El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, solicitaron el procesamiento con prisión preventiva del extitular de ARSAT, Facundo Leal, al considerar que existen elementos para atribuirle un rol en una presunta maniobra de corrupción vinculada con contrataciones realizadas por la empresa estatal. El pedido deberá ser resuelto por el juez federal Lino Mirabelli.
La acusación sostiene que Leal habría intervenido en un esquema destinado a beneficiar a Argentina Logistic Services SA (ALS), una empresa contratada para brindar servicios de depósito, logística, fletes, transporte y grúas para ARSAT. Según los fiscales, la operatoria incluyó un conjunto de procedimientos de contratación que habrían sido direccionados para garantizar la continuidad de esa firma como proveedora de la compañía estatal.
Los fiscales pidieron que Leal sea procesado como supuesto coautor de administración fraudulenta, además de atribuirle los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario. Para la fiscalía, la evidencia reunida permite sostener que no se trató de una única irregularidad, sino de una secuencia coordinada de decisiones y actuaciones.
La causa comenzó a partir de una denuncia por el robo de materiales de alto valor pertenecientes a ARSAT que se encontraban almacenados en un predio de San Fernando, provincia de Buenos Aires. A partir de esa investigación surgieron sospechas sobre el modo en que había sido contratada la empresa responsable del depósito y sobre los controles aplicados durante la prestación del servicio.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de ARSAT y representantes de ALS habrían mantenido una relación destinada a asegurar que la compañía privada obtuviera y conservara contratos con la empresa estatal. Los investigadores identificaron 12 procedimientos de contratación que consideran irregulares.
Para Domínguez y Rodríguez, el supuesto direccionamiento habría comenzado incluso antes de que se formalizaran los procedimientos administrativos. Según esa reconstrucción, se habrían utilizado contactos, información interna y una competencia que los fiscales calificaron de aparente, con ofertas de empresas vinculadas o presuntamente apócrifas. A eso se habría sumado la tolerancia de deficiencias durante la prestación de los servicios.
Ambos fiscales sostienen que parte del dinero abonado por ARSAT, en el marco de esos contratos, habría terminado en pagos y beneficios destinados a funcionarios y a un supuesto intermediario identificado como Santiago Pando. La acusación menciona entregas de dinero en efectivo, moneda extranjera, pasajes, oportunidades laborales y otras prestaciones como presuntas contraprestaciones indebidas.
A quiénes más piden procesar en la causa
Además de Leal, la fiscalía pidió el procesamiento, aunque sin prisión preventiva, de Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Antonio Álvarez, Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando y Juan Andrés Navarro. También fue alcanzada por el pedido la persona jurídica argentina Logistic Services SA.
Boschin, quien se desempeñó como subgerente de Compras de ARSAT, también quedó señalado por la fiscalía como presunto responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles, además de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes. En mayo de 2025 había sido designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, aunque dejó ese cargo meses después.
La situación procesal de Leal suma, además, otra causa penal. Actualmente cumple prisión preventiva bajo arresto domiciliario en una investigación que tramita en los tribunales federales de Retiro por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esa causa se originó precisamente en el allanamiento realizado en su departamento de Palermo durante la investigación por ARSAT.
Durante su indagatoria, Leal rechazó las acusaciones en su contra. A través de su abogado, Marcelo Rochetti, sostuvo que no había participado de la licitación bajo investigación porque en ese momento no ocupaba un cargo directivo y era empleado de planta permanente de ARSAT. Su defensa también planteó que todavía quedaban medidas de prueba pendientes y negó que existieran elementos que demostraran su intervención en la contratación cuestionada.
Ahora la decisión quedó en manos del juez Lino Mirabelli, quien deberá analizar la prueba reunida y determinar si corresponde avanzar con los procesamientos solicitados por los fiscales en una investigación que comenzó por el robo de materiales estratégicos y terminó poniendo bajo la lupa el sistema de contrataciones de ARSAT.