La seguridad es cosa seria. Y no estamos hablando de la seriedad que implican los robos, la violencia, la psicosis o la muerte. Estamos hablando de la importancia institucional que debería tener este problema que no es exclusivo de los mendocinos ni de los argentinos. Sin embargo, aquí seguimos jugando con él, manipulando irresponsablemente sus cifras, profiriendo promesas que ni siquiera alcanzan la categoría de deseo, y que se transforman –simplemente- en audaces desapegos a la verdad. O al menos, del rigor y la prudencia que deberían tener sus dirigentes.
Durante años hemos debido padecer ineficiencia e improvisación al respecto. Diferentes gobiernos, de diversos signos políticos han fracasado en sus intentos. Desde el retorno de la democracia, la situación se ha ido agravando, y ni Felipe Llaver, ni José Bordón, ni Rodolfo Gabrielli fueron ajenos al crecimiento de la problemática. Aunque durante las gestiones de Arturo Lafalla, pero también de Roberto Iglesias y Julio Cobos, alcanzaron una presencia inusitada. Y esto, además de las esperanzas maltratadas y los nervios de punta, han significado que el asunto se haya transformado en tema obligado de la agenda mediática, pero no en una efectiva política de Estado, profesional y eficiente que sea capaz de enfrentar los desafíos que supone para cualquier sociedad contemporánea. Especialmente, para una como la nuestra donde la pobreza, la exclusión y la marginación se enquistaron agudizando el fenómeno. Y lo que es peor, exponiéndolo como una herida.
Básicamente, hay que partir de la consideración que el de seguridad ha sido, es y será un problema político, pero además, complejo y por ende, no pasible de receta instantáneas. Sin esta comprensión elemental y necesaria, poco puede avanzarse en su solución. Por ello, y de ninguna manera se puede supeditar lo técnico a las decisiones que deberían formar parte de una política específica en la materia. En ese sentido, ha sido un error histórico creer que sólo y exclusivamente, la seguridad puede operarse con herramientas técnicas.
En las circunstancias actuales, que se traducen en una crisis de representación al haberse producido una licuación de las estructuras partidarias, y por ende, un empobrecimiento de sus dirigentes; se ha generado en la sociedad un vacío de poder. Los que deberían mandar, en este caso el Estado, no pueden hacerlo, no porque no quieran, si no porque no saben cómo. Y lo que es peor, no saben para qué. Cuál es la orientación, la doctrina, la ideología, la política que ha de sostener a las decisiones del poder y a las estrategias de la técnica. Y esto lo padece el abordaje de la seguridad, pero también de la cultura, de la economía, del deporte o de cualquier área o tema importante en una gestión.
Si bien, como decimos, el problema ya es histórico, casi una tara de todas las administraciones, y el presente nos parece una película ya repetida, el actual gobierno puso su foco y su eje en la seguridad al momento de la campaña electoral. Sin embargo, y a la luz de los acontecimientos, no ha hecho más que quedar preso de una promesa que puede llegar a resultarle muy cara, si no exhibe –en el corto plazo- resultados que muy difícilmente podrá mostrar. Porque como lo aseguró el propio gobernador Celso Jaque tras la última muerte aberrante, la del joven Gabriel Agüero, “no hay plazos para combatir el delito”.
Posteriormente, la entrega del ministerio específico al Partido Demócrata es un fortísimo símbolo de querer sacarse el problema de encima. Desde lo simbólico, y en una interpretación casi psicológica es como decir, “esto ya no es mío, es de otro”. Y para colmo de males, significa socialmente, no asumir la responsabilidad de manejar y conducir un área muy sensible, y que se dice importante, pero que sin embargo, se la entrego a otro para que la administre. Es una muestra de debilidad y hasta de desapego de un tema que debería ser “el” tema de la gestión.
