La publicación de las últimas estadísticas sobre el delito en la Argentina, que el Ministerio de Justicia y Seguridad difundió el viernes pasado, levantó la polémica.
El ministro Julio Alak había declarado días antes en el Congreso que el delito se había estancado desde 2003, cuando las cifras oficiales revelaron en realidad que de 2007 a 2008 subió en un 7% en el país y un 25 por ciento en la provincia.
Ante tanto descuerdo, la pregunta es inevitable: ¿cómo se elaboran los estudios sobre el delito en la Argentina y para qué sirven?
La Dirección Nacional de Política Criminal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, es la encargada de elaborar la estadística oficial y coordinar los instrumentos de recolección de datos.
"Una de las fuentes de información de las que se nutre la dirección es el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que recopila mensualmente los datos sobre los hechos delictivos registrados por las fuerzas policiales, Gendarmería y la Prefectura", explicó a lanacion.com Claudio Stampalija, abogado penalista y criminólogo, director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano.
"Además, como un plus, existe el Sistema de Alerta Temprana, (SAT), que se encarga, tomando como fuentes de información los mismos organismos, de recopilar mensualmente la información desagregada de los delitos de homicidio doloso, culposo, y contra la propiedad", agregó el especialista.
Justamente, los únicos datos que la cartera nacional dio a conocer sobre 2009 son las cifras del SAT. Según este informe, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en 2007 fue de 5,3%; en 2008, de 5,8%, y en 2009, de 5,5%. El detalle es que de ese último año no se incluyeron los datos de la provincia de Buenos Aires, aunque tampoco se computó a la población de este sector en los cálculos, según aclara el informe.
La cifra negra. Todos estos datos conforman lo que se conoce como la "cifra blanca", pero ¿qué sucede con los delitos que no se denuncian?
"Hay tres tipos de datos que son esenciales para elaborar una estadística del delito: los oficiales (hechos denunciados), las encuestas de victimización (hechos no denunciados) y lo que se conoce como ?sensación? de inseguridad", indicó Alejandro Catterberg, director de Poliarquía Consultores.
"Hay una enorme cantidad de delitos menores que no son denunciados. Por lo general, esto tiene que ver con el desaliento que se genera desde la policía para que no se presente la denuncia cuando son hechos menores", explicó Catterberg. Esta información es la que se recaba en las encuestas de victimización. "Hasta hace unos años se hacían a nivel nacional y oficial. Hoy hay algunos datos privados, pero no son muy representativos por que son encuestas caras, difíciles de realizar sin el financiamiento del Estado", añadió.
Sobre este punto coincidió Roberto Durrieu, abogado penalista y ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. "Hay cada vez más gente que no denuncia algunos delitos, sobre todo por el tiempo que implica el trámite. Las encuestas de victimización permiten un panorama más real de la situación delictiva en el país", explicó.
"Salvo cuando se trata de homicidios, dolosos y culposos, todos los otros datos son al menos dudosos, ya que la información que dan las comisarías es absolutamente incompleta y muchas veces poco confiable", agregó.
De sensaciones y números. ¿La inseguridad es una sensación o una realidad? Este es uno de los principales puntos del debate sobre la situación delictiva del país.
"Es importante tener en cuenta cómo se percibe y cómo reacciona la gente ante la inseguridad. Puede que no aumenten los delitos en general, pero sí que se sucedan en olas o que ocurran delitos graves que generen gran impacto", opinó Catterberg.
"La sensación es lo que la gente recibe a través de los medios y a través de la experiencia cotidiana, ya sea por ser víctima o por conocer gente cercana que fue víctima de un delito. Todos estos elementos son importantes a la hora de elaborar una política criminal", evaluó el especialista.
El deber de informar. La ley 25.266 del Registro Nacional de Reincidencia ?Estadísticas Criminológicas- establece que el requerimiento de datos debe ser realizado trimestralmente por la Dirección de Política Criminal, que, a su vez, deberá confeccionar anualmente la estadística general sobre el delito en el país, la única cifra considerada oficial.
El artículo 3 de la norma determina que podrá ser multado el funcionario público que no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío.
Según sostuvo Stampalija, "un país serio en esta temática no puede tener un vacío tal, porque muestra un desdén en la formulación" de su política criminal. "Es una muestra más del desinterés que apareja planificar seria y concretamente un plan integral de seguridad nacional como base principalmente en la prevención del delito", sentenció el criminólogo
Fuente: La Nación