En virtud de la reunión que ustedes mantendrán el día lunes 21 de setiembre con representantes de la empresa Minera San Jorge s.a., nos dirigimos a fin de responder de antemano a algunos cuestionamientos que seguramente surgirán por parte de la empresa a nuestra labor ciudadana.
Oikos red ambiental lleva en esta provincia más de 9 años promoviendo la participación ciudadana, el libre acceso a la información y la resolución de conflictos socio-ambientales, a través de la sensibilización y educación ambiental, el monitoreo de políticas públicas y el acceso a la justicia como estrategias primarias para el logro de sus fines.
Sin lugar a dudas, nuestras intervenciones en algunos casos han originado rechazo por parte de grupos con intereses específicos, sea de orden económico, político, etc., al haber defendido el interés público por sobre el privado, utilizando los mecanismos democráticos que nos provee la Constitución Nacional y la legislación ambiental vigente. Sin embargo, más allá de estar o no de acuerdo con nuestras estrategias y acciones, nadie puede alegar que no hayamos abordado la problemática y la conflictividad social y ambiental con la seriedad que los temas se merecen. Cada vez que fuimos a la justicia en busca de corregir comportamientos alejados del cumplimiento de la ley y los intereses ciudadanos hemos ganado, acumulando numerosas sentencias que han restituido a los mendocinos los derechos ambientales lesionados. De más de 100 casos que hemos gestionado a lo largo de nuestra historia, apenas un puñado han llegado a la instancia judicial, lo que habla de nuestra capacidad para evitar la judicialización de los casos, apostando al consenso y a los acuerdos intersectoriales.
En relación al caso del proyecto megaminero metalífero ubicado en Uspallata, el mismo actualmente se encuentra en el trámite del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, nuestra institución solicitó la suspensión del proceso de consulta establecido por el decreto N° 820/06, porque consideramos que viola el derecho al acceso a la información ambiental y lesiona gravemente el derecho a la participación, ya que en el mismo solamente puede accederse a la información proporcionada por la empresa, siendo que en los últimos 15 años el procedimiento general puso en su etapa de consulta y participación la información de la empresa junto con la de los científicos y organismos públicos, lo cual le brinda al interesado una visión más completa del proyecto, sus pro y sus contra. Si bien la empresa tanto como el gobierno provincial cumplen la ley, es la misma norma la que está viciada de inconstitucionalidad y contra ella es nuestro reclamo. El Gobierno de Mendoza denegó nuestra solicitud hace más de un mes.
Recientemente, y luego de analizar una porción de información fundamental dentro del Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa (las aguas subterráneas) encontramos serias inconsistencias entre lo que afirma la empresa, y las citas bibliográficas que incorpora en el mismo documento que, según ésta, afirman sus dichos. Las aguas subterráneas -según afirma la empresa minera- están confinadas y separadas del resto del sistema de la cuenca del río Mendoza. Para ello ofrecen estudios propios y artículos científicos que apoyan esta hipótesis. Sin embargo, los artículos que propone en el mismo documento indican que la cuenca no estaría completamente cerrada, lo cual, pese a la pequeña diferencia idiomática, establece una enorme brecha en cuanto al riesgo del proyecto, ya que no es lo mismo el comportamiento de la contaminación que eventualmente pudiera provocar alguna operación minera si la misma queda confinada en la región, que si comenzara a fluir en dirección al valle de Uspallata y llegar al río Mendoza. Si ésta última fuera la conclusión a la que arribaran los científicos, entonces sería muy peligroso aprobar un emprendimiento minero aguas arriba del dique Potrerillos, ya que el riesgo de contaminación involucraría a 1 millón de personas en el Gran Mendoza.
Esto debería ser conocido por la empresa, pese a ello, el estudio presentado no menciona la abundante bibliografía que afirma la necesidad de realizar mayores estudios en el área o que directamente, afirma que la cuenca no está cerrada, documentos que se encuentran en nuestro poder y que hemos presentado ante las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente.
Asimismo, la empresa basa sus temerarias presunciones en un artículo aparecido en una publicación sin referato científico, cuyas citas contradicen nuevamente lo anunciado por sus autores, mientras que nuestra investigación se basa no solo en artículos científicos con referato científico y reconocidos a nivel regional, sino en las afirmaciones de los propios autores intervinientes, que sin duda estarán dispuestos a ratificar sus dichos y afirmaciones científicas ante un juez o ante la autoridad administrativa en caso de que se lo requiriese.