Encima, y para mayor complicación, una promesa de campaña opera como espada de Damócles en la que hasta el discurso oficial es contradictorio. El gobernador primero dijo que en seis meses se iba a bajar el 30 por ciento del delito; su ministro Carlos Aguinaga, lo desmintió, y para peor, Kitita de Neme anunció un concurso público de ideas para tareas de prevención social… Para más confusión, un asesor del ministro, Alberto Montbrum, dijo (contradiciendo a su vez a su jefe) que la cantidad de policías de Mendoza era buena y que no hacían falta más… Tantas idas y vueltas demuestran a las claras que no hay una política; porque el ministro se despega del gobernador, y a su vez sus funcionarios y asesores se despegan de él. Son todos de distintos partidos y entonces la pretendida imagen de la unidad para enfrentar el delito no se plasma, pues de hecho, no están todos juntos, al menos en sus apreciaciones públicas. Lo que también habla del rumbo. Urge, entonces, una simple y sencilla orientación, una priorización y jerarquización de problemas para actuar sobre ellos con inteligencia.
La cada vez más compleja situación del comisario Carlos Rico, ahora denunciado penalmente por su participación durante la última dictadura militar, pone en consideración y en relieve que con la mera capacitación policial no alcanza; pero además, que la idoneidad, además de ser profesional, debe ser ética, tal cual lo sugiere el influyente Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que parece dispuesto a tomar cartas en el asunto ante una polémica que cada vez pone más en evidencia las contradicciones del gobierno. Ya que como respuesta al cuestionamiento nacional se anunció que la Provincia será querellante en todas las causas de violaciones a los derechos humanos, aunque en simultáneo, se defienda su designación.
Ante tal panorama, el gobierno provincial, como antes hicieron sus predecesores, no ha hecho más que gestionar el desorden, implantar en el ámbito de la Seguridad, y del ministerio que debería ocuparse de ella, la lógica de la no-política. Una especie de gran absurdo que mientras sucede arrasa con las esperanzas de los mendocinos, sin llegar todavía a comprender y a entender que lo se precisa es un orden social diferente. No alcanza con que la Seguridad cambie, si no cambian otros órdenes de la sociedad que hacen que la Seguridad esté como está.
Se hace imprescindible un Estado protagonista, que genere políticas, que establezca un orden y que refleje, en su organigrama, que la seguridad le importa y por lo tanto esa cartera deba ser –tal vez- un superministerio, que trabajará interdisciplinariamente, atento a la complejidad y la multicausalidad del fenómeno.
No se puede seguir bastardeando instrumentos interesantes y efectivos como los foros y las instancias de encuentro ciudadano. Ni manoseando herramientas como los índices y mapas del delito, o las encuestas sobre victimización. Hay que trabajar con esos mismos elementos pero en serio, con rigor y sobre bases científicas, justamente para no reproducir la lógica militar-policial que vincula la seguridad a las armas, los móviles y los handys. No se puede seguir apuntando para la tribuna, ni maquillando las cifras según necesidades políticas.
¿Sobre qué punto de partida se va a medir la presunta disminución del 30%? ¿Qué variables se han de tomar en cuenta? ¿Dónde se va a medir? ¿A quiénes se va a medir? Todas preguntas que seguramente no tienen respuesta. Sí, una mediática novela de cifras que suben o bajan según la voluntad de oficialistas y opositores.
Es preciso generar conciencia y promover valores democráticos, tomando recaudos constitucionales y respetando los derechos de todos los ciudadanos, militando en cada barrio y en cada espacio las virtudes de la solidaridad, del encuentro, de la ocupación del espacio público, de la vigencia de las instituciones que son las que en definitiva garantizan el orden social hoy deteriorado. Y aquí también se hace imprescindible la tarea de la militancia política, haciendo docencia y explicando los problemas, pero también las soluciones. Si la única respuesta a una crisis es poner cámaras de seguridad, lo que se produce es un desplazamiento del delito a aquellos lugares donde la cámara no llega. Es así de simple.
