El magistrado federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick decidió mantener vigente la medida cautelar que protege a las casas de estudio superior nacionales y rechazó el pedido del Gobierno para levantarla.
Para Cormick, los acuerdos salariales y presupuestarios alcanzados entre el Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios universitarios no alcanzaron para demostrar que los perjuicios que dieron origen a la cautelar hayan sido superados.
La decisión adversa para el ejecutivo se da en el marco de una acción colectiva promovida por el CIN y otras entidades contra el Estado Nacional por el cumplimiento de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de las universidades públicas.
Por otra parte, el juez le dio tres días al Gobierno para presentar un informe, con respaldo documental, en el que deberá explicar el estado actual de cumplimiento de los compromisos asumidos y precisar qué grado de ejecución alcanzó respecto de la medida cautelar en su conjunto.
El planteo del Ejecutivo se apoyaba principalmente en los acuerdos firmados el 10 de junio. En ellos se estableció una actualización salarial del 24,33% para docentes y no docentes, distribuida entre junio y octubre. También se acordó una actualización del 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Para el Gobierno, los compromisos modificaron las circunstancias que habían justificado la cautelar. La administración nacional sostuvo que las medidas adoptadas y los trámites administrativos iniciados permitían considerar cumplidos, al menos en lo sustancial, los objetivos de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Por ese motivo pidió que se levantara la protección judicial.
Las universidades rechazaron la versión del gobierno tras argumentar que los acuerdos cubrían solamente una parte de las obligaciones previstas por la ley y remarcaron que quedaban pendientes cuestiones como la actualización de la infraestructura, distintos programas de becas y los haberes de los investigadores. También sostuvieron que los aumentos acordados no resolvían las pérdidas acumuladas durante los meses anteriores.
En la resolución a la que tuvo acceso MDZ el juez Cormick sostuvo que el Estado no logró demostrar que los acuerdos hubieran producido un impacto positivo suficiente para eliminar los perjuicios graves denunciados. En particular, señaló que no existía una definición efectiva y final sobre el deterioro de los ingresos, la pérdida del poder adquisitivo y la situación salarial del colectivo universitario.
“No puede afirmarse”, señaló el magistrado, que la cautelar se encuentre cumplida o agotada ni que el conflicto haya finalizado. Para el juez, además, persiste el denominado “peligro en la demora”, es decir, el riesgo de que mientras continúa el proceso judicial se produzcan daños que después resulten difíciles o imposibles de reparar.
La cautelar, que había sido concedida hasta el dictado de una sentencia definitiva, ya había sido confirmada por la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado el 25 de junio pasado.