Además, la empresa minera afirma que el dictamen técnico favorable emitido por la Universidad Tecnológica Nacional el pasado 8 de setiembre, es garantía suficiente de la calidad de los estudios presentados. Al respecto, y luego de analizar concienzudamente el proceso, estamos en condiciones de afirmar que el mismo no ha cumplido las reglas del buen arte, y que los dictaminantes -en el caso del análisis de la información hidrogeológica-, solo se basaron en la información remitida por la empresa confiando en que la misma era veraz, lo cual ante este hecho nuevo presentado por OIKOS sobre la posible tergiversación de la información proporcionada por la empresa, impone una nueva revisión por parte del ente dictaminante.
Por ello, es nuestra conclusión preliminar, de acuerdo al análisis que hemos realizado, que la empresa habría omitido información relevante o habría tergiversado las interpretaciones de las conclusiones de los estudios que presenta, con la finalidad de favorecer la aprobación rápida del proyecto. Ante este hecho de gravedad institucional, además de hacerle conocer a la ciudadanía nuestra presunción, presentamos ante la autoridad de la Secretaría de Medio Ambiente la información necesaria para que tome las decisiones pertinentes tendientes al esclarecimiento de los hechos, a fin de asegurar la transparencia del proceso. SOLICITAMOS QUE LA EMPRESA MINERA PRESENTE TODOS LOS ESTUDIOS DE BASE HIDROGEOLOGICOS QUE CORROBOREN SUS DICHOS EN EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL. Con esta información, solicitamos que se conforme una comisión científica y de legisladores que analice la rigurosidad científica de la misma, a fin de aclarar todos los aspectos que hagan a la denuncia de nuestra institución.
Todos conocemos la sensibilidad social que trae la cuestión minera en nuestra provincia, por ello, no tomar todos los recaudos que hagan a que la ciudadanía se sienta protegida por los tres poderes del Estado, sería apostar los valores democráticos a la suerte del mejor postor, donde las empresas con su poder económico y sus alianzas están en franca ventaja respecto de los ciudadanos.
Oikos red ambiental ha apelado a lo que sabe hacer, estudiar los problemas, requerir acciones a la autoridad ambiental, informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos relevantes para sus vidas, y apoyarse en las instituciones para alcanzar su objetivos. No nos mueve el interés mediático, no recibimos subsidios del Gobierno, ni somos financiados por partidos políticos o por empresas, no somos fundamentalistas en nuestras acciones ni temerarios en nuestras afirmaciones, solo trabajamos por el interés público, en defensa del ambiente y la calidad de vida.
Vendrán tiempos muy duros para la provincia. La minería puede ser una actividad económica importante, pero debe estar acompañada por transparencia, por empresas social y ambientalmente responsables, por gobernantes que atiendan prioritariamente las demandas ciudadanas, y por instituciones fuertes y capacitadas para efectuar controles imparciales. Si una actividad restringe la habilidad para que las generaciones presentes y futuras puedan satisfacer sus propias necesidades, entonces esa actividad no es ni será nunca sustentable. Hoy la minería se presenta con una promesa de empleos e inversión, pero paralelamente fuertes sospechas se ciernen sobre la relación entre funcionarios públicos y empresarios mineros, además de la preocupación sobre los impactos ambientales negativos, fundamentalmente los impactos sociales, que no han sido desmentidos por la empresa para el caso del Uspallata.
Por ello, es fundamental que las empresas que quieran ejercer su actividad en la provincia, encuentren una institucionalidad que no permita el corporativismo de Estado, ni tolere la corrupción o la falta de transparencia en los procesos administrativos relacionados a la aprobación de los emprendimientos o el control de las actividades. Y esencialmente, necesitamos que los legisladores se transformen en el resguardo moral de los ciudadanos ante posibles atropellos del Poder Ejecutivo o de las empresas. También necesitamos que sepan enfrentar las presiones de aquellos grupos que solo conocen del lobby corporativo y no respetan las opiniones de la ciudadanía.
Señores legisladores, no tenemos dudas que sabrán estar a la altura de las circunstancias que la situación les imponga. Adjuntamos un informe técnico que explica en detalle la situación planteada por nuestra isntitución en relación al Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa.