A los fines de no abundar, proponemos, desde el lugar que nos toca y habiendo consultado a profesionales en la materia, algunas cuantas medidas de fondo y prácticas para encauzar el debate, con el objetivo de colaborar con nuestras autoridades y contribuir en la reflexión:
1) Mejorar sustancialmente los niveles de capacitación de funcionarios y dirigentes. Hay que adecuar currículas, materias y contenidos, para formar técnicos y especialistas en serio pero no de alarmas, rejas, perros y dispositivos, sino de abordaje profesional, moderno y técnico de personas que entiendan que la política opera sobre la seguridad y no a la inversa; y que posean las técnicas específicas para ello. Incluso, aquellas que tengan que ver con lo tecnológico.
2) Aggiornar la formación policial. El Instituto Universitario de Seguridad (IUS) fue una formidable herramienta que hoy debe ser mejorada, con docentes especializados, para obtener mejores policías, más preparados y que también comprendan de mejor forma cuál es su rol en el asunto. Los policías ni los comisarios no son los dueños de la seguridad, ni pueden manejarla con exclusividad. Su saber hacer específico debe estar a las órdenes de una orientación, de una idea eficiente sobre el tema que sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La función policial no puede ser un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la sociedad. Pero para ello debe comprender su lugar en la problemática.
3) El Estado debe generar inteligencia policial en serio. Esto es, información contextualizada, validada, jerarquizada y que sirva a la sociedad. No va más el “olfato” ni la intuición policial. Es preciso, a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de procedimientos, operativos e investigaciones, más dato duro y menos especulación que denota falta de profesionalismo y de rigor.
4) Empoderar a las comisarías. Pero con herramientas científicas y modernas como mapas de delito dinámicos para la optimización de los recursos, para conocer –en serio- la realidad de cada zona. Esto, a su vez, hará que los comisarios sean verdaderos protagonistas y puedan dar respuestas a sus comunidades; no fusibles que reciben órdenes de sus superiores y que en muchos casos, ni siquiera conocen a fondo la realidad de las jurisdicciones en las que tienen que operar.
5) Mejorar el trabajo de los fiscales comunes y especiales. Se debe abandonar la lógica del expediente y la connivencia policial para ver en las investigaciones más que “casos”, víctimas de carne y hueso, personas. Su tarea debe ser más dinámica y aggiornada, no tan burocrática y administrativa a fin de transformarse en una fuente de información y contacto directo con la realidad y la ciudadanía para prevenir, derivar, intervenir, más que ser –solamente- oficinas receptoras de denuncias que en el mayor de los casos casi nunca tendrán respuesta. Hay que destacar la necesidad de una Ley de Ministerio Público Fiscal y una ley de la Defensa Pública. Un grave problema de la democracia es la desigualdad en la posibilidad de acceso a la justicia, la Defensa Pública es la herramienta esencial de todos aquellos que no tienen recursos, por lo cual no hay que descuidarla, hay que dotarla de una organización normativa que apunte a su especificidad, pues hoy los defensores públicos son parte del Ministerio Público y parecen meros agentes de los fiscales, cuando es una tarea claramente diferente. Hay que darle una ley y recursos para que se tome en serio el acceso a la justicia de todos los habitantes.
6) Impulsar la aplicación del Código Procesal Penal en toda la provincia. En este aspecto la corporación judicial debe cerrar el frente interno y aceptarlo sin miramientos y con todos sus aportes. No se puede seguir con una aplicación incompleta del CPP. Ni con una familia judicial que a regañadientes y con resistencias, no termina de hacer suyo nada más ni nada menos que el Código con el que debe regirse.
