer a MDZ que iniciará una denuncia a la Subcomisaria Cecilia Zambrano, "que debía velar por la protección de ellos" y además que Argüello padre, "tenía en su poder un teléfono celular con el cual brindaba información sobre las bandas de su barrio a la policía y a la justicia, por eso ingresó al programa", desde la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, desmintieron esta afirmación.
Pablo Cazabán, abogado penalista que tuvo como cliente a un testigo protegido, aportó su punto de vista en el marco del ahora cuestionado programa de protección de testigos de Mendoza y arrojó más sospechas en cuanto a la calidad del mismo.
El abogado contó las verdaderas desventuras de un testigo protegido en la causa por el asesinato del cabo de la policía Gustavo Ramet, un integrante de la Banda de Música de la policía local que llevaba 16 años en la fuerza y fue asesinado el 20 de octubre de 2008 de un balazo en la cabeza. Hubo dos juicios por su asesinato hasta que se pudo condenar a una persona. El testigo protegido que dio información clave fue cliente de Pablo Cazabán, cuando el abogado trataba de “protegerlo”.
"Desde mi experiencia, (lo veo) muy mal", afirmó sin más Cazabán. "Funciona tan mal que sería preferible que no funcione, porque el testigo pone cierta expectativa y tranquilidad en un sistema que no funciona", agregó.
"En el caso particular mío, fue un testigo protegido en una causa muy resonante, el homicidio de un policía de la banda, la causa Ramet. El aporte de este testigo fue muy importante, entonces se lo incorpora en este sistema. Yo tomo conocimiento cuando tiene problemas, o mejor dicho, el problema más grave: el año pasado le informan que tenía que entregar la vivienda que le habían dado, porque había recaído sentencia, a pesar de que la misma no estaba firme. Esto sin ningún tipo de orden judicial", contó.
"A partir de ahí, esta persona contrató mi servicios y yo me encontré con una realidad que es realmente asombrosa o patética, porque la atención es muy mala, o directamente es terrible la desatención", agregó Cazabán, en diálogo radial con MDZ.
Me parece que es un mecanismo muy útil para resolver causas pero quién se va a querer exponer ante esta realidad.
"En el caso de mi representado no cumplieron con ninguno de los compromisos que habían asumido, que son los que la ley exige. Hoy esa persona vive en una casa en una situación absolutamente deplorable, con problemas estructurales severos, el Ministerio ni sabe (sabe porque yo lo informo por escrito, pero no hace nada). La desidia es tal que yo llevo las boletas de gas, agua y luz, vencidas, con amenaza de corte, para que tomen cartas en el asunto. No le reconocen los derechos que la ley establece", añadió el letrado.
Realmente esta persona vive en una situación extrema, la alojaron cerca de donde viven las personas contra las que declaró, esas personas saben que está ahí, si no le han hecho nada es porque no han querido.
En este marco, Cazabán criticó que ante la falencia de este importante programa, se haya hablado de lanzar uno tan ambicioso como la emergencia en seguridad.
"Siempre sostienen que hay que asistir a la víctima del delito, en este caso tiene el carácter de testigo protegido, pero si ponen tanto énfasis en eso, sancionan una ley hermosa (como la de la ley de emergencia en seguridad) pero después es letra muerta o payasadas espasmódicas", criticó el abogado.
Si tenemos una hermosa ley, hagan algo, asignen fondos, pongan responsables, auditen el cumplimiento.
Vale recordar que el programa debe hacer un plan individual de la protección a medida de cada uno de los testigos, también puede disponer en el domicilio patrullaje en la zona, custodia de los bienes, cambio del lugar habitual de residencia, otorgar un subsidio no menor a la jubilación ordinaria mínima, además, cuando un testigo protegido entra en el programa, ingresa su familia también.
"En este caso, le dieron una casa y cuando iba llegando, había otro testigo protegido de otro caso, los juntaron y le explicaban a cada uno de qué causa era el otro, sin saber si se conocían, si eran causas vinculadas", contó Cazabán.
Además agregó: "Cuando los trasladaron al domicilio no tenían protección policial -ni permanente ni esporádica-, jamás le dieron la ayuda económica fija (mendigaban que les dieran alimentos para él y para sus hijos), iba sola a declarar, a tal punto que cuando fue al juicio, llegó sola y la querían hacer declarar en la sala, cuando la ley establece que lo tiene que hacer bajo teleconferencia".
Las ayudas sociales (porque son de comida, no de dinero) son esporádicas y a voluntad de los responsables del programa.
Cazabán contó que en una oportunidad, "casi que obligan a mendigar a una persona que estaba dentro del programa de protección y con la incertidumbre de que el año pasado, en octubre, le notificaron que tenía que abandonar el domicilio".
Según el letrado, esta es una situación "que es más desidia o mala fe que falta de inteligencia. Yo entiendo que nadie se ocupa o se preocupa y no hay un protocolo".
No hay criterios fijos establecidos sobre los fondos, cuándo, cómo o dónde, no es tan difícil, es falta de voluntad, de buena voluntad.
Cazabán considera que "está el pensamiento mágico de que sancionada la ley está resuelto el problema". Y añadió: "Tenemos esas reacciones espasmódicas: matan a alguien en el Parque, cerremos el Parque. La estupidez no tiene límites a veces".
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