Ya al inicio de la causa, cuando la fiscal Gabriela Chaves ordenó los allanamientos contra la Tupac Amaru en Mendoza (que derivaron en otros escándalos luego, porque se filtró la decisión por un lado, y porque los defensores de los acusados eligieron como abogado al padre de la magistrada), la jueza de Garantías Alejandra Mauricio alertó que no se estaba configurando el delito de "asociación ilícita". Chaves en esa oportunidad bien pudo reformular la acusación inmediatamente y no lo hizo. Desde la Justicia creen que no tiene argumentos legales para atribuir esos delitos. Visto de ese punto de vista, aunque muchos jueces no coincidan políticamente con el "Camarón" (la Octava Cámara del Crimen), le dan la razón en su fallo reciente y polémico.
La fiscal, en diálogo con MDZ Radio, sostuvo sus temores: que la incluyan en la comisión de un delito y todas las cargas vayan en su contra. De reojo parece mirar a la Casa de Gobierno y al despacho del Procurador, en la búsqueda de respaldo.
Correa Llano y Salinas.
Pero otros sacan a relucir sus propias luchas del pasado. Es recordado el pedido de remoción de los tres integrantes del "Camarón" -Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel- por parte del exdiputado Daniel Cassia, hoy enrolado en el peronismo de Omar Félix que se impuso en las PASO dentro de su partido. Cassia en 2013 dijo tener más de 20 causas en las que el resultado siempre fue el mismo: se otorgó la libertad condicional o las salidas transitorias, en contra de lo que decían los jueces de la instancia anterior y los organismos criminológicos, y el preso se fugó o volvió a delinquir.
Las razones de los jueces contra la fiscal del caso Tupac Amaru:
- En el ámbito de los jueces de Garantías arremeten contra la Procuración porque afirman que cada delito que describe el Código Penal es una conducta humana que para ser delito tiene que ajustarse perfectamente a esa descripción y debe cumplir con el alcance que cada palabra contenida en la norma. No creen que se puedan usar "al voleo". No son significados legos. Cada palabra tiene un alcance técnico. Eso se llama principio de legalidad y está en el artículo 18 de la Constitución Nacional de 1853. Le endilgan a la fiscal Chaves haber hecho una interpretación a la medida de sus acusaciones.
- También la desmienten al señalar que lo resuelto por el "Camarón" no es recurrible ante la Corte, como ella lo dijo y como voceros del Poder Judicial lo filtraron el lunes por la tarde. El argumento de quienes están contra de la fiscal Chaves es que sólo se podría recurrir en "Casación" si estuviera en peligro una garantía constitucional y éste no sería el caso.
- En los pasillos de Tribunales sostienen que el argumento de la fiscal de recurrir ante la Corte tampoco se puede cumplir porque al ser un fallo definitivo, no puede ser lo que en su jerga se llama "casable".
Bomba
La pelea entre jueces y fiscales supera al caso Tupac Amaru e, inclusive, las posiciones políticas y gustos partidarios de cada uno, -ya se sabe que nadie nació de un repollo al llegar a ocupar una magistratura judicial-: es transversal y hasta termina uniendo a adversarios en función de las posiciones tomadas.
En este punto, sostienen que los procesos de reforma que lleva adelante el Procurador, Alejandro Gullé, "pueden ser bien recibidos por la comunidad, pero son una bomba de tiempo".
El clima dentro del Palacio de Justicia hace pensar en que hay un reloj haciendo ruido y descontando minutos para estallar.
Los que arremeten contra las reformas de Gullé (y Alfredo Cornejo) sostienen:
1- "La base del pensamiendo es tomada de la teoría funcionalista que ve al derecho penal como un instrumento. No se respeta el debido proceso".
2- "Se está trabajando en las fiscalías y juzgados de Garantías con miedo y para proteger sólo a los fiscales".
3- "Lo mismo pasa con la multiplicidad de denuncias, con varias denuncias te meten preso y no debe ser así. En todos los casos se debe investigar y luego con las pruebas se debe dictar la prisión preventiva; ahora eso no se da".
4- "El delito no se combate así, se debe investigar más y trabajar desde la prevención, no desde denuncias hecha por una mujer y/o algunas personas. Algunas de las reformas pueden ser interesantes pero la implementación no es buena, con estas medidas no se va a disminuir la delincuencia: de hecho, las estadísticas lo demuestran".
Estos son los argumentos que hoy circulan por Tribunales y que sostiene una línea de jueces que no son afines al kirchnerismo judicial de Justicia Legítima, sino que dicen enrolarse en "la interpretación lisa y llana del Código Penal".
Sin embargo, el caso de la Tupac Amaru parece haber tocado el detonador. Y hace eco en los pasillos un tic tac aterrador.