7) Generar un abordaje social de la prevención, con foco en la seguridad y modificar la política penitenciaria. Esto permitirá que las personas en riesgo y sus familiares puedan acceder a emprendimientos productivos, pero no con una lógica clientelar, sino para generar valores y modificar la autoestima y la consideración social, fomentando su vinculación y reinserción. Falta una política penitenciaria que vaya mucho más allá de la gestión del mero encierro; que debería manejarse con un gran abanico de indicadores que sirvan para tener información variada sobre la calidad de vida del encierro y la inminencia de problemas a fin de abordarlos a tiempo, pero también una política que entable un diálogo con las autoridades judiciales. No se trata únicamente de construir más cárceles, porque la experiencia comparada enseña que la demanda de delito es ilimitada, y cualquier nuevo lugar de encierro se satura inmediatamente, por lo cual la cantidad de población encerrada debería surgir de un conocimiento acabado de la realidad provincial y de un consenso con el poder judicial. Atenta contra la lógica común y también contra el nuevo Código Procesal Penal enviar ilimitadamente a las personas a prisión sin siquiera constatar la capacidad física de las instalaciones, así no sólo no se resocializará nadie sino que se incrementarán los niveles de violencia por hacinamiento. Este diálogo interpoderes acerca de la realidad carcelaria está aún pendiente.
8) Trabajar fuertemente en la docencia social. Vivimos en una sociedad de la incertidumbre, donde más allá de los problemas de cualquier índole, por el solo hecho de ser seres humanos, acumulamos miedos. Es necesario disminuir esos temores vinculados y acrecentados por la sensación constante de inseguridad. Debemos conquistar ciudadanía, ocupar espacios públicos, generar debates y reflexiones como estos, encontrarnos con nuestros vecinos y amigos, tender puentes hacia los más desprotegidos y aquellos que no tuvieron o no tienen oportunidades; en definitiva reestablecer el tejido y las redes sociales perdidas.
9) Reestablecer a la política en su rol más trascendente. El de vincular, proponer y conducir a su sociedad. Liderando los cambios y diciendo cuáles son los mejores caminos para todos, con especialización y profesionalismo, con rigor y fortaleza en las decisiones, con horizontes de previsibilidad y racionalidad.
10) Abandonar la lógica del Estado-espectáculo. Y luego pasar a la lógica del Estado-profesional, así los eslóganes no pueden ganar más elecciones, y la mirada científica, integral y dinámica puede proponer, de una buena vez, mejores respuestas para las preguntas que aún nadie se anima a responder. Empezar una gestión con una emergencia es un síntoma de impotencia. La historia indica que la emergencia sirve para manipular el miedo social y bajar los niveles de exigencia institucional, sin que la realidad se modifique un ápice, salvo el perjuicio para la regularidad del orden jurídico. Más allá de las declamaciones, en este caso la emergencia no es otra cosa que una excepción a la ley de Presupuesto y a los controles que rigen en esa materia, es decir, la razón de ser de la emergencia no sería otra que la molestia que causa el orden jurídico para la adquisición de bienes para el quehacer policial. Es, además, una adhesión implícita a una visión tecnicista de la seguridad, a esa sobreestimación del recurso tecnológico por sobre el político, científico y social.
No se puede presumir que las cosas cambiarán mágicamente de un día para el otro, ni mucho menos alentar expectativas que terminarán siendo falsas; y con ellas, habrá más desencanto, frustración y miedo. Es necesario permitirnos y también permitirles a nuestros dirigentes la oportunidad de modificar, de raíz, la situación. Sin embargo, es necesario un profundo sinceramiento y un extenso debate de cómo encarar el problema. Un debate que debe incluir a todos los actores de la sociedad, y en la que efectivamente sentemos las bases de una democracia real, en la que su ciudadanía se involucra y participa a la par de sus funcionarios. Asimismo, y si bien la situación es de extrema delicadeza, urge llamar a la sensatez y a la comprensión de esa debilidad para –justamente- actuar con la mayor de las fortalezas; pero también con la mejor vocación de servicio que seguramente deberá estar acompañada de la inversión necesaria.
Ese es el espíritu de este humilde aporte, porque consideramos que un mejoramiento sustancial de las condiciones de la seguridad en la provincia deben tener como eje la revalorización del la política y del rol del Estado como principales impulsores de los cambios necesarios. Debemos pasar de gestión del desorden a la administración de las esperanzas.